Leíamos ayer en El Cronista que preocupa en el gobierno que la inflación no ceda y comprometa la banda superior de la meta pactada para éste año en el acuerdo con el FM, que es del 32 %. La inferior, del 27 %, vamos rumbo a pasarla como alambre caído si se repara en que en los primeros siete meses del año ya acumulamos un 19,6 %.
En la misma nota las consultoras de la city (esas que nunca pegan una) tiran sus propias estimaciones de inflación para éste año (sospechosamente cercanas al 32 % fatídico, o muy poco por encima de él), y para el año que viene, en torno al 20 %, punto más, punto menos. Sus aciertos anteriores (ninguno) autorizan a suponer que tampoco esta vez la pegarán, aun cuando de hacerlo, todos sabemos el costo: una recesión machaza por caída del salario y el consumo, aun peor que la que ya estamos padeciendo.
Pero al parecer la inflación ya no solo no es "lo más fácil de resolver para el gobierno" (el propio Macri acaba de admitir públicamente que solo empezará a bajar cuando su mandato haya concluido), sino que tampoco sería la preocupación primordial del staff del FMI: así como la tecnocracia del Fondo aceptó "flexibilizar" los compromisos en materia de uso de los fondos del préstamo stand by para intentar frenar la corrida del dólar (léase facilitar la fuga y salida de los amigos, antes de que todo explote), ahora estarían dispuesto a firmarle al gobierno un "waiver" (perdón) por el incumplimiento de la meta inflacionaria; con tal de que cumpla la meta fiscal, es decir el ajuste del gasto.
Siempre según el artículo, consultoras, gobierno y FMI coinciden en un punto: sin seguridades de que la corrida cambiaria haya terminado y no se reanude aun con más fuerza, con todo lo que implica en el país una devaluación del peso y su traslado a precios, con precios clave de la economía dolarizados (la energía, los combustibles, las alimentos básicos de la canasta familiar), la única herramienta en la que confían para frenar la inflación es...sí, adivinaron: el ancla salarial, poniéndole techo a los aumentos pactados en paritarias; empezando por los del propio Estado.
Como ejemplo actual de ésto último tenemos las irrisorias ofertas salariales de Vidal a los docentes bonaerenses, y del gobierno nacional a los docentes universitarios; en ambos casos con paritarias eternas que nunca se cierren, mientras esos salarios viejos son devorados por la inflación acumulada, y disminuyen su peso relativo en las cuentas públicas; aportando así (claro que no voluntariamente) lo suyo al cumplimiento de las metas fiscales pactadas con el FMI, por un gobierno que a su vez se financia con la inflación, vía mayores ingresos por IVA y Ganancias (ya han anunciado que pospondrán el ajuste por inflación de los balances de las empresas para la liquidación del impuesto. Al mismo objetivo obedece la nueva ola de despidos en el Estado, por ejemplo en Télam o en las plantas de Fabricaciones Militares.
De este modo y aun con una inflación que, de producirse en un gobierno que no fuera del palo, no vacilarían en tildar de "chavista" (si se llega al 32 % o se lo sobrepasa, los primeros 3 años de Macri tendrán más inflación en promedio que el kirchnerismo, y que todos los gobiernos desde la híper), el FMI y el consenso de los economistas mainstream revelan cual es el objetivo primordial: la pérdida de participación relativa del trabajo en la distribución de la renta social, y la licuación del "costo argentino", entendido como tal el peso de los salarios, medido en dólares.
Es decir un esquema que (en teoría) es "win win" para todos, menos obviamente para los trabajadores: el capital recupera "competitividad" (léase tasa de ganancia) licuando salarios, y el Estado obtiene excedentes presupuestarios para garantizar el pago normal de los servicios de la deuda; y así poder (suponen) volver a ganar la confianza de los mercados, para retornar a los mercados de deuda y financiar la continuidad de Macri en el poder, más allá de 2019.
¿Qué podría fallar? Todo, aun sin considerar la más que previsible resistencia social y sindical al modelo; y si no nos creen, ahí tienen el ejemplo de Grecia a la mano: deterioro de todos los indicadores sociales, desempleo rondando el 20 %, salarios amputados en buena parte de su poder adquisitivo. Y aun sin tener en cuenta tampoco que el problema estructural de la economía argentina, que tantas crisis ha detonado en el pasado, no es el déficit fiscal sino la restricción externa.
Eso sin mencionar que las políticas de ajuste profundizan los procesos recesivos en lugar de superarlos, y contraen la recaudación fiscal, comprometiendo así la generación de excedentes para el pago de una deuda que pesa cada vez más en las cuentas públicas (por efecto de la devaluación sin freno), y que en consecuencia acerca cada día más el fantasma del default. Un riesgo tan cierto, que hasta el propio staff del FMI lo admite explícitamente en su informe de julio pasado.
Pero esa será otra historia: baste lo dicho hasta acá para entender que el gobierno de Macri sigue manteniendo las mismas prioridades que tuvo desde el principio: declararle la guerra frontal al salario, al empleo, a los trabajadores y a sus derechos.
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