"QUE PAGUE EL QUE SIGUE"

El gráfico de apertura corresponde a esta nota del diario del Loco Lindo referida al acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF; y que lleva el extravagante título que compartimos para el post.

Extravagante sí, porque todo el artículo está enderezado a cuestionar que la forma de pago que el Estado argentino le ofreció a Repsol (y que los españoles aceptaron) sea en bonos a largo plazo, que se terminarán de cancelar recién en el 2033; como muestra el gráfico.

Y también cuestiona que la mayor parte de la indemnización deba ser pagada por otros gobiernos que sucedan a Cristina; que por supuesto el diario de Víttori ya descuenta que no serán kirchneristas. De lo contrario no se entiende la ofuscación.

Al parecer -y aunque la nota no lo diga expresamente, surge claro- el diario hubiera preferido que a Repsol le pagáramos de una sola vez, y de contado, antes de diciembre del 2015. 

Bueno, Brufau pretendía lo mismo y no lo consiguió, porque todo no se puede pedir en la vida.

En la nota se consulta a Osvaldo Giordano, de IDESA, quien dice cosas como ésta: "las consecuencias económicas de la estatización” se pueden compensar “si YPF genera y distribuye dividendos que al menos equivalgan al flujo de pagos comprometidos para los próximos 20 años”. Advierte la entidad que dirige Giordano que “tratándose de una empresa petrolera, esto es factible, si en la administración se imponen criterios técnicos alejados de las apetencias políticas.".

Maravilloso: justamente la expropiación del 51 % de las acciones de YPF se decidió por razones políticas, vinculadas a problemas económicos; para disminuir la dependencia del país de la importación de combustibles aumentando la producción de petróleo y gas (algo que se viene logrando en forma sostenida desde que el Estado retomó el control de la petrolera); y como no, para evitar que se fueran del país los dólares que se llevaba Repsol como controlante, por distribuir dividendos por más del 85 % (en promedio) de las utilidades de cada ejercicio.

Lo que no dice el cráneo de Giordano es que en los últimos dos años YPF (controlada por el Estado) produjo ganancias (porque se manejó con criterio técnico y profesional, sumamente eficiente), y eso motivó que subiera el precio de sus acciones en por lo menos 1700 millones de dólares en ese lapso; pero esas ganancias fueron reinvertidas en un promedio del 90 % o más en cada ejercicio, para aumentar la producción.

Que era el objetivo perseguido porque permitió (en esos mismos dos años) ahorrar importaciones de combustibles por 1200 millones de dólares, suma que necesariamente debe ingresarse en el balance del acuerdo.

El argumento de computar los intereses de los bonos para calcular el monto de la indemnización es ridículo, mas cuando no se cuenta correlativamente el flujo de caja esperado para YPF hasta el 2033 (cuando se terminen de pagar), con más el ahorro hasta entonces de importar combustible si se alcanza el autoabastecimiento, o se aumenta significativamente la producción.

Pero no tan ridículo como el título:"Que pague el que sigue".   

Como si eso y no otra cosa hubiese estado haciendo el kirchnerismo desde el 2003: pagar deudas que contrajeron gobiernos anteriores, por más de 78.000 millones de dólares. Cosa que por supuesto jamás entrará en el balance de los años kirchneristas -como decíamos acá- porque parece que otra cosa no se podía hacer. 

Ayer nomás nos enterábamos acá que le vamos a tener que pagar 185 millones de dólares a British Gas por el congelamiento y pesificación de las tarifas del 2002, durante el gobierno de Duhalde.

Y más curioso todavía es que el mismo diario que se quejaba porque desde la nación no lo autorizaban a Bonfatti a endeudarse en dólares para hacer acueductos (siendo que esa deuda también la pagarán gobiernos posteriores), no sopese la gran diferencia entre los casos anteriores (esos 78.000 millones de dólares de deuda de gobiernos anteriores pagados por el kirchnerismo no le reportaron al país incrementar su activo, sino disminuir su pasivo) y éste; cuando por 5000 millones de dólares el Estado argentino pasará a controlar efectivamente la mayor empresa del país, que además es petrolera.