PARTICIPACIÓN PÚBLICA. PRIVADA VEMOS

Después de que el impulso a la obra pública le sirviera para ganar en las elecciones del año pasado, el macrismo pisó el freno del gasto en ese rubro, aun antes de haber acordado con el FMI: las licitaciones de nuevas obras encaradas por el Estado nacional prácticamente desaparecieron, las transferencias de gastos de capital a las provincias para que hicieran obras financiadas por la nación mermaron significativamente; y los plazos de pago de las certificaciones de las obras que estaban en marcha se fueron estirando, para mejorar los números de las cuentas públicas.

Ante cada reclamo (de las provincias, de las empresas contratistas, de la "oposición responsable") que eso generó, el gobierno respondió del mismo modo: remitiendo toda obra nueva al polémico sistema de la "participación pública privada" (PPP), basado en la Ley 27.328 aprobada en el 2016 con el voto del "peronismo racional" y el massismo, del que tantas veces hemos hablado acá. 

Un sistema que hasta el propio FMI rechaza porque sostiene que permite disfrazar gasto público "bajo la línea" para hacer ver como que los gobiernos cumplen las metas de ajuste y déficit fiscal que pactan con el organismo, y que está en crisis en los mismos países que le dieron origen (Gran Bretaña, España) porque solo se tradujo -contra lo prometido- en mayores costos y endeudamiento para los Estado, por la quiebra de las contratistas y el abandono de los contratos.

En el actual gobierno el sistema se estrenó con la adjudicación de las concesiones de los seis principales corredores viales del país por el ministerio a cargo de Guillermo Dietrich, a consorcios integrados por los principales grupos contratistas del país, y otros del exterior, en especial españoles. Tres de esos consorcios (por lo menos) están conformados por empresas mencionadas en los cuadernos de "la corrupción K", como responsables de haber pagado sobornos a cambio de contratos con el Estado, durante los gobiernos kirchneristas.

De allí que crezca la alarma por la caída de las licitaciones, pese a que desde el gobierno el propio Dietrich se haya apurado a decir que deben ser penalizados los empresarios que pagaron las coimas, pero no las empresas, en un intento por salvar los contratos que se contrapone con la conducta observada por el propio gobierno de Macri en otros casos, como el del gasoducto del NEA que contaba Horacio Verbitsky en su columna del domingo anterior en "El cohete a la luna".

El sistema PPP presupone (entre otras cosas) que los contratistas privados aportan el financiamiento de las obras mediante préstamos que consiguen a su nombre en los bancos, y luego obtienen el repago de lo invertido en la construcción de bonos de deuda emitidos en dólares, por el gobierno: un esquema -como se comprenderá- seriamente afectado por la suba de las tasas de interés, el cierre de los mercados de deuda para el gobierno y la corrida del dólar.

Sin embargo hay quienes pretenden atribuir el posible fracaso de las concesiones viales bajo el sistema PPP exclusivamente a las revelaciones de los famosos "cuadernos", como en ésta nota de El Cronista. Por contraste, acá en La Política Online eran más realistas, y mencionan a las "turbulencias financieras" como la principal causa, y a la mancha venenosa de los cuadernos y los arrepentidos, como la "excusa" que buscarían los bancos para correrse del financiamiento de las obras en los corredores viales adjudicados.

Visto desde su óptica, la excusa es perfecta: evitan exponerse a un negocio de dudoso recupero porque está garantizado por bonos a emitir por un Estado en riesgo creciente de defáult, con la excusa de que deben comprometerse a combatir las prácticas corruptas, cuando está claro que si algo hacen los bancos a gran escala internacional, es alentarla: ni el lavado de dinero aun proveniente del delito (narcotráfico, tráfico de armas, contrabando), ni los mismos paraísos fiscales serían posibles, si los grandes bancos no les proveyeran la arquitectura financiera.

Frente a esto, la "solución" que le encontró el gobierno al problema es muy sencilla: crear un "fideicomiso" al que los bancos aporten el financiamiento, administrado por el Banco Nación; para sortear las presuntas "restricciones" que tienen para prestarles plata a empresas acusadas de corrupción. El tema es que -como cuentan acá en La Nación- el único que por ahora aporta al fideicomiso es el Estado, a través del Banco Nación, que abriría el juego colocando nada menos que 1200 millones de dólares. 

Dólares que saldrían no solo de los depósitos de sus clientes (como en cualquier banco), sino del Estado que es su mayor depositante, por ser el banco su agente financiero obligado: sí, el mismo Estado que recorta en vacunas, o en presupuesto para las universidades, y que por estas mismas horas está pasando la gorra ante el FMI, los bancos privados y hasta el Departamento del Tesoro de EEUU para evitar caer en default; y sin que se sepa aun cual será la tasa de interés de los préstamos del fideicomiso (¿se acuerdan como lo criticaban a De Vido cuando empleaba ese método para financiar los gasoductos, o manejar los subsidios al transporte, que siguen igual?), para determinar si es acorde al mercado (cuyo nivel alto determinó, precisamente, que se dudara de la viabilidad de los contratos bajo el sistema PPP), o está subsidiada por el Banco Nación, es decir por el Estado, es decir por todos nosotros.  

Como se advierte, la solución que le encontró el gobierno al entuerto es sustancialmente la misma que empleó Macri con la obra del Sarmiento, en la que a cuento de las revelaciones por coimas de Odebrecht (una de las empresas integrantes del consorcio adjudicatario), dispensó a las empresas de aportar el financiamiento de la obra como lo exigían los pliegos de la licitación y el contrato, para asignarle 45.000 millones de pesos del presupuesto público por DNU. Ah, no cierto, que cuando tuvo que declarar en la causa abierta por los sobornos pagados por Odebrecht (de los que se pudo reconstruir hasta la ruta de la coima hasta las cuentas de Arribas, en base a las declaraciones del "doleiro" Meirellhes), el primo Angelo dijo que en esa licitación -justo en ésa- no les pidieron coimas.

Pero la diferencia en éste caso (el de los corredores viales adjudicados bajo el sistema PPP) es que precisamente como los privados debían aportar la financiación, se les dieron enormes privilegios en los contratos, para "tentarlos" a participar. Desde que Ley 27.328 fue sancionada y hasta ahora, incluyendo sus reglamentaciones, el diseño de los pliegos, sus modificaciones y ahora la creación del "fideicomiso", las "reglas de juego claras y estables" que siempre reclaman los "inversores" fueron modificadas no menos de cinco veces; siempre en el sentido de aumentar los privilegios y disminuir los riesgos del capital privado, e incrementar los compromisos del Estado. Escenas de macrismo explícito (en el sentido de SOCMA), digamos.