TENTATIVA DE EXTORSIÓN, O LA NECESIDAD DE UN ESTADO FUERTE

No es ninguna novedad que en los últimos dos años, paulatinamente, ha ido apareciendo un viejo fantasma de la economía argentina que es la restricción externa; es decir la dificultad de hacerse con las divisas necesarias para pagar importaciones necesarias para sostener el nivel de actividad (bienes de capital, bienes intermedios, combustible) y afrontar los servicios de la deuda.

Precisamente hasta por lo menos el 2011 haber alejado de un modo consistente ese fantasma fue uno de los grandes logros macroeconómicos del modelo kirchnerista, porque el BCRA absorbía dólares genuinos y abundantes del superávit comercial, y con ese mantenía un razonable nivel de reservas para prevenir ataques especulativos con el tipo de cambio; nivel de reservas que viene mermando en los últimos tiempos, especialmente éste año.

Eso en un contexto en el que los gobiernos de Néstor y Cristina (luego de encarar sendas reestructuraciones de la deuda externa en 2005 y 2010) decidieron no volver a endeudar al país en los mercados financieros internacionales; y lo bien que hicieron: no hace falta ser muy perspicaces para advertir como -de haberlo hecho- el país hubiera sido mucho más vulnerable aun a los efectos de la prolongada crisis financiera que se abatió sobre las economías centrales desde el 2008, en este caso justamente por el canal financiero; que es el que la ha propagado en otras economías.

Cuando muchos critican las medidas de restricción al acceso de los particulares al dólar para ahorrar (vulgarmente conocidas como "cepo cambiario") omiten señalar que no salieron de la nada, sino de éstas dificultades objetivas de la economía, que obligaron al gobierno a ir tomando sobre la marcha una serie de medidas para evitar la aceleración de la fuga de capitales (que si bien es un rasgo endémico de nuestra economía, se aceleró bruscamente luego del triunfo de Cristina en el 2011), y para resistir las presiones para forzar una nueva mega-devaluación, similar a la del 2002.

Desde allí para acá vinieron medidas de distinto signo con el mismo objetivo: asegurarse captar la mayor parte de los dólares disponibles; claro que con distinta eficacia, como consecuencia también de la precariedad de las herramientas con que cuenta el Estado hoy para lograr ese propósito.

Así se forzó a petroleras y mineras a liquidar en el país la totalidad de las divisas que obtenían por sus exportaciones, o a los bancos (a partir de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA) a elevar las exigencias de capital integrado, de modo de disminuir en un 75 % la distribución anual de utilidades, lo que en el caso de los bancos extranjeros radicados en el país significa la salida de divisas (en éste caso, por un mecanismo legal); y acá vemos como se intenta hacer ahora lo mismo con aquéllos sospechados de participar en maniobras de lavado de dinero.

Otro tanto pasó con el resto de las inversiones extranjeras existentes en el país respecto a su repatriación de utilidades, para lo cual el régimen legal existente en el país (y los tratados bilaterales de inversión firmados en los 90') es una dificultad, a punto tal que el Estado sólo tiene al alcance herramientas jurídicas para presionar en esa materia, en un puñado de empresas en las que tiene participación accionaria (y no relevante en todos los casos) a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSES.

En ese mismo contexto se decidió la expropiación de YPF, para revertir la declinación de la producción de gas y petróleo que afecta la balanza comercial por la necesidad creciente de divisas para importar combustibles; que además son bienes sujetos a la alza en los mercados internacionales porque dependen de muchas variables que el Estado (el nuestro al menos) no controla.  

Pero como la restricción externa es un problema serio, y la necesidad tiene cara de hereje, el gobierno se vio forzado por los acontecimientos a intentar otros mecanismos para hacerse de dólares: así apareció el blanqueo de capitales (hasta aquí un fracaso) con los CEDIN y los BAADE; y la desactivación de algunos juicios pendientes en el CIADI (en condiciones razonablemente favorables: quita del 41 %, pago con bonos y compromiso de reinvertir en BAADE el 10 % del capital reclamado), para destrabar créditos del Banco Mundial parados desde el 2010.

Disgresión: al mismo tiempo el arreglo de demandas en el CIADI es una señal a la Corte de EEUU para la evolución futura del juicio contra los fondos buitres; que si prosiguiera como hasta ahora (con el fallo de Griesa ratificado por la Cámara de Apelaciones) agregaría un factor adicional de presión sobre las reservas del BCRA; que el gobierno decidió seguir utilizando para cancelar los vencimientos de la deuda.

