En la última rueda de operaciones del MERVAL previa a las elecciones, hubo un sospechoso "rally alcista" de acciones de determinadas empresas, supuestamente motivada por una encuesta de origen sospechoso, que lo daba ganador a Macri en las PASO, o perdiendo por una diferencia mínima. Los resultados de la movida fueron tapa de los diarios del sábado, como parte de una operación montada en plena veda para influir en los electores, generando la idea de una elección peleada voto a voto.
Con el paso de las horas, se supo que fueron parte de la movida los principales bancos privados que operan en el país (que recompraron sus propias acciones), el Banco Nación y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, que pagó precios altos por acciones que el lunes se desplomaron en su valor, cuando se conocieron los resultados de las elecciones y la aplastante derrota del oficialismo.
Los hechos fueron tapados por la corrida del dólar en los días posteriores a las PASO, y hasta no se supo que la justicia tomara cartas en el asunto; porque la maniobras son más que una avivada electoral del gobierno, o una picardía del mercado: son delitos, y como tal deben ser investigados, y sus culpables condenados.
En efecto, no supimos que -por ejemplo- la recompra de las acciones por las mismas empresas haya ido precedida de una oferta pública, con intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV); y si fue tal como dicen, encuadraría en el delito tipificado por el artículo 309 del Código Penal, que en la parte que nos importa dice lo siguiente: “ARTICULO 309.-1. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco (5) años, el que: a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio;”
Con el paso de las horas, se supo que fueron parte de la movida los principales bancos privados que operan en el país (que recompraron sus propias acciones), el Banco Nación y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, que pagó precios altos por acciones que el lunes se desplomaron en su valor, cuando se conocieron los resultados de las elecciones y la aplastante derrota del oficialismo.
Los hechos fueron tapados por la corrida del dólar en los días posteriores a las PASO, y hasta no se supo que la justicia tomara cartas en el asunto; porque la maniobras son más que una avivada electoral del gobierno, o una picardía del mercado: son delitos, y como tal deben ser investigados, y sus culpables condenados.
En efecto, no supimos que -por ejemplo- la recompra de las acciones por las mismas empresas haya ido precedida de una oferta pública, con intervención de la Comisión Nacional de Valores (CNV); y si fue tal como dicen, encuadraría en el delito tipificado por el artículo 309 del Código Penal, que en la parte que nos importa dice lo siguiente: “ARTICULO 309.-1. Será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa equivalente al monto de la operación e inhabilitación de hasta cinco (5) años, el que: a) Realizare transacciones u operaciones que hicieren subir, mantener o bajar el precio de valores negociables u otros instrumentos financieros, valiéndose de noticias falsas, negociaciones fingidas, reunión o coalición entre los principales tenedores de la especie, con el fin de producir la apariencia de mayor liquidez o de negociarla a un determinado precio;”
El artículo fue incorporado al Código Penal en el 2011, a través de la Ley 26.733, que introdujo el capítulo de los delitos contra el orden económico y financiero; pero además hay que considerar lo que pasa con la participación de organismos públicos (como el Banco Nación o el FGS de ANSES) en la maniobra.
En ese caso el delito cometido sería el de "administración infiel", una forma de defraudación o estafa contemplada en el artículo 173 inciso 7) del Código Penal, que dice lo siguiente: "Será reprimido con prisión de un mes a seis años...El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos;" (las negritas otra vez son nuestras).
Acá dicen que el kirchnerismo promueve que se investigue la conducta de Gabriel Martino, del HSBC (el banquero favorito de Macri) y de Luciano Cohan, de la consultora Elypsis y ex funcionario del gobierno. También la CNV estaría tomando cartas en el asunto a pedido de la SEC (su equivalente estadounidense). A ver si alguno de esos fiscales tan prestos a intervenir cuando el acusado del delito es un ex funcionario kirchnerista se ponen las pilas, y empiezan a investigar este curro.
En ese caso el delito cometido sería el de "administración infiel", una forma de defraudación o estafa contemplada en el artículo 173 inciso 7) del Código Penal, que dice lo siguiente: "Será reprimido con prisión de un mes a seis años...El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare abusivamente al titular de éstos;" (las negritas otra vez son nuestras).
Acá dicen que el kirchnerismo promueve que se investigue la conducta de Gabriel Martino, del HSBC (el banquero favorito de Macri) y de Luciano Cohan, de la consultora Elypsis y ex funcionario del gobierno. También la CNV estaría tomando cartas en el asunto a pedido de la SEC (su equivalente estadounidense). A ver si alguno de esos fiscales tan prestos a intervenir cuando el acusado del delito es un ex funcionario kirchnerista se ponen las pilas, y empiezan a investigar este curro.
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