ESTADO, POLÍTICA, GOBIERNO Y DEMOCRACIA SEGÚN EL PROFESOR ROMERO

Por Raúl Degrossi

Reconozco cierta debilidad por las columnas del profesor Romero en La Nación, en tanto expresan toda una corriente de pensamiento que apuntala desde la academia la línea editorial de parte de los medios hegemónicos y -más interesante aun-, el discurso político de buena parte de los partidos opositores, en especial el radicalismo y el socialismo.

Hace poco en ésta entrada analizaba otra columna de Romero, en la que pretendía deslegitimar las credenciales democráticas del peronismo (insertando claramente al kirchnerismo dentro de esa gran tradición política argentina), contraponiendo los valores de la democracia (en tanto sistema político fundado  en la voluntad popular), con los de la república; en tanto estructura jurídica de división de roles entre los órganos del Estado.

Y decía entonces que lo sorprendente del análisis de Romero (ideológicamente sesgado, claro está, lo que no es una crítica sino una constatación) eran las gruesas falencias de percepción de los procesos históricos que encerraba; no ya desde la óptica de la labor de interpretación de los hechos (y aun de su selección por orden de importancia), sino desde las omisiones que invalidaban el conjunto, porque denotaban que ese sesgo ideológico terminaba empobreciendo la visión del proceso: algo parecido al conocido caso de su mentor Halperín Donghi con los bombardeos a Plaza de Mayo en el 55'.

En esta columna de ayer de la tribuna de doctrina pasa algo parecido, pero esta vez cuando el profesor se mete a analizar las complejas relaciones entre la política, el Estado y el gobierno; y como se articulan en un régimen democrático.   

El eje argumental de Romero parte (como casi siempre lo hace) de la añoranza de dos épocas doradas: la de las generaciones posteriores a la sanción de la Constitución de 1853 (en especial la Generación del 80'), y la primavera alfonsinista de la restauración democrática; en las que un Estado presuntamente aséptico desde el punto de vista político e ideológico (el sueño del institucionalismo  republicano) pensó y llevó adelante (o trató de hacerlo) un país al margen de la volubilidad de los cambios políticos, y de los peligros del "decisionismo presidencialista"; una idea ésta no sólo vieja como crítica (ya se la lanzaban a Sampay en los debates de la reforma del 49', acusándolo de abrevar en Carl Schmitt), sino desconocedora de una de las instituciones constitucionales más representativas de nuestra propia tradición política e histórica.

Pero además una idea que parte de supuestos falsos: el Estado es siempre un territorio de disputa, porque los proyectos políticos que pugnan por dirigir una sociedad (sea en democracia o en regímenes dictatoriales) tienen cada uno su propia idea o modelo de Estado, en tanto éste es un instrumento decisivo en la implantación de un modelo social y económico.

Porque allí está otro de los errores (u omisiones) del profesor Romero: el Estado interviene siempre, por acción u omisión, y el Estado fundado sobre el credo liberal del 53' intervino y de un modo sí que decisivo en la configuración de la Argentina post Caseros: organizó jurídicamente al país (con los Códigos Civil y Comercial que hoy se busca modificar) en modo acorde con el liberalismo manchesteriano de las Bases, garantizó el monopolio de la fuerza por el Estado nacional imponiéndose a los últimos caudillos federales (que expresaban la resistencia al nuevo orden) y la seguridad territorial a través de la campaña de Roca, para dotar de certeza a la expansión de la frontera agropecuaria.

Todo en beneficio de la clase que construyó la Argentina moderna: la oligarquía terrateniente, clase con modernismo cultural suficiente para admitir el laicismo o la educación común, pero con el suficientemente acendrado feudalismo como para defender con uñas y dientes sus privilegios económicos, aun al precio de negar el humanismo liberal de la propia Constitución; como con la ley de residencia o la de defensa social para expulsar a los extranjeros indeseables.

Clase que -sorprendentemente- está por completo ausente del análisis del profesor Romero, quien afirma (sin ponerse colorado) que "Por el camino de la promoción, el Estado adjudicó franquicias, probablemente necesarias para consolidar el interés general, pero que gradualmente derivaron hacia los privilegios, y finalmente, las prebendas. Tal el caso de las leyes de asociaciones profesionales o de promoción industrial. El Estado potente fortaleció los grupos de interés y éstos, para asegurar sus franquicias, aprendieron a presionar al Estado y competir por la distribución de sus beneficios; finalmente se instalaron en sus oficinas y ministerios.".

