Pese a los avances de la década ganada en el juzgamiento de los crímenes de la dictadura, subsisten asignaturas pendientes, como el deslinde de las responsabilidades (gravísimas) que les caben a los sectores empresariales que fueron la pata civil del golpe; y más que socios, beneficiarios directos del despliegue del aparato represivo.
De allí que hoy sea más serio hablar -con estricta propiedad- de dictadura cívico-militar para describir el régimen que gobernó la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976.
Sin embargo estos años sí han sido pródigos en esclarecer ese carácter, y los profundos vínculos de los principales grupos empresarios (incluyendo los mediáticos) del país con la estructura de la represión.
Claro que los avances de las causas judiciales no van en paralelo, porque esos mismos grupos han sabido tejer redes de complicidad en la justicia, para permanecer impunes; y que el castigo quede circunscripto a los responsables materiales de la represión.
Por estos días se están ventilando varias causas que analizan la responsabilidad de popes empresariales en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero hay dos que son emblemáticas en más de un sentido: la causa del apagón de Ledesma que involucra a Pedro Blaquier, y la que investiga la apropiación de Papel Prensa por Clarín, La Nación y La Razón.
En el caso de la primera, leíamos el lunes en Página 12 que avanza firmemente hacia la instancia del juicio oral, con Blaquier (aun hoy, uno de los empresarios más poderosos del país) procesado; y hay razonable expectativa en que el proceso concluya -como debe ser- con su condena.
Muy distinto es el caso de la causa Papel Prensa, en la que el Secretario de Derechos Humanos de la Nación denuncia un virtual "cajoneo" del expediente, que hace meses no registra avances significativos pese a los numerosos testimonios y probanzas que se han arrimado para demostrar que los diarios se hicieron de la empresa en un contexto de clarísima vinculación con el proceso sistemático de violación de los derechos humanos que se vivía en el país.
Recordemos en ese sentido que hace poco se descubrieron en el edificio Libertador las actas secretas de la junta militar que demuestran que los genocidas hacían un seguimiento permanente y personalizado del caso Papel Prensa como lo que era: una cuestión de gobierno, y no una simple operación comercial entre privados.
Pero al parecer a la justicia ni siquiera esas pruebas le alcanzan no ya para llegar a un veredicto, sino para al menos citar a Mitre y Magnetto a dar las explicaciones del caso; no hablemos ya de una indagatoria o un procesamiento.
Si se lo contrasta con el caso Blaquier (que como dijimos, no es ningún bebe de pecho, y respaldos no le faltan en el propio mundo empresarial), la diferencia solo puede atribuirse a un único factor: el enorme poder de extorsión que los medios concentrados conservan sobre las instituciones de la democracia; incluyendo en primerísimo plano a la justicia.
Como para pensar que lugar les corresponde en la constelación del poder, ante la zoncera instalada que los considerada el cuarto, encargado de contrapesar la influencia de los tres que regula la Constitución Nacional.
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