Tal como se preveía, la reforma tributaria
planteada por el gobierno incluía figuritas a canjear con la oposición, para
que sigan adelante los puntos que más le interesan: a cambio de bajar los
impuestos al vino o la cerveza que jamás le interesó aplicar, Macri consiguió
un guiño de buena parte de los gobernadores para avanzar en el ajuste del
sistema previsional, derogando la fórmula de movilidad aprobada por la Ley
26.417 durante el gobierno de Cristina, para reemplazarla por un ajuste
trimestral por la inflación dibujada por Todesca.
El argumento fue
que “la ANSES no aguanta más”, curiosamente esgrimido por el mismo gobierno que
lanzó la “reparación histórica” sumándole compromisos permanentes (sin los
correlativos recursos permanentes) al organismo responsable de administrar el
sistema de seguridad social; y que en el marco del pacto con los gobernadores
le va a quitar el 20 % de la recaudación del impuesto a las Ganancias que le
está afectada, modificando el artículo 104 de la ley que lo regula.
Para peor, el
gobierno nacional ofrece compensarlo destinando a la ANSES el 100 % de la
recaudación del impuesto al cheque, que en la misma reforma establece que los
que lo paguen podrán imputarlo como pago a cuenta de Ganancias.
Va de suyo que del
mismo modo que el combo clausura de la moratoria/reparación
histórica/eliminación de la fórmula de movilidad tiene por objeto consagrar
hacia el interior del universo de jubilados la desigualdad en la distribución
de los ingresos, el desfinanciamiento de la ANSES no se traducirá en una baja
del gasto público porque irá destinado al pago de los mayores intereses de la
deuda.
Sin perjuicio de lo
cual el vaciamiento de la ANSES (que incluye el desguace del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad) le servirá al gobierno para instalar la idea de la vuelta
al sistema de capitalización individual, aunque sea como aporte complementario
y voluntario al de reparto: si algo caracteriza a la gestión de “Cambiemos” es
que están todo el día pensando como generarles nuevos nichos de negocios a los
bancos y fondos de inversión, del país y del extranjero.
Mientras tanto,
nadie parece reparar en el contrasentido de que las “jubilaciones de hambre”
que pagaba supuestamente el kirchnerismo y que forzaron el intento de imponer
desde el Congreso el 82 % móvil en el 2010 y ya en el gobierno de “Cambiemos”
la “reparación histórica” resultaron ser “insustentables” en términos
financieros, según nos cuentan ahora.
En términos
estrictamente políticos Macri les hará pagar a las provincias y sus gobernadores
los costos del ajuste previsional, o en todo caso eso será lo único que les
“coparticipe”; mientras compensa a Vidal para que retire su demanda judicial
(cuya presentación fue acordada con él) por la actualización del Fondo del
Conurbano.
Así como salió del
tesoro nacional la triplicación de la coparticipación federal a la CABA en los
primeros días de su gobierno, saldrá de la misma bolsa el auxilio financiero
para la reelección de Vidal en 2019, o para colocarla en condiciones de ser
candidata presidencial si no compitiera el propio Macri nuevamente.
Claro que esos
fondos que la nación destina a los distritos más importantes que gobierna el
PRO saldrán de los que el resto de las provincias dejarán de percibir por
“transferencias especiales”: no se puede pedir todo en la vida
Dejando de lado de
donde salen finalmente los recursos que hagan posible el arreglo si éste
finalmente se concreta (es dudosísimo que las provincias acuerden reducir
Ingresos Brutos, menos aun eliminarlo), el peronismo subsidiaría políticamente
el intento final por eliminarlo mediante el combo reforma laboral/inyección de
plata en el conurbano.
Siempre -claro
está- que Vidal no necesite destinar esos recursos adicionales a pagar la
monstruosa deuda externa que contrajo en apenas 2 años, con el aval y el apoyo
del massismo en la Legislatura: el 12º Estado más endeudado del mundo en ese
lapso, el primero si se consideran los sub-nacionales.
Creyendo que
contribuye a sepultar definitivamente cualquier posible candidatura futura de
Cristina, buena parte del peronismo -el que se apresta a firmar este pacto- se
suicida, posibilitando que 16 años después de la caída de De La Rúa otro
gobierno radical (porque la UCR es parte de esto, aunque a algunos radicales
“progres” les moleste que se los recuerden) en cuyas filas revistan Patricia
Bullrich y Sturzenegger vuelva a recortarle los salarios a los jubilados, y vuelve a buscar ayuda del peronismo para eso.
Habrá que ver si el
pacto también comprende el apoyo a la flexibilidad laboral como en los tiempos
de la Banelco, o ese aspecto queda afuera de la negociación dada la presunta
oposición de la CGT.
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