UNA MÁS Y NO JODEMOS MÁS CON EL 15 %

El cuadro que ilustra el post corresponde a la parte del 15 % de la masa coparticipable que las provincias aportan a la financiación de la seguridad social (expresada en pesos)m en el ciclo 2003-2012; y fue tomado de ésta nota de Infobae, en la que vuelven a la carga con el tema los del IARAF.

El enfoque central de la nota es el mismo que cuestionarámos acá: para eludir reformas tributarias progresivas en las provincias (que afecten sectores con rentas extraordinarias hasta hoy exentos de tributar a los fiscos provinciales, o con un aporte mínimo), se pone el acento en la denuncia de los pactos fiscales por los que las provincias cedieron parte de sus recursos coparticipable para financiar la seguridad social, como único remedio posible.

Aun así, la exposición del tema permite que se la vayan viendo las patas a la sota (o a De La Sota, como con el asunto de la financiación del déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba); porque así como en ésta otra nota del IARAF en Infobae se reconocía por fin que el famoso 15 % se conforma con aportes de las provincias (8,499 puntos) y de la Nación (los 6,501 restantes), ahora se admite que el asunto no es tan sencillo, porque si las provincias dejaran de aportar esos recursos a la ANSES, probablemente resolverían sus déficits, pero se lo trasladarían al sistema previsional nacional; que entonces tendría que financiarse por otras vías.

Y del mismo modo que plantear la cuestión desde el punto de vista de la cobertura de los déficits provinciales sin plantearse siquiera (ya que de federalismo y autonomía fiscal se habla) avanzar fiscalmente sobre rentas exentas o con baja tributación es una falacia; hay otras que subyacen en el artículo, pero no se mencionan:

Exponer sólo el crecimiento de la parte de la masa coparticipable (el 15 % famoso) que se destina a la seguridad social entre el 2003 y el 2012, encubre que el mismo crecimiento exponencial tuvo el restante 85 % que sí se distribuye entre la Nación y las provincias, dicho en cifras: por cada peso que figura en el cuadro que las provincias transfirieron al sistema previsional nacional para financiarlo, recibieron 5,66 de coparticipación federal de impuestos; o sea que fueron (según el cuadro) 104.376 millones de pesos en 9 años de las provincias a la seguridad social (menos de la mitad del Presupuesto de la ANSES de éste año), pero en el mismo período llegaron a las provincias 591.394 millones de pesos en concepto de transferencias automáticas y regulares de coparticipación de impuestos federales.

Toda acotación sobre la evolución de los recursos en un período determinado, debe complementarse con un análisis de los gastos: así como los recursos de la ANSES (entre ellos el 15 % de la coparticipación afectada a la seguridad social) crecieron 10,29 veces entre el 2003 y el 2012, los gastos del organismo crecieron 9,11 veces en el mismo período: 2,5 millones de nuevos jubilados, Asignación Universal por Hijo y ley de movilidad previsional (la que establece los dos aumentos anuales), entre los datos más relevantes que explican el aumento del gasto, luego hablaremos de los recursos.

Antes que se nos señale que, en el período considerado, hay un mayor crecimiento de los recursos que de los gastos de la ANSES (lo que podría hacerla menos dependiente del aporte que hacen las provincias para financiarse), diremos que la misma tendencia se verifica entre las provincias, al menos en el caso de Santa Fe: mientras las sumas aportadas por la provincia a la seguridad social nacional (según el IARAF) crecieron 8,63 veces entre el 2003 y el 2012, sus recursos totales (coparticipación federal, impuesto propios, ingresos no tributarios, tarifas de los servicios públicos, contribuciones a la seguridad social) crecieron 10,22 veces en el mismo lapso; lo que implica que la luz de diferencia entre el crecimiento de unos y otros en ese período, es mayor que en el caso de la ANSES: 1,59 contra 1,18 respectivamente.

El problema en la provincia está por el lado del gasto, que en el mismo lapso (2003-2012) creció 12,26 veces, bastante más que los recursos; pero si nos atenemos estrictamente a la incidencia de esa parte del 15 % que le corresponde a Santa Fe de lo que aportan las provincias en la ANSES, en el 2003 representaba el equivalente al 7,58 % de sus recursos, y éste año (siempre según las cifras del IARAF) serían el 6,22 %, o sea una menor incidencia porcentual.  

Para no confundir con cifras, expondremos en porcentajes cuanto representó en cada uno de los años que considera el IARAF (2003-2012) la parte de la masa coparticipable afectada a la seguridad social, sobre el total de los recursos de la ANSESC (que sería el 100 %):

2003          29,95 %

2004          32,90 %

2005          36,63 %

2006          35,64 %

2007          30,89 %

2008          27,34 %

2009          25,87 %

2010          21,26 %

2011          22,16 %

2012          22,44 %

Estos datos deben complementarse con la incidencia que tienen en la masa de recursos de la ANSES las contribuciones de la seguridad social, es decir los aportes personales de los trabajadores y la contribución patronal de los empleadores (otra vez 100 % es el total de los recursos de la ANSES):

2003          35,08 %

2004          36,82 %

2005          37,87 %

2006          39,27 %

2007          45,08 %

2008          49,41 %

2009          51,90 %

2010          56,75 %

2011          56,50 %

2012          56,10 %

Algunas conclusiones:

1. Mientras la incidencia de la participación de los impuestos en la financiación de la ANSES (no se consideran las contribuciones directas del Tesoro nacional, solo los impuestos afectados específicamente a la seguridad social) tiende a decrecer en el período (con un leve repunte a partir del año pasado), la que le corresponde a las contribuciones de la seguridad social tiene un crecimiento casi constante en todo el período.

