Leemos en La Capital que Asuntos Internos de la policía santafesina investiga por presunto enriquecimiento ilícito a dos altos jefes policiales ya retirados; uno de los cuáles (Ricardo Daniel Cáceres) fue nada menos que jefe de policía de la provincia, designado en ese cargo por Obeid a dos meses de finalizar su mandato (ver acá el decreto) cuando ya Binner estaba electo como gobernador de la provincia; pero sorprendentemente (o no tanto) ratificado en el cargo por el propio Binner durante casi todo su primer año de gobierno (ver acá la aceptación de su renuncia).
Tal como se dice en el artículo, las denuncias por enriquecimiento ilícito a ambos policías se remontan al año 2001, y se impulsarían recién ahora, cuando están próximas a prescribir; aunque el plazo es de seis años (considerando la pena máxima del delito), y corre desde que el policía en cuestión se retira, lo que en ambos casos ocurrió justamente en el 2008, durante el primer año del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social.
Hasta aquí serían dos casos más de los tantos en los que Asuntos Internos (en especial durante los gobiernos del FPCyS) fondeó causas por enriquecimiento ilícito a altos jefes policiales), o directamente miró para el costado frente a las denuncias periodísticas o judiciales: recordemos los casos de Arismendi (ex jefe de la Unidad Regional Rosario designado por Bonfatti) o Sola (ex sub jefe de la policía, luego jefe reemplazando a Tognoli).
Sin embargo éste tiene sus particularidades porque Cáceres (durante los 10 meses que estuvo al frente de la policía santafesina, 8 bajo el gobierno de Binner) dictó dos resoluciones integrando las Juntas de Calificaciones para resolver los ascensos policiales con retroactividad a enero del 2006; aun cuando desde abril de ese año ya regía la Ley 12.521, que había disuelto las Juntas, y establecido el mecanismo de concursos públicos para los ascensos del personal policial.
Como vemos en esta copia de una de las dos resoluciones Bejarán (el otro policía retirado acusado ahora de enriquecimiento ilícito, pero denunciado en el 2001) integró una de las juntas que tenía por objeto decidir los ascensos, contra la ley vigente:
Cuando Binner llegó al gobierno, hizo más que ratificar a Cáceres como jefe de policía, pese a las durísimas críticas del FPCyS en plena campaña a las políticas de seguridad del PJ: en marzo del 2008 (apenas a tres meses de estar en la Casa Gris) dictó éste decreto; por el cual convalidó las dos resoluciones de Cáceres, y permitió que los ascensos en la policía se siguieran haciendo como si la Ley 12.521 no hubiese sido dictada, y siguieran existiendo las Juntas de Calificaciones.
Cumplía de ese modo con su promesa electoral hecha al seudo sindicato APROPOL de garantizar que se diera marcha atrás a la reforma aprobada en el 2006 por la Legislatura, con el consenso de todas las fuerzas políticas, incluso el socialismo y la UCR; con la promesa de que así tendría de su lado a la corporación policial, y no tendría que temer problemas por ese lado: el estrepitoso fracaso de esa política está a la vista de todos, no obstante lo cual siguen insistiendo en ella (ver al respecto acá).
Ahora cuando el esquema montado por Cáceres en su paso por la jefatura ya dio sus efectos (funcionando a pleno durante todos estos años, contra la ley vigente), y éste está retirado, se vuelve descartable y por ende mueven la causa por enriquecimiento ilícito en su contra; apenas a días de que prescriba.
Un ejemplo de como el socialismo construyó la policía que generó el escándalo Tognoli, que se amotinó en diciembre pasado, y cuya incapacidad los obligó a pedir el apoyo de las fuerzas federales para hacerle frente a la inseguridad.
Y otro ejemplo de como Binner habla boludeces.
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