Por estos días el gobierno negocia con cerealeras y bancos la suscripción de BAADE para sumar más dólares, con resultados hasta ahora dudosos: vemos acá en Ambito Financiero que los bancos se niegan de plano con seudo pretextos legales, y las cerealeras condicionan su aporte (o pretenden hacerlo) a que la AFIP desista de un juicio en su contra por 952 millones de dólares, por maniobras defraudatorias en el comercio exterior.

En el caso de los bancos (que han hecho en el pasado maniobras mucho peores, defraudando la confianza de sus accionistas) no hay que sorprenderse porque fueron los principales gestores de la fuga de capitales durante años; y así como sabotearon deliberadamente el blanqueo (reportando el 70 % de las escasas operaciones efectuadas con CEDIN y BAADE como sospechosas de lavado de dinero, cuando se trataba justamente de un régimen de exteriorización de activos no declarados), tienen especial interés en que se levanten todas las restricciones del llamado "cepo cambiario" para tener libre acceso a las reservas del Central, y poder seguir fugando divisas, en lo que son expertos; tanto que son los que en realidad alimentan el reducido mercado del dólar ilegal, para fogonear por una devaluación. 

Las causas contra las cerealeras son las que se iniciaron en su momento con aquélla denuncia de Lozano en el Congreso durante la discusión de las retenciones móviles, por haber inscripto operaciones de exportación de soja y derivados sin tener la disponibilidad de los porotos, para evadir el aumento de la alícuota de las retenciones (aun fijas) del 27 al 35 %, en el final del gobierno de Kirchner; y desde la AFIP les hicieron saber que no desistirán de las acciones, así como las cerealeras no desistieron de las presentaciones que iniciaron ante el Tribunal Fiscal de la Nación. 

Pero del mismo modo que el caso de las acciones de la AFIP contra un grupo de las principales exportadores de cereales y oleginosas del país vuelve a poner en el tapete el rol de la justicia (siempre morosa cuando se trata de afectar los intereses del poder económico), nos lleva a reflexionar hasta que punto ante un problema económicamente grave (como la restricción externa por la falta de divisas), el Estado no cuenta con herramientas legales adecuadas para asegurarse sus objetivos, por encima de las lógicas corporativas de los fuertes intereses privados con los que debe confrontar.

Así sucede con el control del comercio exterior, sobre todo de los productos agropecuarios que constituyen una parte importante de nuestras exportaciones, y por ende una de las principales fuentes de divisas genuinas: a lo dicho respecto del intento de extorsión de las cerealeras (pretendiendo canjear impunidad fiscal y judicial, por un aporte de dólares necesarios, en condiciones que incluso podrían favorecerlas), hay que sumar la retención de buena parte de la cosecha pasada por productores, acopiadores y exportadoras, para especular con una mega-devaluación que les permita hacer una diferencia redituable.

En éste post de hace un tiempo (que aconsejamos repasar) contrastábamos nosotros la situación con la existente en el primer peronismo, cuando frente al mismo problema (la restricción externa) se nacionalizó el comercio exterior creándose el IAPI y se lo incorporó como una actividad regulada por el Estado en la Constitución de 1949; y junto con la nacionalización del BCRA, los depósitos y el sistema financiero, se crearon las bases para transferir divisas del sector primario al desarrollo industrial, y a financiar un vasto programa de reformas sociales.

No se trata simplemente de proponer acá volver sobre esa experiencia sino mover a la reflexión: es muy posible que muchos sostengan que el fantasma de la restricción externa se aleja "creando confianza" para que los dólares (que están) aparezcan en abundancia, pero por experiencia bien sabemos lo que eso significa, o como se genera esa confianza.

De hecho las bolsa (del país y del extranjero) están exultantes de "confianza" por estos días, en lo que a los títulos y acciones argentinas respecta, y no es precisamente porque acuerdan con el cepo cambiario y las demás políticas del gobierno; sino porque intuyen que a partir del 2015 (algunos desearían que antes) habrá en el país un cambio de administración, y que la nueva será más amigable con los mercados.

Claro que profundizar el grado de intervención del Estado en la economía (para los que creemos que es el mecanismo más adecuado para lograr un desarrollo integrado e inclusivo del país) es un asunto de primera magnitud, que requiere de fortaleza política y decisión, y de la capacidad de imponer políticas a sectores que no están acostumbrados ni dispuestos a tolerar que se les fijen límites.

Como todo este asunto de la restricción externa ha llegado para quedarse (al menos en lo mediato) es un buen punto de partida para discutir sobre las complejas relaciones entre el sistema político y el poder económico incluso más allá del kirchnerismo; a menos que prefiramos seguir hablando todo el tiempo del video de Cabandié.