Hace 49 años un nuevo golpe de Estado ejecutado por las fuerzas armadas respondiendo a las directivas de sus mandantes civiles iniciaba en el país el más oscuro proceso de nuestra historia, signado por la violación sistemática y organizada de los derechos humanos esenciales a partir de un plan orquestado y ejecutado desde las propias estructuras del Estado.
Apenas llegada al poder, la dictadura clausuró el Congreso nacional y las legislaturas provinciales, y la junta militar y el presidente de facto asumieron la facultad de dictar las leyes, asesorados por la CAL.
Descabezó la Corte Suprema de Justicia de la Nación reemplazando a sus miembros por amanuenses designados por decreto del dictador, para que su plan de exterminio no tuviera inconvenientes en el plano judicial.
Se intervinieron las provincias designando en lugar de sus autoridades electas a delegados del poder central, cuya función esencial fue ejecutar el plan represivo y las políticas decididas por el poder central.
El Poder Ejecutivo asumió en la práctica la suma del poder público, se decretó el estado de sitio y se suspendieron las garantías constitucionales, se prohibió la actividad política, el derecho de reunión y manifestación y se reprimió toda forma de protesta social.
El discurso oficial estigmatizaba a los ciudadanos por su presunta ideología, sus preferencias políticas o su militancia bajo el rótulo de subversivos, colocándoselos al margen de la nacionalidad y los derechos individuales, pretendiendo de ese modo justificar la represión indiscriminada.
Se estableció la censura previa y un férreo control de los medios para que replicaran sin fisuras el discurso oficial, y la complicidad de la mayoría de la prensa resultó decisiva para la consolidación del régimen.
Se puso en marcha un modelo económico de valorización financiera, fuga de capitales, endeudamiento externo y apertura indiscriminada de la economía que derivó en la destrucción del aparato productivo, el cierre de fábricas y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Hoy, casi medio siglo después, las semejanzas y diferencias de aquellos tiempos terribles con este presente oscuro dan la medida del retroceso en el cumplimiento de la promesa democrática del 83', y también de la magnitud de la lucha pendiente para honrarla, y darle a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia su pleno significado y sentido.
Porque una cosa no se puede escindir de la otra.
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