LA FRASE

"QUIERO SER DE NUEVO CANDIDATO A PRESIDENTE PORQUE MIS SEGUNDOS PERÍODOS FUERON LOS MEJORES, EN BOCA Y EN LA CIUDAD; Y ESO EN EL PAÍS NO ME COSTARÍA DEMSIADO." (MAURICIO MACRI)

sábado, 28 de mayo de 2011

INUNDADOS: ¿QUIÉN DICE LA VERDAD?


Leemos en el Boletín Oficial de la provincia declaraciones de Iván Cullen, el abogado que patrocina a la mayoría de los damnificados de la inundación del 2003 que reclaman indemnizaciones al Estado provincial por los daños causados por la catástrofe, incluyendo la pérdida de vidas humanas.

Dice allí Cullen que se conformaría con el gobierno una "comisión de expertos" que se expediría en un plazo de 90 días para determinar si exitió responsabilidad del Estado -ocho años después del "a mí nadie me avisó" de Reutemann-, y poder resolver el pago de las indemnizaciones, en bonos y a partir del 2012; es decir cuando Hermes Binner ya no esté en el gobierno.

No se conocieron -al menos hasta ahora- declaraciones de funcionarios del gobierno provincial sobre el asunto, pero Binner dictó hacer ya más de dos años éste decreto, según el cual justamente se haría lo que hoy dice Cullen que se hará: convocar a expertos, analizar las causas de la catástrofe, determinar el grado de responsabilidad del Estado y, conforme a eso, resolver los reclamos indemnizatorios.

No hace falta decir que, más de dos años después, nada se ha hecho al respecto; y peor aun: hace pocos días supimos que la Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazó un recurso presentado por el gobierno de Binner para que se suspendieran los juicios civiles donde se le reclama a la provincia el pago de indemnizaciones por los daños causados por la inundación, hasta tanto se expidiera la justicia penal en las causas que se tramitan en ese fuero, para determinar las responsabilidades de los funcionarios del gobierno de Reutemann.

Es decir entonces que, mediante ese recurso, lejos de intentar buscar una solución a los reclamos, el gobierno provincial pateaba la pelota para adelante, sabedor además que la extensa red de complicidades que Reutemann montó en la justicia santafesina, dilatarían un pronunciamiento sobre la cuestión, si es que alguna vez se produce; y por ende se dilataría también la resolución de los reclamos civiles.

La Corte resolvió como se indicó porque está en el ojo de la tormenta en torno al tema, y si lo hubiera hecho en otro sentido hubiera estallado la polémica en pleno año electoral, y con un nuevo gobierno provincial a las puertas, que podría no ser tan tolerante con sus miembros como lo fue el de Binner, o por lo menos eso conjeturan sus miembros.

Pero lo central del caso es la conducta del gobierno de Binner en este asunto (en el cual no tiene la culpa originaria porque no gobernaba la provincia en el año 2003), y en ese sentido la absoluta inacción de la administración del Frente Progresista en aplicar su propio decreto del 2009 (que involucraba además otras ambiciosas metas de las que nunca se supo nada después), es perfectamente coherente con la estrategia judicial seguida por la Fiscalía de Estado en la causa que acaba de fallar la Corte: patear todo para adelante.

Sin embargo, las declaraciones de Cullen merecen una respuesta o aclaración oficial, porque de lo contrario quedará claro que el gobierno de Binner es el que miente en esta cuestión, y lo viene haciendo deliberadamente desde el 2009; cuando dictó un decreto rimbombante a escasos días de un nuevo aniversario de la tragedia del Salado, simplemente para acallar las manifestaciones y reclamos de los daminificados, y no porque tuviera el propósito cierto de encarar la solución del problema.

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