¿CUÁNTO NOS HABRÁ SALIDO LA JODA?

 

¿Ven el recuadro rojo abajo a la derecha? Es el stand del gobierno de Santa Fe en Expoagro, el segundo más grande de la muestra, y como unas 10 veces el tamaño del de Córdoba. Lo que no se puede ver en ningún lado es el decreto que autorizó su contratación, y cuanto costó: pic.twitter.com/XzUGkejkB2

— La Corriente K (@lacorrientek) March 14, 2025

El gobierno de la provincia participó -como todos los años- en Expoagro, la mega muestra del sector agropecuario organizada por Clarín y La Nación que culminó hoy con la visita de Milei.

Y lo hizo con un stand enorme, el segundo más grande de la muestra, que aparece en el recuadro rojo en la imagen que acompaña el tuit de apertura, que es la misma que cierra el post. Unas 10 veces más grande que el de la provincia de Córdoba que lo pueden ver hacia la izquierda del plano (que lo pueden ver o descargar acá).

De acuerdo con el Decreto 2233/16 (régimen de contrataciones del Estado provincial) en su artículo 3 inciso c), toda contratación que supere el valor que fije anualmente la Ley de Presupuesto para la licitación o concurso privado debe ser resuelta por el Poder Ejecutivo, mediante Decreto refrendado por el Ministro del área y el Ministro de Economía. 

Este año y de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 14385 de Presupuesto el límite a partir del cual para realizar contrataciones públicas es obligatorio hace licitación pública es de 45.000.000 de pesos. O invocar en su caso alguna excepción fundada para contratar en forma directa.

Acá pueden ver el tarifario de la Expoagro de éste año, vigente hasta el 10 de febrero (puede haber habido aumentos posteriores). De acuerdo con él, si el stand de la provincia era al aire libre podía llegar a costar hasta $ 99.500.000, o sea más del doble del obligatorio para hacer licitación pública. De hecho y de acuerdo al plano, Pullaro contrató el lote 50, único en su tamaño.

Cualquiera haya sido el precio que pagó el gobierno de Pullaro (con la nuestra), no podemos saberlo: no hay decreto suyo, ni resolución ministerial (ni delegación en los ministros) que haya autorizado la contratación, o la aprobara. 

Es decir que -salvo que se demuestre lo contrario- se gastaron fondos públicos sin respetar los procedimientos legales establecidos, y sin que ningún funcionario se haga responsable de ello con su firma. Todo sea por apoyar a la producción, y de paso, a la prensa libre.