En reiteradas oportunidades nos hemos ocupado acá de la reforma policial aprobada por la Ley 12.521 (2006) durante el gobierno de Jorge Obeid, y que los gobiernos del Frente Progresista decidieron pasar a mejor vida; sobre todo en lo que tiene que ver con los concursos policiales.
Una reforma que el FPCyS jamás tuvo la intención de llevar adelante, tanto es así que Binner en plena campaña electoral para ser gobernador de SDantaFe en el 2007, les prometía a las gorras archivarla si llegaba al gobierno: ver acá.
Después que estalló el caso Tognoli y ante la presión del escándalo, no les quedó más remedio que desempolvar la reforma (que es una ley vigente), y reglamentar los concursos en la policía a 7 años de dictada la ley; con un decreto tramposo que te explicábamos acá.
Decreto que tampoco tuvo nunca la real intención de aplicar, aun implicando un avance sobre lo que dice claramente la ley: en éste post escrito cuando se produjo el motín policial en la provincia en diciembre del año pasado, decíamos que el gobierno -en el arreglo con los sediciosos- entregaba definitivamente la reforma, para nunca aplicarla en toda su dimensión.
Por si quedaban dudas de que una y otra cosa (el motín y la reforma) estaban relacionadas, hace poco el vicegobernador Henn las despejó cuando dijo (ver acá) que había malestar en la policía porque los ascensos se resolvieran por concurso.
El decreto que vemos en la imagen de apertura (completo acá) termina de cerrar el círculo, por las razones que pasamos a detallar:
1) Llaman a concurso sin cupos (todos los que llegan a un puntaje mínimo pueden ascender), cuando la ley dice en su artículo 74 que tienen que llamarse las vacantes que el Poder Ejecutivo determine como necesarias: "El número de vacantes se fijará por aumento de la planta base, por los retiros, las bajas o la creación de cargos por necesidades institucionales que establecerá dicho Ministerio "
2) Se establecen ascensos retroactivos al 2012 (igual que con las Juntas de Calificaciones) y un "período de transición" para los ascensos 2013, 2014 y 2015; lo que implica que todos los ascensos seguirán siendo anuales (igual que con las Juntas), y por el resto del gobierno de Bonfatti.
3) Todos los que obtienen un puntaje mínimo ascienden, y en el anexo se modifican "en la transición" los puntajes que asignaba el decreto del 2013.
4) El nuevo decreto dice expresamente que para la valoración de antecedentes de los tramos inferiores del escalafón se vuelven a utilizar las jerarquías de la Ley 6769 (la de la dictadura de Onganía); y en la práctica retorna el distingo que esa ley hacía entre "oficiales y tropas", desapareciendo el cuadro único que estableció la Ley 12.521 (la reforma de Obeid).
Resumiendo: un triunfo de la corporación policial sobre el poder civil, en toda la línea; concedido por el gobierno provincial en franca violación además a una ley que nunca se modificó en éste punto sigue vigente, desde 2006.
Una ley que el nuevo decreto de Bonfatti (ver párrafos subrayados del considerando) se permite cuestionar abiertamente, cuando lo que tiene que hacer es cumplirla.
Un ejemplo de calidad institucional.
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