Notable: según Romero, sólo en la Argentina industrial de la segunda postguerra el Estado argentino comenzó a ser colonizado por presiones e intereses corporativos, y sólo por parte de los sectores industriales (no negaremos acá el comportamiento depredatorio de nuestra burguesía rentista), o de las organizaciones sindicales, pugnando por beneficios y espacios de poder en la estructura estatal. Ingenuo es lo menos que podría decirse del análisis, si uno no supusiese que es, además, interesado: ¿o acaso no vemos hoy, con la discusión de la 125 o ante cada intento de reforma tributaria que toque a las propietarios de la tierra, las reacciones airadas de aquéllos que suponen que el Estado es sólo una ventanilla para sus negocios?

Pero hay más: toma nota Romero del cambio operado con la llegada al poder de Néstor Kirchner en tanto proclamó que la política recuperaba la primacía sobre los poderes corporativos, pero lo minimiza al señalar que lo hizo a costa de destruir al Estado; una afirmación que -como dijimos acá- es absolutamente antojadiza y poco seria desde el punto de vista científico: para alguien que habla del Estado como si lo conociera en profundidad, Romero se ha autoeximido de aportar algún ejemplo concreto que vaya más allá del remanido del INDEC. 

Y establece una dicotomía falsa entre voluntad política (en tanto decisión impulsora del sentido de la acción estatal) y superestructura organizativa del Estado, en tanto aparato que despliega en el territorio y la realidad las políticas públicas; porque por más voluntad que hubiese intentado expresar Kirchner (y hoy Cristina) para que la politica recupere la primacía, no hubiera podido desplegar ninguna política consistente y relevante (y vaya si las hubo) , sin una mínima reconstrucción de las capacidades de gestión del aparato estatal.

El verdadero trasfondo de la opinión de Romero es un intento más de mediatizar la voluntad popular, que se expresa en la elección de aquél que accede a la conducción del Estado, y por ende adquiere el título de legitimidad política (y jurídica) para orientar el rumbo de las políticas públicas: el sentido si no único, al menos fundante de la democracia misma.

Y si no, vean estos dos párrafos: "Pero hay aspectos estatales específicos: el marco jurídico e institucional, las agencias públicas y el funcionariado, con su capacidad y su ética profesional. En un Estado virtuoso, esa maquinaria sirve para planificar las políticas gubernamentales, prever sus consecuencias, evaluar sus resultados. Todo ello implica una limitación al decisionismo o a la primacía de la política. A la vez, un Estado deteriorado estimula el uso de golpes de voluntad política, para sustituir las falencias de los instrumentos normales." .

Y éste otro: “Por otro lado, fue reapareciendo el antiguo estilo político, descartado en 1983. Volvió la fundamentación plebiscitaria -que colocaba a los presidentes más allá de la ley-, el estilo faccioso y la identificación entre partido, gobierno y Estado. De las transformaciones de 1983 sólo quedó el sufragio, y poco más.El balance es poco alentador. Con un Estado en estas condiciones no parece posible otro tipo de gobierno. Por otra parte, en sus diversas expresiones, estos gobiernos han cosechado un apoyo amplio por parte de los votantes, que parecen estar muy lejos de aquella ciudadanía de 1983, celosamente vigilante de la institucionalidad democrática. Libres de controles institucionales, los gobiernos usan sin limitaciones los recursos estatales, y con ellos producen los sufragios necesarios para su reproducción.”.

Clarito, ¿no?: el viejo truco del clientelismo (como siempre, pobretón de argumentos, gorilísimo de cuna), la dicotomía entre ciudadanos de primera y de segunda a la hora de expresarse políticamente, la necesidad de limitar las consecuencias resultantes de la libre expresión de la voluntad popular, el sufragio como algo menor en el contexto de la idea de democracia; la idea del Estado como una maquinaria automática de normas jurídicas que produce resultados sin mediación de su dirección política, que es la que somete en democracia al veredicto de las urnas.

O dicho de otro modo: con empaque académico y preocupación institucionalista por las formas y los controles, lo mismo que vienen pretendiendo desde el 2003 para acá (con persistencia redoblada luego del 23 de octubre) los poderes fácticos de los que el profesor Romero toma nota (aunque con una simplificación un tanto pavota, reveladora de que poco ha hurgado en las transformaciones de la estructura productiva argentina en las últimas décadas) y -sobre todo- de aquellos que omite, como las patronales del campo privilegiado, o los conglomerados mediáticos.

Y contradictoria con sus propias premisas: si no hubiese existido en los tiempos kirchneristas una firma voluntad de garantizar la primacía de la política (con “golpes decisionistas”, por decirlo en sus propios términos), los poderes fácticos de los que parcialmente toma nota Romero hubieran colonizado aun más el Estado a favor de sus propios intereses, sin vacilar en llevarse puestas en el proceso a las instituciones y el marco jurídico (creación de la voluntad política en cada momento histórico, si las hay) que tanto venera; y muy probablemente sin agradecerle sus servicios intelectuales a la hora de proveer argumentos teóricos sofisticados en apariencia (sólo en apariencia) para deslegitimar la voluntad popular.