SALUD CARTELIZADA

Tal como da cuenta esta nota de Rosario 12, la situación financiera de la provincia con la que se encontrará Omar Perotti al asumir el gobierno es motivo de creciente preocupación; con un déficit de 10.580 millones de pesos (antes de contribuciones financieras) acumulado en los primeros seis meses del año; y con un gobierno de Lifschitz que viene apelando a los adelantos en descubierto en el agente financiero, para pagar la mitad de la planilla de haberes mensuales de los agentes públicos provinciales.

Dentro de los renglones que aportan al abultado déficit, sobresalen la Caja de Jubilaciones y Pensiones con un déficit mensual del orden de los 1000 millones de pesos, y el IAPOS, que por primera vez en muchos años ha pasado a tener déficit.

Además de las circunstancias de orden económico general (como la prolongada recesión que impacta en la caída de la recaudación), en el caso de la obra social de la provincia impactan también en los números los costos crecientes de la salud, por los insumos y servicios que están atados a la evolución del dólar; en el marco de un proceso inflacionario que no merma.

Sin embargo, en el caso particular del IAPOS hay otro costado del problema que parece no ser tomado en cuenta, y que es la política prestacional que definieron los gobiernos del Frente Progresista: es un misterio insondable acceder a los términos de los convenios del IAPOS con sus prestadores, mayoritariamente cartelizados en asociaciones o gremiales que nuclean a clínicas y sanatorios; lo que les permite imponer condiciones que al parecer, la obra social provincial no puede (o no quiere) cuestionar ni discutir, ni siquiera aportando una cartera de afiliados/clientes del orden de las 600.000 personas, entre los empleados públicos y sus familias.

Un ejemplo típico de lo expuesto es el caso de los tratamientos de diálisis, que se canalizan a través de la asociación de prestadores del rubro, mecanismo al cual se sumó luego el Ministerio de Salud de la provincia, para los pacientes que se atienden en los hospitales públicos; como lo muestra el decreto que encabeza el post.

Un decreto que aprueba un convenio con la asociación que nuclea a los prestadores de servicios de diálisis, modificando otro del 2016 por el cual el IAPOS les pagaba a ellos los servicios de los pacientes derivados desde los hospitales provinciales para ese tipo de tratamientos, y luego el Ministerio de Salud les reintegraba los importes: evidentemente la situación financiera de la obra social (que tuvo que ser asistida por el Tesoro con adelantos de la contribución patronal delEstado empleador) ya no permitía sostener ese mecanismo.

Lo que no cambia, sin embargo, es el hecho de que la provincia sigue sin hacer valer la enorme “cartera” de pacientes que deriva a efectores privados de salud, sea a través del IAPOS o desde los hospitales provinciales del Ministerio de Salud, parta obtener mejores condiciones financieras a cambio de las prestaciones: por el contrario, ahora el Ministerio está adoptando para los hospitales el nomenclador de tarifas que ya viene aplicando la obra social, que no son otras que las impuestas por los prestadores.

Y en el caso particular del Ministerio de Salud, hay que añadir otra cuestión: no se entiende por que razón una gestión que ha invertido en infraestructura para construir nuevos hospitales en distintos puntos de la provincia, no los haya invertido en generar en ellos o en otros efectores de salud sus propios servicios de diálisis, sin necesidad de tener que derivar a los pacientes a efectores privados.

No se trata de una inversión menor: como lo muestra el decreto, se gastan casi 98 millones de pesos en este rubro, solo para los meses de octubre y noviembre de éste año; lo que supone unos 600 millones de pesos al año en un servicio que la provincia podría brindar a través de los efectores públicos de salud.