El estrepitoso fracaso economico del gobierno macrista y la proximidad de las elecciones, llevan a la actual gobierno a intentar mostrarse activo, ocupado, en neutralizar los catastróficos efectos sociales que producen sus propias políticas sobre la población.
Entre esos efectos, la inflación récord generada por el peor equipo. Un equipo que fuera presentado como integrado por jugadores de las grandes ligas. Después de más de tres años de actividad y con los resultados a la vista, solo han demostrado insolvencia técnica, incapacidad de gestión y una ignorancia sin límites de aspectos económicos elementales tanto del mercado interno como de la economía internacional. El fracaso inocultable de éste gobierno, solo presenta una excepción: los negocios personales del Presidente y sus socios, llevados a cabo utilizando al Estado para favorecer sus intereses y obtener enormes ganancias, único aspecto en que han mostrado ser eficientes.
Entre los elementales aspectos ignorados por el macrismo, y que ahora descubren, está la obviedad que la inflación no es un fenómeno solo monetario sino también de costos. Bastaría señalar como ejemplo, que con los siderales aumentos tarifarios (directamente vinculados al Presidente y sus socios titulares de empresas energéticas) implementados por el gobierno, resulta imposible que los mismos no se trasladen a precios. Y parece que además han descubierto que éste marco de altísima inflación, también es causado por las empresas formadoras de precios.
Para el macrismo, descubrir que existen formadores de precios es como descubrirse a sí mismos. Y ante éstas revelaciones impensadas, cuarenta meses después de asumir el gobierno anuncian que pondrían manos a la obra. Los medios dejaron trascender la sanción inminente de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia), destinado a sancionar la competencia desleal, a controlar la publicidad y las promociones, junto a la identificación de los productos comercializados; que finalmente fue publicado con el número 274 en el Boletín Oficial (completo acá).
Las conductas a sancionar contenidas a lo largo del decreto, ya se encontraban previstas en la Ley 22.802 (Lealtad Comercial) y en la Ley 27.442 (Defensa de la Competencia), reformada a instancias del macrismo hace menos de un año. Pero a lo fines de mostrarse activo, el gobierno genera un decreto donde se enuncian supuestos ya previstos legalmente y sancionados por las leyes antes citadas.
Para justificar la novedad, el decreto deroga la Ley 22.802 (deroga una ley a través de un DNU), y como existen conductas sancionadas por el decreto que ya están prohibidas por la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, se aclara en el artículo 7 del Decreto (Concurrencia de figuras) que “Un acto podrá ser calificado como acto de competencia desleal y sancionado conforme a las disposiciones de este Título sin perjuicio de la aplicación de las sanciones establecidas por otras normas. En las formas y condiciones que establezca la reglamentación, quedan exceptuados de lo previsto en el párrafo anterior los actos alcanzados por la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, que no podrán ser juzgados ni sancionados en virtud del presente Decreto.”
La técnica legislativa del macrismo consiste en el método copiar y pegar, lo que explica el contenido del artículo 7 del DNU. Lo que no se explica es como se aplicará una sanción a través del DNU si esa conducta ya tiene sanción en otra norma (por ejemplo en la Ley 27.422): ¿aplicarán dos sanciones por el mismo hecho?, y esto sumado a otro aspecto también de dudosa constitucionalidad, como derogar una ley a través de un DNU.
Pero difícilmente pueda haber sanciones contra las empresas, porque no las hubo hasta ahora. Antes o después del DNU, era suficiente hacer cumplir la ley, cuestión que el gobierno macrista evitó deliberada y sistemáticamente durante toda su gestión, dejando a los usuarios y consumidores en total desamparo. Las tarifas son el ejemplo más claro, pero no el único.
Con Ley o con DNU difícilmente pueda haber sanciones, porque el macrismo destruyó el Estado, y en esa política dirigida y planificada para favorecer a los sectores más concentrados de la economía y perjudicar a la población, también desmanteló la Secretaría de Comercio Interior.
A partir de enero de 2016, en sucesivas etapas despidieron a más de 450 empleados, entre ellos profesionales y técnicos, personal que cumplía tareas en programas como Precios Cuidados y Consumo Protegido, en Lealtad Comercial, en Defensa de la Competencia, y control de importaciones de Comercio Exterior.
En esa deliberada destrucción de derechos afectando a usuarios y consumidores, desde diciembre de 2015 incumplieron sistemáticamente con la Ley 26.993, disminuyendo a su mímima expresión el Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). En noviembre de 2015 se registraban en el COPREC 350 presentaciones diarias, pero desde la asunción del macrismo, el promedio de reclamos diarios aprobados bajó a 20, lo que se explica por la reducción de personal y por la orden de endurecer las exigencias para aceptar los reclamos. Las autoridades macristas también decidieron archivar 15 mil reclamos.
Tampoco el macrismo implementó la designación de los Auditores de Consumo y jamás puso en funcionamiento los Juzgados en las Relaciones de Consumo, como lo establece la Ley 26.993 que sigue vigente aunque incumplida por el actual gobierno. En un punto se entiende: cuando la ley se discutió en el Congreso durante el gobierno de Cristina, la votaron en contra como muestra el acta pertinente:
El organismo encargado, la autoridad de aplicación del DNU, resulta la Secretaría de Comercio Interior. Como decíamos, un organismo que fue vaciado desde el diciembre de 2015, a través de un empresario formador de precios colocado entonces como titular, por lo que actualmente el organismo tiene escasa -por no decir nula- capacidad operativa y de control.
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