Vemos en la corneta como en España el amigo Rajoy (tan preocupado por la seguridad jurídica en el caso de Repsol) se mandó un decretazo para meter mano en Televisión Española, modificando la ley vigente para poder imponer a los miembros del directorio.
Exactamente el proceso inverso seguido acá con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; que contempla la participación de los partidos de la oposición en la conducción de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.
Aunque después esos partidos de la oposición hagan el papelón de cuestionar la ley en la justicia, y después de eso, negarse a integrar el directorio para no convalidar una ley votada por amplísima mayoría en el Congreso, o peor aun: pelearse y discutir representatividades entre ellos, de modo que a dos años y medio de sancionada la ley, todavía no pudieron designar sus representantes.
Imaginemos ahora por un momento cual hubiera sido la reacción de los medios hegemónicos argentinos (esos que como Clarín siguen teniendo secuestrada una parte sustancial de la ley en la justicia con cautelares), si Cristina hubiera tomado una medida no digamos igual, sino parecida a la de Rajoy.
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