SINTONÍA FINA EN YPF

Vemos en Infobae como la asamblea de accionistas de YPF (manejada ahora por el Estado nacional y las provincias, gracias a la expropiación del 51 % de las acciones) decidió revertir drásticamente la política seguida por la empresa mientras estuvo controlada por Repsol.

Como el mismo artículo lo dice, desde 1999 para acá, YPF repartía anualmentre entre el 80 y el 90 % de las utilidades anuales como dividendos entre sus accionistas, en parte porque tanto Repsol como el grupo Eskenazi ingresaron como accionistas a la petrolera contrayendo deudas con bancos que les financiaron las operaciones (a Repsol, la OPA para comprar el 99,99% de las acciones durante el menemismo, a Eskenazi el 25,46 % en dos tramos desde el 2008); y en otra buena parte -sobre todo en el caso de los españoles- para financiar operaciones del grupo en otros lugares del mundo, y para remitir capitales demandados en una Europa en crisis.

Lo que revela el carácter estratégico de la decisión impulsada por Cristina, porque además de ayudar a disminuir la vulnerabilidad del sector externo de nuestra economía por el lado de la importación de combustibles, en un plano más inmediato apunta a limitar la salida de divisas del país por la distribución de utilidades de las empresas con accionistas en el extranjero; algo explicado en su momento acá.   

Con la decisión de ayer, el 95 % de las utilidades producidas en YPF durante el último ejercicio (al tipo de cambio oficial, 1264 millones de dólares) serán invertidas en el plan de inversiones lanzado por Cristina y Galluccio hace poco, para incrementar la producción y disminuir las importaciones de combustible.

Corresponde en esta instancia reiterar lo dicho en su momento al analizar el planteo de los gobernadores de las provincias no petroleras (recordar que entre ellos estaba nada menos que Scioli) de participar con acciones en YPF: 

"Utilidades, dijimos, y ahí está el carozo del problema con el planteo de Scioli, Bonfatti y los demás gobernadores de las provincias que no integran la OFEPHI.

Supongamos que esas provincias tienen recursos propios que aportar para el financiamiento de YPF, la pregunta que hay que hacerse (en un marco de estrecheces fiscales que atraviesan varias, como Santa Fe y Buenos Aires), es por qué lo harían, y la respuesta es sencilla: para participar de la distribución de las utilidades que genere YPF, y obtener por ese lado un desahogo financiero.

Y allí está el problema: a la situación de deterioro de la produccción de petróleo en el país y el consecuente aumento exponencial de la necesidad de importar combustibles se llegó -como bien lo explicó Cristina al anunciar el envío de la expropiación al Congreso- por la política de distribución de dividendos seguida durante años por Repsol y sus socios en YPF (como el Grupo Eskenazi): un promedio superior al 90 % de las utilidades anuales de la empresa, durante varios años; lo que implicó disminuir drásticamente la inversión.

Por eso lo que YPF necesitará en lo inmediato son inversiones, y no nuevos socios (como podrían ser estas otras provincias que reclaman) preocupados por obtener rápidamente utilidades: Bonfatti por ejemplo, blanqueó de inmediato que ésa es su intención al reclamar participar de la empresa.

Es más: De Vido y Kicillof ya dijeron claramente (al asumir la intervención de YPF) que éste año la empresa no distribuirá utilidades y destinará toda la rentabilidad que obtenga, a incrementar la inversión.

Por esa razón el pedido de los demás gobernadores de participar de la empresa, sólo puede ser atendido en la medida en que acepten (como lo hicieron los de las provincias petroleras en su momento) alinearse con esa estrategia de la Casa Rosada, al menos hasta que el país alcance el autoabastecimiento, o por lo menos reduzca sustancialmente las importaciones de combustible.". 

Pero hay más: hace poquito nosotros cuestionábamos acá el inverosímil planteo de Repsol en tribunales de los EEUU (acompañando a un fondo inversor yanqui que compró acciones de YPF en la Bolsa neoyorquina), apuntando a que el Estado no pudiera ejercer los derechos políticos (imponer su decisión en las asambleas) derivados de contar con el 51 % de las acciones, porque no informaba a la SEC (el órgano de control de las sociedades que cotizan en bolsas de los EEUU) la política de dividendos para los accionistas.

Está claro ahora que estaba preparando el aterrizaje de ésta noticia entre los inversores a los que convención de que compren acciones, y sus propios accionistas; tanto como que el planteo era undisparate porque (como dijimos entonces) la SEC  "facultades para tomar ingerencia en el gobierno de una sociedad constituida fuera de los EEUU, más específicamente en la Argentina (como YPF S.A.), y por ende regida por las leyes argentinas, especialmente la Ley 19.550 de sociedades comerciales.

Por eso es en la Argentina dónde se celebró hace poco la asamblea de accionistas de YPF S.A. para renovar el directorio, y donde se celebrará dentro de poco la asamblea general ordinaria para considerar la memoria y balance, y decidir en su caso que se hace con las utilidades de la sociedad: si se las distribuye entre los accionistas, o se destinan a la reinversión." .