¿UN AUMENTO ILEGAL?

Otro golpe al bolsillo ❎ La EPE tuvo que trasladar a los usuarios parte del 36,1% que sufrió el precio mayorista de la electricidad y rige desde el 1º de agosto ➡️ https://t.co/QxzAdvk3Fh pic.twitter.com/OvQXauuMUg

— Diario El Ciudadano (@elciudadanoweb) 4 de agosto de 2018

Leemos en El Ciudadano que la EPE aplicará un aumento en sus tarifas del 15 % como consecuencia del incremento que fijó CAMMESA (la administradora del mercado mayorista de electricidad), que las autoridades de la distribuidora provincial estimaron en un 36,1 %.

También leemos que el aumento regiría a partir del 1º de agosto, es decir retroactivamente, porque la decisión recién se conoció ayer.  

Pese a lo que señala en la nota, en la página web de la empresa no está publicado el nuevo cuadro tarifario, y en consecuencia no sabemos cuando se dictó la resolución del directorio que lo aprueba. Tampoco fue publicada en los Boletínes Oficiales del miércoles, jueves o viernes.

Menos que menos  se celebró la previa audiencia pública que el propio Lifschitz dispuso como requisito en el Decreto 3209/16, y al no estar publicados los cuadros tarifarios es imposible saber si dicho requisito no era exigible en virtud de tratarse del supuesto contemplado en el artículo 3 inciso b) de la reglamentación aprobada por ese decreto; que dice que debe celebrarse audiencia pública: "Cuando la Empresa Provincial de la Energía considere necesario el reajuste de las tarifas por aumentos o disminución del costo de sus componentes (VAD), excepto aquellos que impliquen sólo el traslado de las modificaciones en los precios estacionales que fije CAMMESA." (las negritas son nuestras).

En el caso que no fuera así y la audiencia pública resultara obligatoria, el artículo 7 del Reglamento dispone que "La Audiencia Pública deberá realizarse con una antelación no menor a 30 días de la entrada en vigencia proyectada para las variaciones que motiven la convocatoria, para lo cual la Autoridad de Aplicación fijara fecha y lugar de realización con 15 días de antelación.". De cualquier modo, está claro que los aumentos nunca podrían tener carácter retroactivo, como parece que éste tendrá. 

Dice en la nota que las autoridades de la EPE explicaron "...que la medida significa, que la factura a abonar por la EPE a Cammesa pasó de 1.000 millones de pesos a casi 1.500 millones de pesos mensuales.", lo que supone pasar de pagar 12.000 millones de pesos al año por la electricidad, a pagar 18.000 millones.

Lo que no dice es que de acuerdo con el presupuesto provincial aprobado a fines del año pasado, la EPE pensaba gastar 8425 millones de pesos en comprar electricidad (no 12.000), o lo que es lo mismo, el 40,78 % de los $ 20.658.958.000 de gasto total; cifra que va más o menos en línea con lo que pasó el año pasado, donde la compra de energía representó el 42,84 % de los gastos totales de la distribuidora: ver más info acá.

La manera en la que se termina decidiendo el nuevo aumento de las tarifas de la luz que deberemos pagar los santafesinos (sin acto administrativo que la disponga publicado, sin saber si correspondía o no hacer audiencia pública, en forma retroactiva, sin que se publiquen los cuadros tarifarios) impide saber si la EPE traslada todo el costo del aumento del precio de la electricidad dispuesto por CAMESSA a los usuarios (lo que no correspondería, porque la luz no llega ni a la mitad de sus costos totales conforme lo señalado), o solo la proporción en que éste incide en su estructura de costos.

Porque si fuera éste el último caso, hay que preguntarse por qué no fue así en los aumentos anteriores, o por qué aumentaba la luz en los gobiernos del Frente Progresista entre diciembre de 2007 y el mismo mes del 2015 (es decir, durante los gobiernos de Cristina), cuando la compra de electricidad en el mercadeo mayorista estaba subsidiada por el Estado nacional.