Leemos en el Boletín Oficial: "Para el FAP “en un Estado de Derecho, el principio general debe tener al propio Estado como responsable de los daños causados por su actividad en igualdad de condiciones con los demás actores sociales, por lo cual se oponen a instaurar un verdadero régimen de irresponsabilidad como pretende el proyecto presentado por oficialismo”.
Los legisladores advirtieron que con la sanción de estos proyectos “se consumará una clara restricción a las demandas contra el Estado, que contradice a los principios constitucionales, los criterios jurisprudenciales y pactos y tratados internacionales, que consagran la reparación integral de los daños”.
“Así como rechazamos la ley de limitación de medidas cautelares porque dejaba indefensos a los ciudadanos frente a actos ilegítimos de los funcionarios, entendemos que el cercenamiento de la responsabilidad del Estado, introducido por el gobierno al proyecto original, significa un claro retroceso en esta materia” señalaron.
Los diputados y senadores del Partido Socialista, GEN, Libres del Sur, Coalición Cívica y Frente Cívico señalaron además que “la grave mutilación que se ha hecho al Código Civil impide que nuestra fuerza política acompañe el proyecto de reforma, imposibilitando, así, la posibilidad de sancionar un nuevo código con un amplio acuerdo político y social adecuado a las nuevas exigencias de nuestro pueblo, América Latina y el resto del mundo”.".
Ahí tienen un ejemplo claro respecto a lo señalado acá, sobre los costos que terminará pagando el oficialismo por la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial: cualquiera puede decir cualquier cosa, como si fuera un paracaidista húngaro llegado ayer al país.
Fíjense que estos muchachos del FAP dicen que adoptan la misma actitud que en su momento tomaron con la ley para regular las medidas cautelares contra el Estado; y nosotros demostramos acá que la legislación que rige en Santa Fe al respecto desde hace años, es mucho más restrictiva que el proyecto que el kirchnerismo aprobó en el Congreso, y varios jueces declararon luego inconstitucional.
Y como decíamos allí, ni los socialistas ni ninguno de sus socios en el FAP presentó desde diciembre del 2007, ningún proyecto en la Legislatura para modificar las leyes provinciales en la materia, para hacer lo que dijeron que tendría que hacer la ley nacional.
Con la responsabilidad del Estado pasa otro tanto.
Si existen en Santa Fe dos ejemplos emblemáticos al respecto (y que corresponden a los gobiernos del PJ anteriores al 2007, para que se vea que no le esquivamos el bulto a la cuestión) son la muerte de "Pocho"Lepratti a manos de un policía en diciembre del 2001, y los daños causados en la vida y las propiedades de muchos santafesinos por las inundaciones del Salado en abril del 2003.
Los dos, profusamente utilizados por el Frente Progresista Cívico y Social en su campaña electoral para llegar al gobierno de Santa Fe, obviamente que con éxito.
Las responsabilidades civiles derivadas del caso Lepratti para el Estado santafesino las encontraron resueltas (las políticas son otra cuestión); porque el gobierno de Obeid (por éste decreto del 2006) decidió pagarle a la familia de "Pocho" todas las indemnizaciones por daños que se fijaran en la justicia; aun antes de que la sentencia penal que declaraba la responsabilidad del policía homicida, estuviera en condiciones de ser ejecutada.
Con el caso de las indemnizaciones a los inundados del 2003 que reclamaron en la justicia y ya en el gobierno el FPCyS,se siguió el camino inverso: dijimos acá que el gobierno de Binner entretuvo desde por lo menos el año 2009 a los damnificados con éste decreto; por el cual se comprometían a evaluar si existió responsabilidad del Estado en la tragedia, y convenir como indemnizar los daños.
También señalábamos (y está en las noticias del momento) que el gobierno de Binner presentó en el 2011 por intermedio de la Fiscalía de Estado un recurso para que se suspendieran los juicios civiles donde se le reclama a la provincia el pago de indemnizaciones por los daños causados por la inundación, hasta tanto se expidiera la justicia penal en las causas que se tramitan en ese fuero, para determinar las responsabilidades de los funcionarios del gobierno de Reutemann.
Pero hubo más: hace poco -un mes apenas- se presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial que la Fiscalía de Estado (que defiende al Estado provincial en la justicia) habría sido multada por el Tribunal de Responsabilidad Extracontractual "por la dilación y por la malicia en la forma de litigar en los juicios de daños que se tramitan en la Justicia civil más allá del resultado del juicio penal que se sustancia en ese fuero.".
Y también confirmando lo dicho, podrán advertir que el comunicado no hace la más mínima mención a si están o no de acuerdo con las reformas al tema de la fertilización asistida, o el inicio de la vida humana, o el tratamiento de los embriones no implantados: no sea cosa que se enoje el Papa, o que tengan que poner tres posturas, en el mismo comunicado.
Y también confirmando lo dicho, podrán advertir que el comunicado no hace la más mínima mención a si están o no de acuerdo con las reformas al tema de la fertilización asistida, o el inicio de la vida humana, o el tratamiento de los embriones no implantados: no sea cosa que se enoje el Papa, o que tengan que poner tres posturas, en el mismo comunicado.
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