LA FRASE

"NO ES TAN DIFÍCIL DE ENTENDER: ESTELA DE CARLOTTO ES GOLPISTA Y EL GENERAL VIDELA LO ÚNICO QUE HIZO FUE COMBATIR AL TERRORISMO." (VICTORIA VILLARRUEL)

jueves, 30 de agosto de 2012

CURSO DE ÉTICA RADICAL: SU MORAL SE DOBLA, PERO ELLOS ROMPEN CON ESO


La imagen corresponde a ésta nota publicada en La Nación por el ex fiscal Garrido, hoy diputado nacional por la UCR; a propósito de la participación que les cupo a Boudou en la discusión en el Senado de la expropiación de la ex Ciccone, y a Carlos Heller en Diputados cuando se trató el traspaso de los depósitos judiciales del Banco Ciudad al Nación.  

Sorprendente la línea argumental de Garrido, siendo un hombre del derecho: Boudou (que no está ni siquiera imputado formalmente en la causa Ciccone) debió abstenerse de participar en la sesión del Senado (no en el debate, donde no participa porque no es miembro del cuerpo) porque se dice (en los medios, hasta acá nadie lo probó en la justicia, que es donde corresponde) que sus amigos son los dueños de la empresa expropiada.

Que de acuerdo a la ley sancionada, de la indemnización habrá que deducir lo que le debe al fisco por impuestos (253 millones), con lo cual es muy probable que no le cueste un peso al Estado expropiarla.

Y Boudou debió haberse abstenido de tocar la campanita en el Senado o dar la palabra a los oradores (porque eso es lo que hace básicamente el vice como presidente de la Cámara) ante la eventualidad de que se tuviera que desempatar la votación, y en tal caso tener que votar; en una votación que terminó con 44 votos positivos, contra 24 en contra: otro disparate.

Parejo con lo que dice de Heller: porque es presidente del Banco Credicoop, no puede opinar en un proyecto de ley que traspasa fondos públicos nacionales al Banco Nación, terminando con un privilegio del Banco Ciudad que viene de la Revolución Argentina; porque su banco compite con el del gobierno de Macri, o puede competir, pero no en éste caso, en fin: casi hasta daría para pedirle a la Facultad de Derecho el certificado analítico de Garrido (como hicieron los radicales con Reposo), para ver que notas sacó para recibirse de abogado.

Por no mencionar las incoherencias políticas que encierra el estrechísimo planteo ético de Garrido: recordemos sino durante la discusión en el Congreso de la Resolución 125, cuantos legisladores (como Reutemann, Romero o Urquía, los casos más notorios pero no los únicos) participaron del debate e incluso votaron, cuando el resultado final de la votación estaba directamente vinculado a sus intereses empresariales personales; claro que en su gran mayoría lo hicieron en contra de la propuesta del gobierno.

O recordar (y evaluarlo desde la óptica ética, como le gusta a Garrido) el rol que le cupo en esa ocasión al videpresidente, que sí participó de la discusión y como; y recordar también que actitud tuvo el radicalismo (el reservorio de la ética política argentina, al parecer) después del "voto no positivo" con Cobos, a quien habían expulsado de por vida del partido.  

Lo mismo sucedió durante la discusión de la ley de medios con De Narváez (propietario de medios, violando incluso la incompatibilidad de la ley de la dictadura), quien después sería elegido por el propio radicalismo (como Garrido) como aliado electoral; o con los "agro-diputados" que ingresaron al Congreso en las listas de la UCR (Orsolini, Forte, Buryaile, Benedetti y siguen firmas), propuestos por las entidades de la Mesa de Enlace; exclusivamente para proponer y votar la eliminación de  las retenciones, y la derogación de las facultades delegadas a la presidenta; para que no pudieran volver a imponer retenciones móviles, o aumentar las existentes.  

Por no mencionar que el propio Garrido pertenece al CIPPEC, que casi en forma concomitante con su postulación como diputado nacional por la UCR obtenía del gobierno provincial de Santa Fe (del que los radicales forman parte) al menos cuatro contratos hechos en forma directa (sin licitación pública), para asesorar en diferentes aspectos, como vemos acá:


O que el presidente del bloque de diputados que integra Garrido, Ricardo Gil Lavedra, fue contratado como abogado (también en forma directa, sin licitación) por el gobierno de Binner para asesorarlo en los juicios que la provincia lleva adelante contra la Nación; como el 15 % de la coparticipación que se destina a la ANSES, entre otros rubros; acá tienen los detalles del asunto.

Asunto que no es que a nosotros nos preocupe demasiado, pero a los radicales parece que sí; y por eso -como les preocupa tanto-, antes de andar señalando a los demás con el dedito como si fueran los depositarios de la ética nacional, tendrían que fijarse bien si no lo tienen sucio.

Al dedo, claro.

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