¿QUÉ HACER CON LOS SERVICIOS?

El caso Nisman disparó el debate sobre el rol de los servicios de inteligencia en el Estado democrático, sin lugar a dudas una de las principales asignaturas pendientes de nuestra continuidad institucional post dictadura; un verdadero "agujero negro" con la aptitud de tragarse a la propia convivencia democrática, y altísimo potencial desestabilizador.

Un debate que incluye posiciones que van desde los que piden mayores controles políticos sobre el accionar de los servicios o cambios legislativos que reencuadren su funcionamiento, hasta aquéllos -como la izquierda- que plantean lisa y llanamente su supresión.

En éste último caso sería pertinente que quienes así piensan aportaran al debate ejemplos históricos o actuales concretos donde así se haya procedido; porque lo que marca la realidad es que todos los Estados (con prescindencia de su orientación política o régimen de gobierno) cuenta con un aparato de inteligencia; en todo caso la discusión es como configurarlo, y para qué fines utilizarlo.

Más sensato parece por tanto pensar en reformas que permitan poner al aparato de inteligencia al servicio de la democracia, y disminuir el riesgo de que ésta sea rehén de aquél.

En ese sentido, se discute si el marco legal vigente (la Ley 25.520 de inteligencia nacional) es adecuado o amerita reformas; sobre todo en lo que concierne a la actuaciones de los servicios en causas judiciales, como auxiliares de jueces y fiscales. 

Hete aquí que justamente el caso Nisman y su investigación de la causa AMIA puso de manifiesto (en palabras del propio juez Canicoba Corral) cómo el que debió conducir al aparato de inteligencia en la pesquisa, terminó conducido por éste hacia la vía muerta de un cúmulo de pistas falsas.

A propósito de la ley que regula actualmente el funcionamiento de los servicios de inteligencia (sancionada a fines del 2001, pocos días antes de la renuncia y salida anticipada del poder de De La Rúa) vemos acá en Ambito Financiero como en la causa por los sobornos del Senado Fernando De Santibáñez (titular de la SI por entonces), vinculó su sanción con el impacto mundial que produjo el atentado a las Torres Gemelas en septiembre del 2001; omitiendo -no casualmente- señalar que había causas más cercanas y concretas: en el escándalo de la Banelco que sacudió al país por entonces, la plata negra de la ex SIDE tuvo un rol central en la compra de voluntades en el Senado, para aprobar la flexibilización laboral. 

Si bien se mira, tanto en la propia Ley 25.520 como en la de seguridad interior (Ley 24.059) en tanto regula las acciones de la denominada "inteligencia criminal" a cargo del Ministerio de Seguridad, existen adecuados controles para la labor de los servicios; y una aun más clara delimitación de lo que pueden y no pueden hacer.

Claro que la realidad indica que con eso y con los mecanismos de control parlamentario que las propias normas establecen no alcanza, o no están funcionando correctamente; mas cuando deben aplicarse a estructuras (como por ejemplo las de las fuerzas de seguridad) reacias a abandonar prácticas del pasado: nosotros contábamos acá como por ejemplo en Santa Fe la policía sigue contando con fondos para "gastos reservados" exentos de todo control; y el llamado "Proyecto X" puso de manifiesto que en la Gendarmería se investigaban las protestas sociales, como si fueran una hipótesis propia de la inteligencia del delito.

Por estos días se le cuestiona al gobierno lo tardío del descabezamiento dispuesto por Cristina en la cúpula de la SI, y si bien la crítica es atendible y puede compartirse, vistas las cosas en la perspectiva de lo que vino después, cabe preguntarse cuantas operaciones similares al caso de la denuncia de Nisman se hubieran vivido en ese caso en todo este tiempo; y con que anticuerpos contaba el sistema para contrarrestarlas.

Porque además el aparato de inteligencia es una mancha de aceite que se extiende por todos los pliegues del sistema institucional, y buena parte del entramado mediático. De hecho, no es casual que la anterior depuración masiva en la SI (post gestión De Santibáñez) derivara en el florecimiento de cloacas para-periodísticas como "SEPRIN" o "Urgente 24"; desde la que se alimentan operaciones políticas de la más baja estofa, en no pocos casos potenciadas por los medios tradicionales en su objetivo de desgastar al gobierno, a como dé lugar.

El caso Nisman puso en entredicho el rol de los espías como auxiliares de la justicia en las causa penales, y su relación promiscua con buena parte de los jueces federales; relación que por otra parte era conocida desde hace mucho tiempo atrás, y se mantuvo lubricada con dinero de origen oscuro que circulaba por los tribunales, con fines más oscuros aun.

Pero hete aquí también que esta discusión a la que ahora asistimos se sobreimprime casi sin solución de continuidad  con el debate en el Congreso del nuevo Código Procesal Penal, donde los que hoy reclaman por esa relación promiscua entre espías y jueces se opusieron a una reforma que les saca a los jueces federales el poder omnímodo para conducir las investigaciones penales (que muchos delegan luego en el aparato de espionaje), para dárselo a los fiscales.