2. Aun así, la suma de los dos rubros (que son los más significativos de la estructura de recursos de la ANSES) nunca llega al 100 % (eran el 65,03 % en el 2003, serán el 78, 45 % éste año), lo que significa que, en todos esos años el Tesoro Nacional tuvo que seguir aportando de rentas generales recursos para financiar la seguridad social.

3. Mucho se ha dicho sobre la incidencia de la decisión tomada por el Estado nacional de liquidar el oprobioso sistema de la jubilación privada y las AFJP en la financiación de la ANSES: el discurso replicado por la oposición y algunos gobernadores (o ex como Binner) dice linealmente que, desde ese momento, la Nación ya no necesitaría más el aporte de las provincias para la seguridad social.

Los números lo desmienten rotundamente: los mayores saltos porcentuales de la incidencia de las contribuciones de la seguridad social tienen en los recursos de la ANSES son del 2006 al 2007, y del 2009 al 2010; correspondiendo señalar que el régimen de opción de la ley 26.222 (que permitía a los trabajadores optar por permanecer en la jubilación privada o pasar al sistema de reparto, antes del fin de las AFJP que dispuso la Ley 26.425) se hizo efectivo durante todo el 2007, o sea un año después; y el traspaso de los aportes que venían haciéndose al régimen de capitalizción a la ANSES (no los activos que conforman el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que nada tienen que ver en todo ésto y no se consolidan contablemente con el presupuesto nacional) se operó a partir del 2009.

4. Eso implica que la liquidación del sistema de AFJP incidió en la mejora de la financiación de la ANSES con recursos propios de la seguridad social (podría explicar el salto de casi 5 puntos entre el 2009 y el 2010), pero no es el único factor: el crecimiento del empleo registrado por la creación de nuevos puestos de trabajo, la baja del trabajo informal (lenta pero sostenida en todo el período) y -sobre todo- el aumento de la masa salarial sujeta a aportes y contribuciones por el proceso de recuperación del salario nominal y real a través de la reactivación del mecanismo de las paritarias, aportaron bastante a ese fin (así se explica el salto de más de 5 puntos del 2006 al 2007).   

5. Los recursos tributarios afectados a la seguridad social han ido perdiente su importancia como fuente de financiamiento de la ANSES, pero no se puede prescindir de ellos: en todo el período analizado, si se los detrajera (o sea, si se los hubiera devuelto a las provincias), el organismo no podría haber solventado sus gastos, en los que las prestaciones de la seguridad social  y las transferencias y contribuciones vinculadas a las mismas (como el pago de asignaciones familiares, incluyendo la AUH) son el 96,15 % de sus gastos.

6. Los recursos tributarios afectados a la ANSES alimentan los componente de la fórmula de movilidad de los haberes previsionales establecidos por la Ley 26.417, lo que implica que, si se los restituyese a las provincias, los jubilados y pensionados nacionales recibirían menos porcentaje de aumento cada semestre.

7. Otro modo de verlo es en términos territoriales de despliegue del gasto nacional en las provincias, incluyendo obviamente el gasto previsional que es casi el 35 % del total: si éste año se le hubieran restituído a la provincia de Santa Fe esos 2106 millones de pesos que calcula el IARAF que aporta de su parte de la coparticipación para la ANSES, hubieran representado el 16,15 % de los 13.038 millones de pesos que (de acuerdo al presupuesto nacional) gastará el organismo nacional en prestaciones previsionales en la bota santafesina.

Y si sólo se consideraran estrictamente los gastos en jubilaciones y pensiones nacionales de la ANSES en Santa Fe, la poda en los haberes llegaría al 19,85 %; es decir que, en cualquier caso, si el reclamo de Binner en la Corte prosperara, los jubilados nacionales santafesinos (y los pensionados) sufrirían en sus haberes un descuento mayor aun al del famoso 13 % de los tiempos de la Alianza.

O dicho en términos sistémicos y no sólo circunscriptos al caso santafesino: devolverles a las provincias su parte del 15 % de la coparticipación que se destina a la seguridad social es sustraer una de las patas en las que se asienta uno de los mayores logros del ciclo kirchnerista: la construcción de un sistema de seguridad social capaz de aumentar su tasa de cobertura (objetivo prioritario en la salida de la crisis del 2001) y mantener razonablemente el poder adquisitivo de los haberes, sobre bases financieras sustentables en el tiempo.