COMPROMISOS

Pasó un nuevo aniversario del golpe del 76' atravesado por conmemoraciones divididas por el presente (lo que ha sido un clásico todo estos años), a partir de contradicciones que no siempre enriquecen el debate político; o el concepto de la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país, en todo tiempo. 

Sin que sea cuestionable que se traspolen al presente los horrores del pasado (en tanto intento de entrelazar la historia dándole un sentido), por momentos pareciera difícil para algunos evitar la tentación de caer en comparaciones absurdas; de lo cual los famosos afiches de la UCR conocidos en los días previos no fueron sino una muestra gráfica de cierto sentido político -bastante primitivo y torpe, por cierto- instalado.

Claro que existen contemporáneamente violaciones a los derechos humanos en la Argentina que reclaman justicia; y no hablemos ya de las negaciones a derechos fundamentales de las personas (trabajo, salud, educación, vivienda) no satisfechos por las políticas públicas, sino aun en el mismo plano de la vulneración de las mínimas garantías individuales por el accionar (o la omisión) del propio aparato estatal: allí están los casos de Luciano Arruga o Julio López, los abusos que se cometen en las cárceles o los innumerables casos de gatillo fácil policial para comprobarlo. 

Sin embargo lo que denota el panorama de las conmemoraciones del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia es otra cosa, y es que la política de DDHH ha quedado atrapada por el clivaje kirchnerismo-antikirchnerismo; razón por la cual no se la percibe como lo que es: no el logro de un gobierno circunstancial, sino un activo democrático del conjunto del sistema político y la sociedad argentinos.

O por lo menos desde el amplio y fragmentado arco opositor al kirchnerismo hay una gran reticencia a reconocerle públicamente tal condición, sin advertir que todos estos años se la sostuvo como una política de Estado; desvirtuando en los hechos las críticas que se le hicieran a Néstor Kirchner cuando tomó con fuerza la bandera de los derechos humanos en el 2003: desde que era un recurso oportunista para ganar consenso y superar la debilidad inicial de su gobierno, hasta que se trataba de una impostura para darle un barniz ético a un proyecto político que institucionalizaba la corrupción. 

Críticas que pasan por alto la obviedad de que la política de derechos humanos y el juzgamiento de los crímenes de la dictadura tuvieron siempre un rédito electoral relativo (acotado a determinados sectores de la sociedad),  y estuvieron políticamente sujetos en su adhesión social a los vaivenes de la realidad; que siempre marca otros aspectos que aparecen -recalcamos el término- como más acuciantes (inflación, inseguridad), porque además la propia oposición se ocupó sistemáticamente de plantearlos como tales, en un falso debate sobre las prioridades de la gestión del Estado.

Esa falta de reconocimiento explícito de casi todo el arco opositor -con honrosísimas excepciones- a la política de derechos humanos de los gobiernos de Néstor y Cristina, permite además sembrar dudas sobre su compromiso real para continuarla en el futuro si les tocara gobernar; casualmente (o no) cuando el desarrollo de los juicios marcha en el sentido de establecer las responsabilidades de las patas civiles y empresariales del golpe del 76'.  

Desde ésta óptica, incluso el propio caso Milani (convertido en el emblema utilizado para reprocharle incoherencia al kirchnerismo consigo mismo en éste campo) podría volverse fácilmente en contra de quienes lo utilizan: ¿o acaso no se le cuestionaba a Kirchner en el 2003 haber elegido en las FFAA un adversario fácil para confrontar, desprestigiado y debilitado en su capacidad de ingerir como actor político?  

Focalizar la crítica en el actual jefe del Ejército en un contexto en el que se hace difícil (tal cual lo señalábamos acá) distinguir la legítima preocupación por los derechos humanos, de la molestia por cierto compromiso político y social de las fuerzas armadas; mientras se silencia estruendosamente todo señalamiento sobre la participación decisiva de los principales grupos económicos del país (de entonces y de hoy) en el golpe ¿no significa también desde buena parte de la oposición elegir confrontar con un adversario más débil?

Las marchas y contramarchas de nuestra transición democrática en materia de juzgamiento de los crímenes de la dictadura se interpretaron siempre cono concesiones a la realidad de fuerzas imperante, o al poder de desestabilizar el sistema que conservaban las fuerzas armadas. Al menos este es el argumento con que -por ejemplo- los radicales explican la obediencia debida y el punto final.

¿No es legítimo suponer entonces que la falta de compromisos públicos explícitos para asumir la política de derechos humanos instaurada en el 2003 como una política de Estado que debe ser continuada con prescindencia de quien gobierne, tiene que ver con que la dinámica propia de los juicios lleva -más tarde o más temprano- al establecimiento de las responsabilidades de grupos económicos que conservan aun hoy un peso decisivo para imponer o vetar determinadas decisiones en el país? 

Esos factores reales de poder que operan por fuera de los cánones democráticos fueron gestores y beneficiarios principales del golpe, y los avances en la percepción social de ese hecho (y sus traspolaciones al presente) no se han visto correspondidos hasta acá en los estrados judiciales; en buena medida porque conservan una enorme capacidad de presión sobre la justicia (en la que supieron urdir por años consolidados nichos de complicidad) y sobre el conjunto del sistema político.

Las tapas de Clarín y La Nación de ayer (al igual que las de años anteriores, sin la más mínima mención al aniversario del golpe) son algo más que una decisión editorial: representan un claro mensaje de que los juicios de la verdad serán soportados como un mal inevitable (cuando no denostados como simple venganza, como en ésta increíble columna de Romero de ayer en la tribuna de doctrina); a condición de que se limiten exclusivamente a los genocidas de uniforme.

Y para quienes sólo conciben la política desde la generosa disponibilidad de espacios mediáticos (y más aun: aceptan que su discurso político sea editorializado desde los grandes medios), el mensaje no puede ser más claro. 

La búsqueda de justicia nunca puede dividir a una sociedad (tal la crítica inicial al kirchnerismo por su política de DDHH, hoy mantenida como impugnación política global); sino entre inocentes y culpables, entre los asesinos y torturadores, los cómplices y las víctimas.

Esta visión que apuntamos para el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura sí cabe -en nuestra opinión- que se extrapole al presente, cuando la crítica oportunista al anteproyecto de reformas al Código Penal parece encubrir (como decíamos acá) la oposición a que se establezca claramente la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y por ende de las empresas y grupos económicos; que siguieron medrando aun en democracia con maniobras en las que no vacilaron en poner en riesgo la continuidad misma del sistema; para poder incrementar sus negocios.

O cuando los motines policiales de diciembre pasado y la tolerancia hacia el autogobierno de las fuerzas de seguridad dan por tierra con ciertos consensos mínimos (como el Acuerdo de Seguridad Democrática firmado por múltiples actores políticos en el 2009), porque la política se rinde ante actores que conservan capacidad de presión y extorsión; como las policías de todo el país.

Son estas zonas grises de la democracia las que terminan condicionando el debate político  y desnaturalizando los propios procesos electorales; porque desde el propio sistema de partidos se institucionaliza la capacidad de los actores extra-institucionales de influir en las políticas públicas y condicionarlas; con prescindencia de lo que la gente vote.