Claro que se hace un deber agregar que el modo en el que condujo Nisman la investigación de la causa AMIA revela que tampoco desplazar ese peso (el de conducir las investigaciones penales) de unos a otros es la panacea, o la solución mágica a la escasa efectividad del aparato judicial en el castigo del delito. 

Toda reforma de los servicios de inteligencia entraña varios desafíos de comprobada complejidad, y el primero de ellos es que no puede hacerse -de la noche a la mañana- tabla rasa con todos los espías que hoy tenemos. En general, en ninguna estructura estatal las cosas se resuelven de ese modo; menos aun en un aparato como el de inteligencia que demanda especialización, profesionalismo y -por qué no- cierta vocación definida: reclutar personal para tareas de inteligencia no es un cásting para "Bailando por un sueño, o una selección de postulantes a integrar el Gabinete Joven.

De hecho, muchos de los vicios adquiridos por nuestro aparato de inteligencia (además de la supervivencia de hombres, métodos y formas organizativas propias de la dictadura) tiene que ver con la falta de profesionalidad en la selección de los espías, que ha posibilitado que se enquisten en la SI lúmpenes de toda especie.  

Otra cuestión no menor son los vínculos de nuestros servicios con otros del extranjero, lo que se suele llamar la "comunidad de inteligencia"; vínculo que, si bien en ciertos casos pueden ser necesarios por razones operativas, terminan fortaleciendo las chances de que el aparato de inteligencia siga su propia agenda con prescindencia de la directivas del poder político y exento de cualquier control institucional o democrático: el derrotero de la causa AMIA, el rol de Nisman y la caída de Stiusso tienen bastante que ver con eso.

Un capítulo no menor de la discusión en torno al rol de los servicios ecede a las propias instituciones del Estado, y es su vínculo con los medios y los periodistas, como lo comprueban también el caso Nisman y sus coletazos, como el "exilio" de Platcher: cada vez con más frecuencias la garantía constitucional que protege la confindencialidad de las fuentes de información periodística se termina convirtiendo en una eficaz coartada para viabilizar operaciones políticas -en no pocos casos, de neto corte y propósito destituyente- cuyo origen está en pescado podrido que proveen los servilletas, y los periodistas replican a sabiendas de su condición de tal. 

Por eso es interesante plantear en éste marco (como lo han hecho por ejemplo Verbitsky o el CELS) cuestiones como la ley de libre acceso a la información pública; pero sin cometer la ingenuidad de ignorar que hoy existe abundante información disponible que no se publica por decisiones editoriales vinculadas al poder disciplinador de la pauta oficial (y no precisa o exclusivamente la del gobierno nacional) y a los intereses económicos y políticos de los propios medios; mientras circula profusamente y amplificada por esos mismos medios información falsa generada por los servicios de inteligencia.

Del mismo modo se ha dicho -con razón- que una de las causas de la subsistencia de un aparato hipertrofiado de inteligencia es que todos los gobiernos han creído poder someterlo y utilizarlo para sus propios fines, para contar con información "sensible" que permita apelar a la política de los carpetazos cuando se lo crea oportuno.

Sin embargo, la eficacia de esa forma de hacer política (amén de relativa, y expuesta al riesgo del doble juego del aparato de inteligencia) está vinculada a los muertos con que cada uno cargue en su placard; que no son precisamente los deslices amorosos de algún funcionario. 

Son otras zonas oscuras donde la política puede ingresar las que determinan que la amenaza de un "carpetazo" puede causar efectos, y generalmente tienen que ver con las opacidades que articula el poder económico (corrupción, fuga de capitales, lavado de dinero); con la suficiente astucia como para despegarse luego de los efectos, y si le dan tiempo, reclamar "transparencia institucional" a través de sus voceros oficiales u oficiosos.

Puestos a pensar en reformas para los organismos de inteligencia, ésta nota de Marcelo Saín en Página 12 de ayer (altamente recomendable) señala varias puntas de interés, pero del mismo modo que se dijo antes que los marcos y límites legales al accionar de los espías están claros (lo que no excluye la pertinencia de plantear cambios), una reforma allí supone un desafío de magnitud para el conjunto del sistema político; acaso el más importante que tenga pendiente nuestra democracia en términos institucionales.

Y como tal, exige del más amplio acuerdo posible de las fuerzas democráticas y el compromiso activo de otros sectores de la sociedad, más incluso que lo que fuera en su hora el Acuerdo de Seguridad Democrática; otro ejemplo de coincidencias políticas transversales que quedaron en el papel, sin llegar a ponerse en práctica; o si lo fueron, sin tener la voluntad política de perseverar en el camino.

Un acuerdo y un compromiso que en el actual contexto político no parecen sencillos de alcanzar; ni tampoco se evidencia que sobre voluntad para lograrlo.