En el Boletín Oficial del martes se publicó el Decreto (DNU) 493 (completo acá), por el cual Milei modifica el marco regulatorio de los servicios de agua potable y saneamiento a cargo de AySSA (Agua y Saneamientos Argentinos), aprobado por la Ley 26221 de 2007, dictada durante el gobierno de Néstor Kirchner después de que el Estado recuperara la prestación de ellos tras la fallida privatización de los tiempos menemistas. En el Boletín del día siguiente se publicó el Decreto 494 (completo acá), por el cual se da inicio al procedimiento de privatización de la empresa, poniendo a la venta el 90 % de sus acciones, que son de propiedad del Estado nacional (el 10 % es de los trabajadores bajo el programa de propiedad participada).
Según se señala en los considerandos del DNU 493, la medida es "...una condición esencial para posibilitar el ingreso de capital privado a la sociedad, habida cuenta de que el régimen actualmente vigente fue diseñado para una sociedad de carácter estatal, lo cual dificulta su adecuación hacia los nuevos objetivos de gestión, eficiencia e inversión que esta Administración busca cumplir."; es decir, se instrumenta en el marco del proceso para volver a privatizar la empresa conforme lo disponía la ley de bases, pero por DNU (auto-habilitado por Milei a través del DNU 70) porque esa ley no habilitaba a modificar el marco regulatorio. Dicho en criollo: Milei hace todo lo que puede cuando se le antoja, con las facultades que le dieron (que no fueron pocas), y con las que se toma cuando no se las dieron, también.
Dice Milei que "...el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para fomentar nuevas inversiones y ampliar la cobertura.", y para eso propone incorporar capital privado o poner directamente los servicios a cargo de un concesionario privado. Es decir, exactamente los mismos argumentos que se usaron para convalidar las privatizaciones del menemismo, como si éstas no hubieran existido y no hubieran fracasado estrepitosamente, como fue el caso de Aguas Argentinas.
Tanto es así que el presidente vuelve a decir -como dijo Menem en su momento- que "...la presente medida se dicta en un contexto de profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público, lo que se evidencia, entre otros aspectos, en el creciente deterioro operativo y financiero de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., cuya estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad."; y que "...lo expuesto en el considerando anterior significa repensar un nuevo modelo regulatorio, con Entes Reguladores robustecidos para brindar mayor seguridad y transparencia a todos los sujetos actuantes en el marco de la gestión.": todos tenemos en claro que ese argumento ("privatizar todo pero con fuertes regulaciones y controles") fue una completa falacia, para justificar el saqueo.
Se queja Milei en el decreto del hecho de que "...entre los años 2006 y 2023 el Estado Nacional realizó transferencias del Tesoro Nacional en favor de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. por aproximadamente dólares trece mil cuatrocientos millones (USD 13.400.000.000)..." y que "...a pesar de la referida asistencia financiera, se ha producido un deterioro en la eficiencia y productividad reflejados en una disminución de la productividad laboral y el aumento de los costos operativos, entre otros.", por lo cual "...se ha instaurado un diseño institucional incapaz de garantizar la prestación de un servicio de forma eficiente, pese a la asignación de importantes recursos del Tesoro Nacional para financiar las pérdidas de la operación de la compañía.".
Como se puede ver, no hay el más mínimo dato concreto sobre los resultados de la gestión estatal al frente de la empresa (población con acceso a los servicios o cantidad de conexiones, por ejemplo), y su correspondiente comparación con el período en que esta estuvo en manos privadas, solo afirmaciones dogmáticas sobre la incapacidad del Estado para gestionar, y la correlativa eficiencia del sector privado. A Milei le parece un escándalo que los gobiernos kirchneristas hayan invertido 788 millones de dólares por año (sin decir de donde sacó la cifra) en subsidiar y garantizar los servicios de agua potable y cloacas para la población del AMBA, el área más densamente poblada del país.
Cifra que debería compararse -para poner las cosas en perspectiva- con los millones de dólares que se llevaron del país los grupos privados que tomaron a su cargo los servicios públicos privatizados en los 90', para no hacer ninguna inversión; o con los dólares que hoy -como tantas otras veces- se van del país por la fuga de capitales, o el turismo de las clases medias y altas, sin contar con que los subsidios estatales (transferencias) se pagan en pesos. Para agregar otra elemento de comparación, se está hablando de devolverle al "campo" la mitad de lo que paga de retenciones en un bono nominado en dólares y a pagar en verdes.
Hace un tiempo cuando se aprobó la ley bases, decíamos nosotros en esta entrada: "Que esa sábana (el listado de empresas a privatizar, aclaramos) haya sido acortada durante las negociaciones sostenidas en el Congreso entre el gobierno y la oposición "dialoguista" no cambia el hecho de que quienes apoyen la ley, estarán convalidando la entrega a precio vil del patrimonio público en nombre de un dogmatismo ideológico cerrado (en éste caso sí) según el cual todo lo que hace el Estado está mal, o los privados lo harían mejor.".
"Un dogmatismo sin base empírica en la realidad, no solo porque la experiencia histórica argentina concreta demuestra -en la nación y en las provincias- que la gran mayoría de las privatizaciones fueron desastrosas (lo que no implica que muchas hayan sido pingües negocios para los privados), sino que en todos los casos en que el Estado retomó la gestión de las empresas o servicios que estaban en sus manos, mejoró la gestión según cuanto indicador se tome en cuenta para evaluarlo.".
"Tomemos si no el caso del Correo, Aerolíneas, YPF y AYSSA recuperadas para la gestión estatal durante el kirchnerismo, e incluso los propios trenes de pasajeros en el AMBA, tras la tragedia de Once: todas funcionaron mejor que cuando estaban en manos privadas, y no hay usuarios pidiendo que vuelvan a ser privatizadas, salvo los dogmáticos del neoliberalismo.".
Como muestra del dogmatismo neoliberal para justificar negocios para los privados, el Decreto 495 que viabiliza la privatización de AYSSA dice que "...la técnica concesional de la prestación del Servicio Público al sector privado se presenta en la experiencia nacional y comparada como la más eficiente y rentable para el Estado Nacional y su gestión.", y que "...la intervención estatal, a través del desarrollo de actividades que pueden ser efectuadas por el sector privado, no ha dado los resultados esperados y ha sido incapaz de brindar una solución eficiente y eficaz en la gestión de los servicios públicos, que no conlleve importantes erogaciones para el Estado Nacional.".
Pero más allá de los dogmatismos ideológicos y la habitual piñata para los negocios privados que siempre fueron las privatizaciones cuando gobierna la derecha, al gobierno lo que le urge ahora es que ingresen dólares ya, ayer, para evitar que el modelo de valorización y fuga explote antes de las elecciones. Lo dice el DNU de Milei: "..resulta pertinente adoptar con celeridad medidas que permitan viabilizar urgentemente las inversiones necesarias y garantizar la mejora sostenida en las condiciones de prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales a cargo de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., sin que ello implique, en ningún caso, interrupciones ni situaciones que pongan en riesgo la continuidad del servicio.". Y lo comprueba el hecho de que en lugar de optar por otorgarle la concesión del servicio a un privado, directamente se pone en venta el capital accionario de la empresa estatal que actualmente lo presta, para hacerse ya con los dólares a cambio de las acciones.
Es muy curioso que se diga que las medidas se toman para garantizar la continuidad de los servicios, porque una de las modificaciones del marco regulatorio vigente consiste en habilitar la desconexión de ellos por falta de pago, justo cuando podría entrar a la conducción de la empresa un operador privado. Tuits e hilo de tuis relacionados:
No hay comentarios:
Publicar un comentario