Un mes atrás te explicábamos acá lo que pasaba con el promocionado "Plan Abre" lanzado por el gobierno provincial para hacer obras en Santa Fe y Rosario, y eventualmente en Villa Gobernador Gálvez: se invocaba la ley de emergencia en seguridad (la misma que Bonfatti vetó en su momento) para contratar obras millonarias sin hacer licitación pública, violando incluso los mismos límites de montos que esa ley establece; y se adjudicaban las obras siempre a las mismas empresas, que se las repartían.
También veíamos como la gran mayoría de las obras terminaban siendo adjudicadas a ofertas que estaban bastante por encima del presupuesto oficial, a empresas a las que se les otorgaban anticipos financieros de hasta un 20 % del valor de los contratos; todo financiado en casi su totalidad con las partidas del fondo soja que envía la nación.
El diputado Tonioli del Movimiento Evita se hizo eco de la información, y presentó un pedido de informes en la Legislatura sobre las irregularidades, aun sin respuestas de parte del gobierno provincial.
Lejos de eso, el 25 de febrero Bonfatti dictó los Decretos 509 y 510 por los cuáles adjudicó sendas contrataciones directas (donde volvió a invocar la "urgencia derivada de acontecimientos imprevisibles"), para la ejecución de 65 "soluciones habitacionales para diferentes procesos de relocalización, en el barrio La Palmera- Rosario" en el primer caso; y para "el proyecto de ejecución de infraestructura de 163 lotes barrio Cordero II Rosario" en el segundo.
En ambos casos se hicieron concursos de precios entre empresas previamente invitadas (ya que no hubo publicidad), y se presentaron en el primero EDECA S.A. PECAM S. A., OBRING S.A. DINALE y EPRECO S.R.L.;y en el segundo PECAM S.A, OBRING S.A. y EDECA S.A.: vale decir, siempre las mismas.
En el caso del barrio La Palmera (Decreto 509) las ofertas presentadas estuvieron entre un 21,25 y un 26,59 % por encima del presupuesto oficial; y en el caso del barrio Cordero II, entre un 29 y un 46,72 % por encima: un claro caso de cartelización de la obra pública para inflar los precios de los contratos, por empresas cercanas al gobierno y favorecida la maniobra por éste.
También en ambos casos se les otorgaron a las empresas adjudicatarias anticipos financieros (es decir dinero que se les da antes de que empiecen los trabajos) por el 20 % del valor total de los contratos, que en el caso de los aprobados por el Decreto 510 se financian íntegramente con el Fondo Soja.
1 comentario:
ESQUEMA DEL NEGOCIO SOCIALISTA Y LAS EMPRESAS AMIGAS:
-Cotizaciones empresarias en los contratos de obra pública con un 25% de aumento promedio sobre la cotización oficial.Es decir sobre un precio estimado de $1.000, las empresas ofrecen hacer la obra y se les adjudica el trabajo por $1.250. Diferencia a favor empresa:$250
-Luego le dan un ANTICIPO FINANCIERO del 20% del monto de obra: $1.250 x 20%: $250.
Es decir que el monto inflado en la cotización ($250), se lo regalan como adelanto. Ya tenemos $250 en la bolsa.Antes de empezar.
-Luego piden REDETERMINACIÓN DE PRECIOS, con un promedio de un 25% sobre la cifra del contrato original($1.250 x 25%): O sea otros $312 para la empresa, y ya van $562 sobre el precio real de la obra ($1.000), es decir 45% de embolse.
-También durante el contrato, la Provincia autoriza ADICIONALES de obra, que se aprueban y se pagan, con un promedio del 20% del precio de adjudicación, es decir otros $250, que se suman a los $562 ya embolsados, y dan un total de $812.
Total pagado $1.812 sobre una obra que vale $1.000. Eso sí, es una obra progresista.
Cambien los mil pesos del ejemplo por mil millones, y me cuentan. Desde que Tognoli está preso, de algún lado hay que sacar.
En Santa Fer, ni un caso de corrupción (pequeño).
El Colo.
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