FALSEADORES

 

Tal como lo marca la imagen de apertura, esta semana se conoció que el gobierno de Pullaro despidió a 50 trabajadores de Aguas Santafesinas, de un total de 144 que venían desempeñándose como contratados y fueron pasados a planta en el último tramo de la gestión de Perotti. Se suman así a los más de 600 despidos ya dispuestos por el gobierno provincial en otras áreas, y a la no renovación de los contratos de 165 trabajadores precarizados en el área de Minoridad, conocida también esta semana.

Si bien los argumentos para los despidos en ASSA fueron más o menos los mismos con los que pretendieron justificar despidos en otras áreas del Estado, en éste caso en particular uno llamó la atención: el presunto sobredimensionamiento de la planta, cuando los pases a plantea representan el 10 % de una empresa que con algo más de 1400 empleados, tiene que prestar los servicios de agua potable y cloacas en las 15 ciudades más pobladas de la provincia, donde viven más de dos tercios de sus habitantes.

Y la misma empresa para la cual esta misma semana el gobierno de Pullaro obtuvo de la Legislatura provincial la declaración de emergencia, a los fines de poder aumentar las tarifas cuanto se le ocurra -con el argumento del déficit de la empresa- y sin la intervención previa del ENRESS. Es decir, Pullaro nos está diciendo -sin decirlo- que con un 10 % menos de sus empleados pero con mayores tarifas, ASSA será más eficiente para prestar sus servicios, tercerizando em empresas privadas los servicios y tareas que prestaban los empleados despedidos, cosa que tampoco se dice.

En la misma semana y hablando del déficit de la Caja de Jubilaciones, el gobernador dijo que había que modificar el régimen previsional de los empleados públicos provinciales, para terminar con algunos privilegios, y porque no puede ser que al déficit lo paguen los quiosqueros. No precisó -ni le preguntaron- a que privilegios se refería, o porqué no lo pagan los exportadores, o el campo privilegiado.

Dijo el gobernador que de lo contrario -si no se reforma el régimen jubilatorio- se vería forzado a transferir la Caja, pero no dijo (y nadie se lo preguntó) a quién se la transferiría en tal caso, dado que no puede pensarse que sea a la Nación, que ni siquiera está transfiriendo desde ANSES las partidas para financiar el déficit, según el convenio firmado en su momento entre las partes. ¿Acaso el gobernador está pensando en un esquema de jubilación privada o capitalización al estilo de lo que fueron las AFJP?

Al finalizar la reunión de gobernadores de la Región Centro, Pullaro hizo el reclamo a la nación por los fondos para la Caja, con lo cual justificó el contrato con el estudio de Cassagne para hacer un juicio que ya estaba en trámite en el gobierno anterior. Sin embargo, mientras decía eso con un "hasta acá llegamos", se apresuró a decir que lo contaran para la firma del Pacto de Mayo (en julio), y celebró la sanción de la ley bases porque -entre otros argumentos- el nuevo texto del RIGI favorece a las empresas santafesinas. Cosa que los empresarios e industriales santafesinos desmienten.

Es el de Pullaro un gobierno habituado desde el principio de su gestión a falsear deliberadamente los términos del debate, para disfrazar sus objetivos reales: los tarifazos en la EPE se justificaron con una auditoría de 15 páginas que ni siquiera se fundamentaba, y presuntos hechos de corrupción que jamás se explicitaron. Algo parecido pasó con Vialidad Provincial: se deslizó por los medios afines que se hacía una auditoría, que había irregularidades y nada, pero mientras tanto se paralizó la obra vial.

Los más de 600 despidos de trabajadores contratados pasados a planta en el gobierno de Perotti se justificaron en presuntas irregularidades de los nombramientos -que nunca se demostraron- o en que se trataba de ex funcionarios políticos a la gestión que entraron por la ventana en planta permanente, de lo que tampoco se conoció un solo caso. Y los serios recortes prestacionales del IAPOS (que pasó a depender del Ministerio de Economía) se fundaron en que en apenas un trimestre (el primero del mandato de Pullaro había pasado de tener superávit en 2023, a tener déficit...por culpa de la gestión anterior. 

Volvió el fideicomiso de la autopista Santa Fe-Rosario a cargo de BMR con argumentos inverosímiles y contradictorios, para no decir que es un quiosquito montado para sostener otro quiosco flojito de papeles, como el Banco Municipal de Rosario. Y volvió también el presentismo docente con estadísticas falsas sobre ausentismo y licencias, para no decir que se trata de un plus rompe huelgas, en línea con la postura de la UCR y sus socios como el PRO de declarar a la educación "servicio esencial" para limitar ese derecho, hasta casi hacerlo desaparecer.

Lo cual a su vez sirve para tomar a los docentes como el caso testigo para disciplinar al conjunto de los gremios estatales para que acepten paritarias a la baja, función que también cumplen los despidos ya efectuados y la amenaza de otros nuevos siempre latente (tres veces prorrogaron el plazo de la comisión creada por decreto de Pullaro para analizar los pases a planta de la gestión de Perotti): es poner a los trabajadores y sus organizaciones a elegir entre mejorar sus salarios, o conservar sus empleos.

La pregunta sería por qué una coalición de todo el arco del antiperonismo que ganó en forma amplia y contundente las elecciones siente que tiene la necesidad de mentir y falsear todo el tiempo los términos del debate para llevar adelante políticas que -sin dudas- son compartidas por buena parte de su electorado, y que además van absolutamente en línea con las que ejecuta el gobierno nacional de Milei; e incluso en algunos aspectos -como los despidos en el Estado y el otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo- son predecesoras de éstas. 

O dicho de otro modo, por qué un gobernador que intenta proyectar una imagen de fortaleza y de tipo firme y decidido, no tiene los huevos de llamar a las cosas por su nombre y bancarse lo que hace, en lugar de mentir o falsear los términos del debate todo el tiempo.