¿EN QUÉ QUEDAMOS AL FINAL?

¿La idea de los “contratos de participación pública privada” (PPP) no era que de ese modo se reactivaba la obra pública, haciendo que los privados aportaran el financiamiento que no podía aportar el Estado?

¿No fue con esa excusa que en el régimen legal se les dieron a las empresas contratistas todo tipo de privilegios, y el Estado renunció a un montón de prerrogativas legales que tiene cuando contrata, porque es el que gestiona el interés público?

Prerrogativas que incluyeron beneficios impositivos, libre acceso a las divisas, pagos por anticipado, eliminación de todo límite para repatriar utilidades si eran empresas extranjeras, y hasta la posibilidad de pactar cláusulas arbitrales y prórrogas de jurisdicción, para no tener que ventilar en el país los pleitos derivados de los contratos.

Y que fueron retocadas varias veces por decreto, en contra incluso de la propia ley de los PPP que el gobierno logró sancionar en el Congreso, siempre en el mismo sentido: otorgar cada vez más beneficios y privilegios a las empresas, para conseguir que se tentaran por ingresar al sistema.

Con ese mismo esquema se licitaron varios corredores viales nacionales con el sistema de peaje, en condiciones gravosas para el Estado y favorables para los grupos económicos que se presentaron a la licitación, para obras que nunca arrancaron; entre otras cosas porque la propia política financiera y económica del gobierno generó las condiciones para que las tasas de interés se fueran a las nubes, y resultara muy difícil (o inconveniente) para las empresas tomar un crédito para financiar las obras.

Todo eso para que ahora y según nos cuentan en este nota de El Cronista, para que la cosa al fin arranque el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior), o sea el estado, o sea todos nosotros, les “anticipe” a las empresas adjudicatarias un préstamo de 45 millones de dólares (como si además al Estado le sobraran dólares), para que las obras arranquen de una buena vez. 

Siendo además que de acuerdo a los pliegos de las licitaciones, y los contratos firmados en su consecuencia, las empresas ya están en condiciones de ser sancionadas con la pérdida de las garantías y la rescisión de los contratos, por no haber conseguido el financiamiento en los tiempos comprometidos.

La pregunta sería en tal caso (además de la obvia estafa que siempre supimos que eran los PPP), ¿por qué no le dieron ese préstamo por ejemplo a la Dirección Nacional de Vialidad para que haga las obras, y se quede con los peajes, en lugar de favorecer los negocios de unos pocos vivos?

Obviamente la pregunta es retórica, y la respuesta es obvia: porque si no sería macrismo. Y también porque en el medio y pese a hacer cáscara en la campaña con las obras viales (aunque las propias cifras oficiales marcan que la inversión pública se viene cayendo a pedazos, por el ajuste pactado con el FMI), el macrismo ensayó una privatización encubierta de Vialidad Nacional, luego dejada en el limbo ante las reacciones en contra.

Lo que queda claro es que se trata de otro caso más de “apurémonos a cerrar negocios, porque perdemos las elecciones y se nos termina el curro”.