EL MODELO SANTA FE

Hace más o menos un año atrás y aun en medio del espeso blindaje mediático que existe en la provincia y en la ciudad para proteger a los respectivos gobiernos, los santafesinos asistían a dos escándalos políticos, vinculados con hechos de corrupción: la investigación judicial por irregularidades en los servicios de las llamadas “horas OSPE” de la policía (servicios de policía adicional), y el sistema de financiamiento de la estructura punteril en los barrios de Corral y la UCR local, a través de cooperativas truchas; denunciado por la investigación periodística que se dio en llamar “Corral paper’s”, causa por la que se allanó la municipalidad de Santa Fe por primera vez en su historia.

Un año después, ambas causas duermen el sueño de los justos en los tribunales santafesinos (por la de las horas OSPE hay algunos perejiles policiales imputados), y los fiscales que las instruían fueron separados de sus cargos, sumariados por el Ministerio Público de la Acusación y enfrentan una causa judicial promovida por el ministro de Seguridad Pullaro con el patrocinio de uno de los funcionarios de su cartera.

Los fiscales Apullán y Martín habían solicitado y obtenido autorización judicial para intervenir teléfonos de jefes policiales implicados en la causa OSPE, y así pudieron acceder a conversaciones de uno de ellos con Pullaro, donde el ministro admitía abiertamente digitar los concursos para los ascensos en la policía; concursos que estaban ordenados por una ley aprobada en 2006 durante el gobierno de Jorge Obeid, pero que los gobiernos del Frente Progresista demoraron -por presión de la propia policía- hasta el 2013. 

También pidieron los mismos fiscales allanar la municipalidad en la causa de las cooperativas y secuestraron documentación, a la que nunca tuvieron acceso ni pudieron revisar, para corroborar si había o no delitos cometidos por Corral y sus funcionarios.

¿Qué fue lo que pasó? Que por esos días hubo una reunión entre Corral y Lifschtiz que fue pública y difundida por los medios, en la que los dos hicieron a un lado sus diferencias políticas (que tenían entonces y aun hoy subsisten) para sacarse de encima a los fiscales molestos, cosa que tampoco es conjetura nuestra: las propias crónicas periodísticas de la reunión dieron cuenta entonces que el gobernador y el intendente hablaron “de la situación del Ministerio Público de la Acusación”.

Y vaya si consiguieron sacarse de encima a los que los investigaban: no solo los separaron de las causas sino que radicales y socialistas, con la inestimable colaboración de los senadores provinciales del PJ sancionaron entre gallos y medianoche una ley modificando la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación, para que los fiscales fueran acusados y sancionados por la Legislatura.

El mensaje mafioso de buena parte del poder político santafesino (con la honrosa excepción de algunos diputados) estaba dado: ojo con meterse a investigarlo, porque el que lo hiciera tenía los días de su carrera contados. Y si no, que lo digan los fiscales Apullán y Martí, que ahora recorren los tribunales pero no como funcionarios, sino como imputados.

Mientras estaban a cargo de las causas, el fiscal regional Arietti les ordenó mantenerlo informado por escrito de los avances de la causa, para informar a su vez a los poderes políticos del estado de las causas que involucraban a funcionarios.

Y lo hizo porque al igual que los demás fiscales regionales y los que desde el 2007 para acá cumplieron la función de Fiscales Generales, son comisarios políticos puesto por el socialismo y el radicalismo, en las respectivas zonas de influencia que se repartieron desde entonces para copar el Poder Judicial; promoviendo nombramiento de jueces, fiscales y defensores afines, muchos (muchísimos) de ellos, ex funcionarios de las gestiones provinciales o municipales del Frente Progresista. Como un ex Secretario de Seguridad que acaba de ser nombrado hace días camarista penal en Rafaela, o como otra ex funcionaria que es la encargada del control disciplinario de los fiscales, para faltas y sanciones menores, los ejemplos abundan.

Este es el “modelo Santa Fe” que propagandiza el socialismo, y que propone extender a todo el país, para “construir una alternativa progresista, sin ningún hecho de corrupción”; con el total silencio cómplice de los medios locales, con su boca tapada por los cheques de la publicidad oficial.

Imagináte si una mínima parte de todo esto pasara en cualquier provincia gobernada por el peronismo (Formosa, San Luis, Santa Cruz, la que se te ocurra): ya estarían las almas bellas republicanas pidiendo como mínimo, la intervención federal.

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