DESCONFIEMOS

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES estuvo en la mira del gobierno de Macri incluso antes de asumir su mandato: baste recordar que el PRO se opuso en el 2008 a la recuperación de los activos que estaban en manos de las AFJP, y que ya en el 2015 también votó en contra la Ley 27.181 impulsada por Cristina, que exigía una autorización especial del Congreso con mayoría agravada para que el Fondo se desprendiera de sus acciones en empresas privadas.

Una vez en el poder, Macri impulsó la derogación de esa norma en el marco de la ley que aprobó el blanqueo de capitales y la “reparación histórica” a los jubilados, la que en teoría debía financiarse con el producido de ambos: el blanqueo y la venta de activos del Fondo. El mismo compromiso acaba de asumir el gobierno en el acuerdo stand by con el FMI .

En el medio, colocó al frente del FGS primero a un Blaquier (en abierta situación de incompatibilidad, porque el Fondo tiene acciones de Ledesma) y luego a un ex CEO de las operaciones de Met Life en el país; ex AFJP que hoy litiga contra la Argentina en el CIADI por el traspaso de los activos: ver acá más detalles al respecto.

Hubo en estos dos años y medio de “Cambiemos” ventas de acciones del FGS en empresas privadas en condiciones sospechosas: las de Petrobras Argentina a favor de Pampa Energía (el holding de Marcelo Mindlin, empresario favorito de Macri, quizás su testaferro) y las de Solvay Indupa a la brasileña Carboclor, que es propiedad del grupo Odebrecht. Sí, la del soterramiento del Sarmiento y las denuncias de corrupción, la misma.

Como si fuera poco, también estuvo el fallido memorándum de entendimiento con Qatar por el cual los recursos del Fondo o parte de ellos iban a ser depositados en ese paráiso fiscal del exterior, luego de que precisamente la ley que aprobó el blanqueo de capitales eliminara la prohibición que había establecido en el 2008 el kirchnerismo en la Ley 26.425 al liquidar el sistema de las AFJP, para que los activos del Fondo se invirtieran fuera del país. 

Y no está de más recordar que el FGS operó (y en gran cantidad) con las LEBAC’s emitidas durante la gestión de Federico Sturzeneggeral frente del Banco Central no en forma directa (lo que perfectamente podría hacer) sino a través de Axis, el fondo de inversión de “Toto” Caputo, pagándole una comisión que bien pudo haberse ahorrado.

Pero además en enero de éste año y a través del mega DNU “desburocratizador” (analizado en su momento acá) Macri modificó las reglamentaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad en dos aspectos: primero excluyéndolo de la aplicación del régimen de contrataciones del Estado aprobado por el Decreto 1023/01 (artículo 153 del DNU); y segundo autorizando a la ANSES a “...constituir y/o estructurar fideicomisos, financieros o no, alquilar o prestar títulos y acciones y, en general, a realizar toda otra operación propia de los mercados financieros y bursátiles permitidas por las autoridades regulatorias, con observancia de los límites de los artículos 74 y 76 y las prohibiciones del artículo 75 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias.” (artículo 154 del DNU). Sobre el alquiler o préstamo de títulos y acciones, ver acá.

Sabido es que el DNU aterrizó en el Congreso y hubo tironeos para modificarlo o derogarlo, contando el gobierno con el invalorable aporte de la “oposición racional” (massismo y peronismo de Bossio y los gobernadores) para “mejorarlo” en lugar de rechazarlo de plano. Así es que surgieron tres leyes que aprobaron algunos aspectos del decreto, y dejaron sin efecto otros; entre ellos los que referían al FGS: el 18 de junio pasado apareció publicada en el Boletín Oficial la Ley 27.446, que en su artículo 14 derogó los artículos 153 y 154 del DNU que más arriba se comentaron.     

Sin embargo, hubo cinco meses (de enero a junio) en los que el decretazo de Macri rigió, y conforme al mismo la ANSES bien pudo haber integrado fideicomisos financieros o haber ingresado activos del Fondo de Garantía en todo tipo de enjuagues de ese tipo.

El DNU fundamentó la necesidad de este tipo de operatorias en que “...asimismo, la evolución de los productos financieros y las diferentes clases de operaciones, su constante perfeccionamiento, la celeridad con que se negocian, las oportunidades de inversión que le son propias y las necesidades de rotación inmediata de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), obligan a proceder en consecuencia.”; y trataba de remover el “obstáculo” que suponen la Ley 25.152 y sus modificatorias, que disponen que todo fideicomiso con recursos públicos debe ser autorizado por una ley del Congreso. Textualmente señaló que “...dicha limitación atenta contra la operatoria natural que debería poder realizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), sin que aquella signifique una mejora en términos de eficiencia, rentabilidad y calidad de la gestión de dichos activos.”.

Y agregó este sugestivo párrafo: “Que, en orden a ello, el impulso aportado a la microeconomía y el mejoramiento progresivo de las personas en situación de vulnerabilidad logrado a partir de los créditos Argenta, conlleva la necesidad de procurar instrumentos y estructuras de financiamiento que permitan su potenciación.”. La posibilidad de integrar fideicomisos financieros con la masa de recursos provenientes de los préstamos Argenta (las cuotas que se les descuentan de sus haberes a los jubilados que los obtuvieron) estaba planteada también en la reforma a la ley de los mercados de capitales que aprobó hace poco el Congreso, a instancias de Macri y -otra vez- con el apoyo de la “oposición responsable”.

El miércoles de ésta semana pasó por el Senado el Jefe de Gabinete Marcos Peña para dar su informe periódico, y le preguntaron si durante el tiempo que rigió el DNU, la ANSES había conformado fideicomisos financieros con los recursos o activos del Fondo de Garantía, y respondió por escrito que no; al mismo tiempo que trascendió que operó 46 millones de pesos con SBS, el fondo inversor del nuevo vicepresidente del Banco Central Gustavo Cañonero, el “trader” de la city porteña que se asoció al fondo buitre Templeton antes de eso, para comprar los “BOTES” emitidos por Caputo. 

Considerando los antecedentes de esta gente en lo relativo a la administración hasta acá de “la plata de los jubilados” desde que son gobierno, y considerando también lo quecontestó por escrito el propio Peña cuando en el Congreso le preguntaron si elgobierno iba a impulsar una reforma laboral, nosotros desconfiaríamos. Y es muy posible que estemos más cerca de aceptar, que de equivocarnos.