LA DERECHA NEOLIBERAL, EMPEÑADA EN REPETIRSE A SÍ MISMA

En varias oportunidades nos hemos ocupado acá de la posible venta de las acciones que tiene la ANSES en empresas privadas, y que integran los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS); del cual representan más o menos el 13 % del total de esos activos. 

En la última de ellas hace unas semanas decíamos que la movida únicamente podía beneficiar a los accionistas mayoritarios de cada una de esas empresas (cuyas acciones vinieron subiendo por medidas que tomó el gobierno de Macri) para recomprarlas, y sacarse de encima un socio molesto como el Estado; con la posibilidad de -por ejemplo- tener ingerencia en en las decisiones de cada compañía, y la facultad de tener acceso a información calificada y confidencial sobre su giro, exclusivamente reservada a los accionistas e inaccesible para el público en general; e incluso en muchos casos para las autoridades públicas regulatorias.

Decíamos también que el planteo "privatizador" era extensivo a otras empresas propiedad del Estado o donde éste tiene participación (como YPF o ARSAT), y con la misma excusa que dio el menemismo en los 90': invertir los fondos obtenidos por la venta de las acciones, en mejorar la situación de los jubilados; en éste caso para pagar los juicios contra la ANSES por reajuste de haberes, la "genial ocurrencia" que deslizó la Corte en el fallo a favor de las provincias que reclamaban el 15 % de la masa precoparticipable que va a la seguridad social.

Propuesta que es -por supuesto- una engaña pichanga: vemos acá como Ambito Financiero estima en unos 65.000 millones de pesos el valor de las tenencias accionarias del Estado a través del FGS en 46 empresas, valor que era de 52.000 millones al asumir Macri. 

El 25 % de incremento obedece exclusivamente (como señalábamos en el post anterior) a que se trata en su mayoría de empresas beneficiadas por medidas tomadas por el propio gobierno: baste pensar que entre esas empresas están Banco Macro, Edenor, Siderar (Grupo Techint), Telecom, Pampa Energía, Grupo Galicia, Molinos Río de la Plata, Transener, Camuzzi Gas, Holcim (Juan Minetti), Aluar, Grupo Clarín, Metrogas, Ledesma y Alpargatas, para tener una idea de lo que estamos hablando. 

Sin embargo, también ayer en esta nota de Infobae nos daban cifras de los juicios entablados contra el Estado, y dentro de ellos los que soporta la ANSES, discriminando lo que están iniciados de los que ya tienen sentencia firme. Estos últimos representan montos a pagar por el fisco del orden de los 40.000 millones de pesos, de los que 12.500 ya están previstos en el presupuesto de éste año votado por el Congreso el año pasado.

Y si se toman los montos de las demandas en trámite, representan 240.000 millones de pesos, o lo que es lo mismo, casi cuatro veces lo que el FGS podría obtener vendiendo todas esas acciones, siempre y cuando al hacerlo en forma masiva no desplome su precio: vemos acá en Ambito de ayer que eso fue justamente lo que pasó en el Merval cuando se conoció el plan "reprivatizador" (casi todas las empresas del panel líder tienen parte de sus acciones en manos del FGS). Es decir que si por ese lado se piensa en solucionar el problema de los juicios, la mentira es del tamaño de la Casa Rosada.

Cosa que queda aun más clara si leemos esta nota de El Cronista, en la que nos enteramos que "..la colocación (de las acciones, aclaramos) se va a realizar “...con la misma lógica que la colocación de los bonos, todos a los mayoristas organizadores...”. además de -por supuesto- los accionistas mayoritarios de cada compañía que tienen opción preferente de compra. El propio artículo nos cuenta quienes serían esos "colocadores" de las acciones que se verían beneficiados quedándose con ellas:  Goldman, JPM, BlackRock, Merryl, UBS.

Es decir los mismos bancos que acaban de actuar como colocadores de los bonos de deuda emitidos para pagarles a los fondos buitres y otras yerbas, obteniendo más de 29 millones de dólares de ganancia en concepto de comisión, y otros 350 millones por adquirir esos bonos en el mercado secundario, ellos mismos. Y en el caso de BlackRock, un fondo de inversión con vínculos con el mismísimo Paul Singer y el Grupo Clarín (de cuyas acciones el FGS posee el 9 %). 

No olvidemos que si bien las acciones pudieron haber subido su precio si se venden en el exterior quiénes las compren lo harán en dólares, y por ende adquirirán esos activos en el país más baratos que antes de la devaluación: los 52.000 millones de pesos que representaban las acciones en diciembre eran 5361 millones de dólares al tipo de cambio de entonces, mientras que los 65.000 millones de pesos que esas acciones representan hoy, son "apena" 4440 palos verdes, al tipo de cambio de ayer. 

Es decir, una verdadera liquidación organizada por el gobierno, para los inversores del exterior; tanto más tentadora cuanto más alto esté el dólar (por ejemplo si el gobierno cede a las presiones para volver a devaluar), o cuanto más bajo esté el precio de las acciones (por ejemplo si el mercado teme una liquidación masiva)..

Claro que para eso -y como se ocupan de señalarlo con preocupación las tres notas relevadas- deben sortear el escollo de la Ley 27.181, que exige autorización del Congreso para vender las acciones, con los votos de las dos terceras partes de los miembros de cada Cámara. Ley impulsada por Cristina, que nosotros calificamos acá como un "cepo a las privatizaciones", y que los hoy oficialistas votaron en contra en su momento.

¿Qué harán en tal caso el voluble Massa -ex director él de la ANSES, al que no se le ocurrió la idea de terminar con las AFJP_ y "Sanguchito" Bossio -otro ex director de la ANSES, y gestor en su momento del FGS- y sus respectivos bloques de legisladores?

¿Convalidarán el argumento de que parte de "la plata de los jubilados" se vaya por la canaleta de los negocios del gobierno de Macri con los bancos amigos, con la promesa de que "los jubilados estarán mejor"?

De cualquier modo, cualquier parecido de esta nueva ola privatizadora en ciernes con la de los 90' (en cuanto a los argumentos con los que se la pretende convalidar, y los beneficiarios del desguace del Estado) no son pura casualidad: la derecha parece empeñada en repetirse siempre a sí misma; aunque algunos (como Natanson) se empeñen en calificarla como "nueva".