El jueves pasado y en una frustrada Asamblea Legislativa convocada apenas un par de horas antes del partido entre Argentina y Croacia, quedaron aprobados en formw ficta (es decir sin ser tratados y por el transcurso del tiempo) los pliegos de dos miembros del Tribunal de Cuentas provincial propuestos por el gobernador Lifschitz.
Tal como da cuenta la imagen de apertura, para que eso pasara fue necesario que el oficialismo del Frente Progresista Cívico y social (que controla la Asamblea) no diera quórum, y esta debiera levantarse: el artículo 54 inciso 5) de la constitución de la provincia (que establece que transcurrido un plazo sin que los pliegos sean tratados desde que fueran enviados, quedan aprobados) hizo el resto.
Del mismo modo habían sido aprobados antes los pliegos de los otros tres miembros del Tribunal de Cuentas, órgano constitucional encargado de fiscalizar el manejo de los fondos públicos, y eventualmente determinar responsabilidad patrimonial de los funcionarios por perjuicios al erario; y del también del mismo modo fueron aprobados (en los más de 10 años de gobierno del FPCyS) pliegos en otros organismos de control como el ENRESS, en el Ministerio Público de la Acusación y en la justicia.
De los dos propuestos por Lifschitz, uno de ellos (Lisandro Villar, de la UCR) carece por completo de antecedentes vinculados al control público, y el otro (Sergio Beccari, del socialismo) fue hasta enero de éste año funcionario del gobierno provincial; más precisamente Secretario de ingresos Públicos del Ministerio de Economía en la actual gestión, mismo cargo que ocupara durante todo el mandato de Antonio Bonfatti como gobernador (2011-2015).
Al postularlo Lifschitz vulneró el artículo 195 inciso e) de la Ley 12.510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, que inhabilita para desempeñarse como vocal del Tribunal de Cuentas a "Los que hayan desempeñado cargos, en los últimos dos años inmediatos anteriores a su designación, cuyas funciones sean materia de contralor por parte del Tribunal de Cuentas y que manifiestamente los coloquen en estado de incompatibilidad".
Cabe recordar que de acuerdo al artículo 81 de la Constitución de Santa Fe, le compete al Tribunal de Cuentas "...aprobar o desaprobar
la percepción e inversión de caudales públicos y declarar las responsabilidades
que resulten...".
Pero al proponer a Beccari, el gobernador también incurrió en el delito contemplado por el artículo 253 del Código Penal, tal como lo hiciera Macri al designar a "Toto" Caputo en el Banco Central, sin reunir los requisitos exigidos por la ley o estando alcanzado por las inhabilidades establecidas por ella.
Acaso aleccionados por el ejemplo de los fiscales Apullán y Martí (corridos de sus cargos por investigar a funcionarios del gobierno provincial y a Corral por la causa de las cooperativas truchas), ninguno de sus colegas del Ministerio Público formuló denuncia aunque el delito se consuma con solo proponer al que no reúne los requisitos. ¿Estarán esperando la firma de los decretos de designación y la toma de posesión para imputar no sólo a Lifschitz, sino también a Beccari por aceptar?
Tampoco en el proyecto de reforma constitucional enviado por el gobernador a la Legislatura (verlo completo acá) está contemplado eliminar la cláusula del antes citado artículo 54 inciso 5) de la constitución vigente, que permite que los pliegos (como ocurrió en este caso) queden aprobados por el simple transcurso del tiempo sin que sean tratados por la Legislatura; aunque al presentarlo el gobernador habló de la necesidad de fortalecer y garantizar el rol de los organismos de control y su actuación independiente.
Se le debe haber pasado.
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