EXPLICAMELÁ

La imagen de apertura del post es un collage armado con la captura de pantalla de dos notas de Rosario 12 de hoy: ésta del amigo Tizziani donde nos cuenta que Bonfatti envió a la Legislatura varios pliegos para ocupar cargos en el Servicio Público de la Defensa (entre ellos el de un tal Enrique Sirio); y esta columna de opinión del diputado Busatto, en la que denuncia que el Consejo de la Magistratura de la provincia publicó el orden de méritos para cubrir un cargo de juez penal, que es encabezado por un tal Fausto Yrure.

Sirio es el abogado defensor del narco "Delfín" Zacarías, el mismo que está preso porque hace poco en un operativo comandado por fuerzas federales encontraron en su casa la mayor cocina de droga del páis hasta el momento; y en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se lleva adelante en Rosario defendió a Luciano Jáuregui, ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército de Rosario.

Y lo defendió no sólo desde el punto de vista técnico, sino con argumentos políticos que justificaron la represión ilegal, y poniendo en duda la veracidad de los testimonios vertidos en la causa; entre ellos el de Alicia Gutiérrez, diputada provincial del oficialista FPCyS. 

Yrure fue (o es) defensor de varios narcos vinculados a la conocida banda de "Los Monos", a la que el propio gobierno provincial sindica como el principal cártel de la droga en Rosario, y con presuntas responsabilidades en el atentado contra Bonfatti.

Del cual pasaron 12 días sin que existan ya pistas firmes sobre quiénes y por qué lo habrían cometido, pese a lo cual desde el gobierno provincial siguen diciendo lo mismo que empezaron a decir minutos después de que los balazos impactaron contra la casa del gobernador: que fueron los narcos, en represalia porque el gobierno los combate.

Que alguien explique entonces como ese mismo gobierno (que carga en sus alforjas con un jefe de policía preso y procesado por vinculaciones con el narcotráfico) promueve para cargos en la justicia a abogados que defienden a narcos, y no precisamente del chiquitaje que vende papelitos en una esquina.     

Tampoco podrán decir que los candidatos a ocupar cargos en la justicia los selecciona el Consejo de la Magistratura y ahí el gobierno no se puede meter, porque desde que Binner llegó a la Casa Gris en diciembre del 2007, entre él y Bonfatti modificaron siete (7) veces la reglamentación del Consejo; la ultima de ellas en diciembre del año pasado mediante éste decreto.

Del cual extractamos (por ser de interés para el análisis) el artículo 22, que dice que el Consejo de la Magistratura debe expedirse (entre otros aspectos) sobre los "valores éticos, conocimiento y vocación por el respeto a los principios constitucionales, y tratados internacionales sobre derechos humanos - vocación democrática y republicana" de los aspirantes a ocupar cargos en la justicia.

Y el artículo 25 del propio decreto de Bonfatti señala: "En caso de que algún postulante, a criterio del Cuerpo Colegiado Entrevistador, no alcance el estándar previsto en el artículo 22 del presente, deberá elevar al señor Gobernador un dictamen fundado, junto con la propuesta indicada en el párrafo anterior. La propuesta vincula al Poder Ejecutivo en cuanto a su composición.".

Supongamos por un momento que desde el Ejecutivo provincial digan lo mismo que dijeron cuando estalló el caso Tognoli (que a ellos nadie les avisó...que lo estaban investigando), porque desde el Consejo de la Magistratura no hubo advertencias sobre los antecedentes de Sirio y Yrure.

En tal caso quedaría confirmado que para lo único que sirve el Consejo es para acomodar militantes y ex funcionarios socialistas y radicales en la justicia; de un modo tan escandaloso que ellos mismos hace poco tuvieron que sacar de la presidencia del cuerpo al Secretario de Justicia Vicente, (que ocupó el mismo cargo en los dos gobiernos: el de Binner y el de Bonfatti), sin echarlo de su cargo porque los radicales amenazaron a Bonfatti con hacerle un escándalo y pudrir todo.

Pero si un organismo sobre el cual ejercen un férreo control político (digitando todos y cada uno de los concursos para acceder a cargos en la justicia) filtra dos candidatos con estos antecedentes (defensores de narcos pesados, y de ex represores) hay que pensar que en el gobierno provincial son muy boludos; o son otra cosa.

No sea cosa que con estos pliegos (el de Yrure todavía están a tiempo de que Bonfatti no lo mande) pase lo mismo que con los 35 que se aprobaron por el mero transcurso del tiempo, porque en las últimas cuatro Asambleas Legislativas los legisladores del FPCyS no dieron quórum, "ayudados" por algún que otro senador del PJ banelquizado.

Explicámela como es esta lucha tan particular contra el narcotráfico que consiste en designar en la justicia a los defensores de los narcos, porque no se entiende.

Porque si no la explican, en alguna parte (cuando dicen que defienden la independencia de la justicia, cuando dicen que gobiernan con transparencia, o cuando dicen que combaten a los narcos y por eso sufren amenazas y tiroteos) nos están queriendo vender gasto por liebre.