LA FRASE

"NO ENTIENDO LAS QUEJAS DE LOS HINCHAS: LES DIJE AL ASUMIR QUE TUVIERAN LISTO EL PASAPORTE Y CUMPLÍ: LOS LLEVÉ A MADRID." (DANIEL ANGELICCI)

jueves, 21 de junio de 2018

LA CORTE Y EL GOBIERNO, COMO EL TERO


Durante toda la semana nos entretuvieron con especulaciones sobre la presunta renuncia de Lorenzetti a su largo reinado en la presidencia de la Corte Suprema, tras su reunión con Macri en la Casa Rosada. 

Se hablaba incluso de los posibles reemplazantes, y de que el tema iba a ser consensuado con el presidente, sin horror de los republicanos: ni siquiera el comunicado posterior del gobierno dejó en claro que la definición de quien preside la Corte es un asunto que le compete al tribunal; y en el cual el Poder Ejecutivo no tiene ingerencia.

A menos que -y esto tampoco se dijo- Macri y Lorenzetti realmente hubieran abordado el punto porque la presidencia de la Corte coloca a quien la ostenta en la línea de sucesión presidencial, conforme lo dispone la Ley de Acefalía 20.972 en su artículo 1), modificada en enero del 2003 por la Ley 25.716.

Más allá de cualquier especulación, los hechos posteriores nos dieron pistas más ciertas de lo que pudieron haber hablado el presidente y Lorenzetti: al día siguiente la Corte resolvió un conflicto de competencia para entender en los amparos y medidas cautelares interpuestos en todo el país para frenar los tarifazos; disponiendo que la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sea quien resuelva quien es el tribunal competente para entender en la causa "CEPIS II", un proceso colectivo por el cual se discute la validez de los tarifazos del gas del año pasado.

No es dudoso que de ese modo todas las medidas intentadas contra los aumentos de tarifas en todo el país terminarán confluyendo en el foro contencioso administrativo federal (en el cual la influencia del gobierno es decisiva), sacándolas de los juzgados federales de provincias, y evitando medidas que se tomen allí que pongan freno a los tarifazos, vía cautelares. 

Pero los tarifazos no son la única medida de política económica crucial para el gobierno que está siendo resistida en la justicia, y respecto a la cual necesita un guiño de la Corte para sostenerla: hace pocos días la Cámara Nacional de Apelaciones de la Seguridad Social falló parcialmente a favor de Miguel Fernández Pastor, ex funcionario de la ANSES, ordenando pagarle el aumento de sus haberes jubilatorios de marzo pasado en base a la fórmula de movilidad establecida en la Ley 26.417 sancionada durante el gobierno de Cristina, y no conforme a la reforma aprobada en diciembre pasado.

Sin embargo, en el mismo fallo dejó pendiente la calificación de inconstitucionalidad de la reforma sobre la base de su "regresividad" (es decir, que coloca a los jubilados en una situación peor a la que estaban antes), y descartó que sea "confiscatoria", porque la poda en sus haberes como consecuencia de la aplicación de la nueva fórmula es menor al 15 %.

La parte en la que el fallo le da la razón a Fernández Pastor hizo que el gobierno apelara vía recurso extraordinario, y que la causa aterrice en la Corte, que tendrá que definir no solo el futuro de esa causa en particular, sino de toda la reforma previsional; al mismo tiempo que (como veíamos acá) de común acuerdo con la ANSES "cajonea" 150.000 expedientes con reclamos contra la fórmula de recálculo de los haberes usada por el gobierno en la "reparación histórica".

Como el gobierno se acaba de comprometer con el FMI a liquidar los activos del Fondo de Garantía de ANSES no sólo para pagar la "reparación", sino incluso las prestaciones corrientes (achicando así el déficit fiscal y mermando las transferencias del Tesoro), todos esos fallos pendientes son cruciales para el éxito del programa de ajuste.

Es decir entonces que la parte gruesa de los compromisos de podas del gasto público acordadas por el gobierno con el FMI (el gasto en seguridad social y los subsidios a las tarifas de los servicios públicos) dependen en buena medida de decisiones pendientes de Lorenzetti y los cortesanos.

Lo que autoriza a pensar que su reunión con Macri fue para recordarle su compromiso en la era temprana de la gestión macrista, en el "Davositos" organizado por el gobierno, respecto a que la Corte era una garante del capital, de la cual los inversores no tienen nada que temer por riesgo a sus intereses.

Nos tuvieron como el tero entonces: gritando por un lado (la discusión sobre la presidencia del tribunal, la interna Lorenzetti-Carrió y el rol de Macri), y poniendo los huevos por el otro.

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