LA FRASE

"LA CRUELDAD DEL GOBIERNO CON LOS JUBILADOS ES INCALIFICABLE, LO ÚNICO QUE FALTA ES QUE LES DESCUENTEN EL 13 % DE LOS HABERES, O LOS REPRIMAN SI PROTESTAN." (PATRICIA BULLRICH)

jueves, 21 de noviembre de 2013

A PURA PÉRDIDA


A menos que haya cambios de último momento, la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial; tal como viene, será a pura pérdida para el gobierno y los bloques legislativos del Frente Para La Victoria: terminarán absorbiendo todos los costos, sin que les acrediten ninguno de los beneficios de la nueva legislación.  

Y conste que no nos referimos únicamente al tema al que corresponde la imagen de apertura, que corresponde a ésta nota de Clarín.

Es cierto que algunos riesgos de que eso pasara estaban ínsitos en la decisión de impulsar el proyecto, gestado por una comisión de juristas presidida por Lorenzetti, pero al día de hoy el supremo le sacó el culo a la jeringa (no fue a las audiencias convocadas por la Bicameral en el Congreso) y se desentendió del asunto; aun para defender los cuestionamientos a los aspectos del proyecto que no fueron modificados, y respondían a su pluma original.

Recordemos que Carrió habló de que el proyecto se impulsaba en el marco de un pacto con Lorenzetti, y como contraprestación por el fallo en la causa de la ley de medios. Lo mismo había dicho cuando se discutía la reforma judicial, y los resultados son conocidos: la Corte se quedó con el manejo del presupuesto del Poder Judicial (contra lo que dice la Constitución), y tumbó las reformas al Consejo de la Magistratura.

Otro tanto se puede decir del famoso pacto con el Papa Francisco, para corregir la letra del proyecto al gusto de la iglesia: no sólo el artículo de Clarín sino éste otro de Infobae dan cuenta de que, pese a lo que se dice al respecto, tampoco la reforma conforma a algunos sectores de la propia iglesia.

Y conste que además la polémica se generó a partir de un puñado de artículos (como el de la concepción) que, si lo dejaban como está hoy en el artículo 63 del Código vigente, decían lo mismo (cuestión aparte es la opinión personal que cada uno tenga al respecto); sin meterse en una discusión filosófica-científica y vaya uno a saber cuantas cosas más, sobre el inicio de la vida humana.

Que no es del caso rehuir (lo mismo que la discusión por la despenalización del aborto) pero que no estaba planteada. En todo caso si se propiciaba reformar el artículo 86 del Código Penal, que contempla las figuras del aborto no punible, otro era el análisis; con la misma salvedad anterior: no estamos evaluando acá las posturas personales de cada uno, sino el manejo político de la cuestión. Máxime en cuestiones en que las posturas enfrentadas no se dan sólo en el oficialismo, sino en todos los partidos opositores.

Y -al menos a juzgar por lo que dicen los medios- se optó por una redacción que generará confusiones respecto a la fertilización asistida (algo sobre lo que el nuevo Código legislaría por primera vez, en materia de filiación, supliendo un vacío existente), y el régimen legal de los embriones antes de su implantación: una cuestión que, al parecer, no conforma ni a tirios ni a troyanos. 

Incluso se fue y se vino con la cuestión de la función social de la propiedad privada, respecto a la cual sucede lo mismo que con la concepción de la vida humana: si no se lo ponía, el concepto igual rige; porque lo contempla expresamente el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 21 inciso 1). El mismo pacto (incorporado en 1994 a la Constitución Nacional) que en su artículo 4 inciso 1) protege a la vida humana "desde su concepción", sin explicitar cuando y como se produce.

El kirchnerismo terminará bancando en soledad el proyecto que excluye del nuevo Código lo vinculado a la responsabilidad del Estado y sus funcionarios, aun cuando en éste caso es consecuencia de una actitud cínica y oportunista de la oposición; porque existiendo otro proyecto de ley a discutir sobre el tema (analizado acá), no pueden decir que no tienen oportunidades de discutirlo, o aportar propuestas.

Y también es cierto (conforme lo señalado acá) que el verdadero propósito que persiguen al combatir el proyecto de responsabilidad no es el de defender los derechos de los más débiles, sino el de garantizar que el Estado deba indemnizar a las empresas si pierden plata por alguna decisión legítima de política económica, sea tomada por el presidente o el Congreso (por ejemplo Clarín, con la ley de medios). 

Lo demás es chamuyo; como cuando se discutía el régimen de las cautelares, y a las pruebas nos remitimos: antes de que la ley fuera declarada inconstitucional y luego de eso ¿cuántas cautelares se decretaron a favor de grupos o sectores sociales vulnerables, y cuántas a favor de sectores del poder económico, y en qué causas? 

Sin embargo, algo se hizo políticamente mal, y se comunicó peor; porque hasta posibilitó que se hable de que se busca consagrar la impunidad de los funcionarios, como si se estuviera legislando una ley de amnistía. 

Porque recordemos que, para poder empezar a hablar de responsabilidad civil y obligación de indemnizar, debe existir primero en el caso de los funcionarios una condena penal firme que atribuya responsabilidad por un hecho dañoso; cuestión elemental que el proyecto de Código no cambia (tampoco la ley de responsabilidad), ni podrían cambiar. 

Es que a tal punto se manejó mal la cosa, que se termina perdiendo de vista que lo que se discute es un nuevo Código Civil y Comercial, y no una reforma constitucional, u otra cosa: a lo ya apuntado sobre la discusión del aborto hay que sumarle que algunos (Proyecto Sur por caso) cuestionan que el proyecto tenga un concepto liberal de la propiedad privada (recordemos que otros se opusieron a la mención al concepto de función social de la propiedad), que no es sino el que surge de la propia Constitución Nacional.

O que otros digan que permite las tercerizaciones laborales eliminando la solidaridad entre los distintos empleadores de un trabajador, cuando el Código nada dice de eso, porque no lo puede decir: justamente el derecho laboral -empezando por la ley de contrato de trabajo- nació para desarrollar sus propios institutos y nuevos derechos, superando el marco estrecho de la locación de servicios, que regulaba el Código Civil de Vélez en sus artículos 1623 a 1628.

Pero cuando las cosas se explican mal, se dejan huecos para que cualquiera diga cualquiera cosa, sin consecuencias.

Y se genera un contexto político y social en el que, aun los cambios positivos que el proyecto contiene (reseñados acá), no podrán ser capitalizados por el oficialismo, al menos por ahora.

Que en cambio pagará todos los costos, porque incluso permite la especulación de muchos opositores que -por decir algo- acuerdan con las visiones más retrógadas de la iglesia en determinadas cuestiones, pero hacen un conveniente silencio y dejan que sea el FPV el que aparezca cediendo en un pacto con Bergoglio; que como se dijo tampoco es tan así. O al menos no lo ven así desde sectores de la propia iglesia. 

3 comentarios:

Anónimo dijo...

bueno no es sorpresa, eso es el kirchnerismo....grandilocuencia en los discursos y después sanciona legislación medieval....Matias

La Corriente Kirchnerista de Santa Fe dijo...

Claro, como el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género

Marcelo (a.k.a. Barullo) dijo...

A ver si entiendo bien... ¿los radicales obligaron a pactar con Negre de Alonso y ahora salen a criticar por izquierda? ¿Qué opción más razonable ofrecían?