Leemos en el diario del Loco Lindo sobre la protesta policial en Santa Fe y Rosario, promovida por APROPOL; que en la semana fue denunciada penalmente por Bonfatti por instigar a la sedición.
Hasta acá la protesta no se ha generalizado al conjunto de la fuerza (como pasó en Córdoba) básicamente porque la organización no tiene demasiada representatividad hacia su interior, pero además porque la policía santafesina está en el punto más bajo de su imagen ante la sociedad a la que tiene que proteger; de modo que no pueden pretender los que protestan, que la gente común los acompañe aun cuando algunos de sus reclamos puedan tener asidero.
Y desde el gobierno tratan de tranquilizar a la población asegurando que el grueso de la fuerza está cumpliendo funciones normalmente, pero por las dudas -y luego de lo ocurrido en Córdoba- se curan en salud: ya pidieron a la nación que envíe fuerzas de Gendarmería y Prefectura; que están llegando a Santa Fe.
Sin embargo y como pasa siempre en estos casos, a caballo de problemas reales que tienen que ver con los salarios y condiciones de trabajo de los policías (como pasa por ejemplo con el pago de los adicionales), estos tipos aprovechan para colar otras cosas.
Al respecto leemos en el petitorio: "Ascensos en término para todos, respaldo en el combate contra el delito, rever el sistema de reclutamiento a la fuerza y capacitación, devolver a la policía el manejo de esta área.".
Traducimos: dejar que la policía se maneje sola (sin ingerencia de las autoridades civiles), y carta blanca para aplicar políticas de mano dura y gatillo fácil; como si eso hubiera resuelto alguna vez el problema de la inseguridad, del que la propia policía es parte y no menor: recordemos que estamos en la provincia en la que un ex jefe de la fuerza (y muchos otros policías de alto rango) están presos por connivencia con el narcotráfico.
Es decir que tras el reclamo llamémosle sindical, hay un cuestionamiento a las políticas de seguridad, y no ya a las definidas por éste gobierno, sino por el conjunto de las fuerzas políticas santafesinas a partir de la reforma encarada entre el 2004 y el 2006, durante el segundo gobierno de Jorge Obeid: en éste post de hace más de dos años contábamos el proceso, recomendamos su lectura.
Pero el problema en el que ahora se encuentra la gestión del Frente Progresista (más allá de este reclamo puntual y hasta aquí, minoritario) es justamente que durante la campaña electoral que llevaría a Binner al gobierno en 2007, utilizó profusamente a estos mismos sectores a los que ahora denuncia; en contra del peronismo que entonces gobernaba Santa Fe.
Razón por la cual durante todo el gobierno de Binner y lo que va del de Bonfatti, dejó que la policía se manejara sola, con los resultados conocidos.
Que los que hoy protestan no hayan sido parte de las cúpulas que gobernaron la fuerza en estos años (la mayoría son retirados, o exonerados durante el gobierno de Obeid) no hace diferencia; porque con esa actitud de claudicación política quedaron presos de las internas policiales, donde distintos grupos al interior de la fuerza de seguridad dirimen pujas por espacios de poder (y de reparto de negocios non sanctos), a costa de la seguridad de los santafesinos.
En éste otro post de hace poco más de dos años historiábamos lo que pasó con los ascensos, y en éste con el reclutamiento y formación de los nuevos policías: lo que hoy reclaman los que protestan es que Bonfatti de marcha atrás en todos los cambios que haya hecho sobre esas posiciones, que ellos consideran conquistadas al poder político.
Lo que requiere del gobierno provincial firmeza en las decisiones, y no agachadas como decir que van a resolver los ascensos por concurso (como manda la ley) para luego diferirlo a un futuro brumoso, y dejar que los canas se sigan ascendiendo entre ellos; sin control civil; como hizo hace poco Bonfatti.
O utilizar la emergencia en seguridad para cualquier cosa (como armar una licitación de cámaras de seguridad a medida de una empresa), o permitir que la policía tenga gastos reservados sin obligación de rendir cuentas de su uso, para hacer tareas de inteligencia.
Esos pactos preexistentes que firma el poder político con la corporación policial (sin importar cuando, y con que sector) los terminamos pagando todos, y mal.
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