El lunes pasado,
cuando aun se estaban contando los votos en Chubut y Río Negro, salió publicado
en el Boletín Oficial el Decreto 251 (completo acá); por el cual Macri reasigna
fondos disponibles del fideicomiso creado por el DNU 908/16 para financiar la “Cobertura
Universal de Salud” (CUS), que hayan ingresado como consecuencia de la
cancelación de la deuda que mantenía la prepaga OSDE con el Seguro de Salud.
De acuerdo con el
decreto, esos recursos se destinarán al “Programa de Asistencia Financiera para
el Fortalecimiento Institucional y Mejoramiento de la Calidad Prestacional de
los Agentes del Seguro de Salud” creado por otro decreto, el 554/18. Esos
“agentes” son, principalmente, las obras sociales sindicales y las empresas de
medicina prepaga; pero el decreto refiere exclusivamente a las primeras. Ese
decreto del 2018 había modificado a su vez el Decreto 1609/12 dictado por
Cristina, creando un programa de “mitigación de asimetrías” entre las obras
sociales, para subsidiar a las de menores recursos.
El decreto de Macri
publicado este lunes también modifica uno de Cristina (el 2710/12) en lo que
refiere a las funciones de la Superintendencia de Servicios de Salud (el
organismo estatal que tiene a su cargo el control de las obras sociales y las
prepagas), de modo tal que ahora puede administrar los recursos provenientes
del Fondo Solidario de Redistribución creado por Cristina; para destinarlos no
solo a otorgar subsidios por reintegros de prestaciones de alto impacto
económico y/o que demanden una cobertura prolongada en el tiempo como era hasta
ahora, sino para todo tipo de reintegros a las obras sociales, al mismo tiempo
que agrega que esos fondos se pueden emplear en la adquisición y provisión de
insumos, dispositivos y de medicamentos de alto impacto económico, con la
conformidad de las obras sociales en éste caso.
Es decir que por un lado
oxigena las finanzas de las obras sociales ampliándoles los subsidios por
reintegros que pueden percibir, pero por el otro el Estado se desentiende por
ejemplo de la adquisición de medicamentos de alto impacto económico,
descargando esa responsabilidad en los agentes del seguro de salud. Eso es así
en tanto seguimos sin saber concretamente que compromisos supone la famosa
“CUS” para el sistema público de salud, y sus efectores, y lo mismo podemos decir de los agentes del seguro de salud.
Finalmente el
decreto actualiza los valores de las cápitas a transferir por el PAMI a los agentes del Seguro
de Salud, por aquellos afiliados jubilados y pensionados encuadrados en el
mismo; al mismo tiempo que deroga el artículo 8 del Decreto 921/16 dictado por
Macri, que dejaba afuera de todo lo concerniente a la implementación de la CUS
a las obras sociales que recibieron jubilados por la libre
elección consagrada por el Decreto 292/95 de Menem.
Así descriptos los
alcances del decreto, sus implicancias políticas son obvias: se trata de un
salvavidas financiero del gobierno a las obras sociales sindicales de
proporciones importantes (Ambito lo estima en 13.000 millones de pesos, cuando
el DNU que creaba la CUS le asignó 8000 para ponerla en funcionamiento), con el
propósito de forzar -una vez más- la suspensión de otro paro general que la
conducción de la CGT tiene pocas ganas de convocar. O sea, el gobierno paga
caro lo que le pudo salir gratis, pero con plata ajena: la de los aportantes a
la seguridad social.
Lo que nos lleva a
una discusión más profunda sobre el modelo sindical argentino, no en tanto su
organización estrictamente gremial con la impronta que le impusiera el
peronismo desde el 45’ en adelante (sindicato único por rama de la actividad,
con personería gremial para negociar en paritarias y participar de los ámbitos
de representación institucional), sino en su rol de prestadores de servicios de
salud, a través de las obras sociales.
Un rol que -como se
ve- se termina tragando al otro, al específico que le dio origen, y que hace
difícil distinguir entre muchos dirigentes sindicales y los CEO’s de las
prepagas; incluso desde la perspectiva de un modelo integrado de salud, o mejor
dicho: sobre todo desde allí. Recordemos que la actual conducción de la CGT
había acordado con el gobierno la creación de la AGNET (Agencia Nacional de
Evaluación de Tecnologías Médicas) para recortar prestaciones a los afiliados
introduciendo el criterio de rentabilidad económica de los tratamientos y coberturas,
y que en ese tren coinciden plenamente con las empresas de medicina prepaga: ver más información al respecto acá.
La cuestión,
entonces, es mucho más compleja que discutir si bastan unos cuantos millones de
pesos para frenar un paro, o garantizar la pasividad de una parte del sindicalismo, por lo que no cabe sino reiterar lo dicho en su momento acá: "Lo que sí vamos a recordar al respecto hoy es que el sistema de las obras sociales sindicales tal cual lo conocemos hoy no es una creación del primer peronismo, sino del gobierno de Onganía, a través de la Ley 18.610 (1970), y desde entonces viene funcionando con diferentes "parches", según la idea que tuvieron los diferentes gobiernos para encarar el espinoso asunto de la financiación del sistema de salud. Sería penoso que la billetera de Onganía condenara (una vez más, como en los 90') a los portadores del "peronómetro" a ser funcionales a un modelo político, económico y social que busca hacer tabla rasa con todo lo que representa el peronismo.".
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