RECULANDO EN CHANCLETAS, AL LÍMITE DE LA SOBREACTUACIÓN

Decíamos los otros días en estaentrada que solo desde la senilidad manifiesta o la mala leche (también manifiesta) podía desvincularse al gobierno de Macri del fallo de la Corte Suprema que determinó la aplicación del “2 x 1” en una causa de condenado por delitos de lesa humanidad.

Todo el contexto previo al fallo (incluyendo la propia campaña electoral de Macri) marcaba a las claras que la línea de éste era bien vista por el gobierno, porque le permitía contar con una herramienta para “fidelizar” a una parte del núcleo duro de sus votantes.

En ese marco adquieren sentido las primeras declaraciones oficiales que se conocieron después del fallo, que fueron las del Secretario de Derechos Humanos Avruj; que antes se había congratulado de que la Corte le concediera la prisión domiciliaria “por razones humanitarias” a otro genocida.

Sin embargo, con el correr de las horas algo cambió, y recalcularon: es evidente que las encuestas, los “focus group” o un rápido repaso por los medios le dejaron en claro al gobierno que la sentencia tenía un rechazo social mayor del previsto, y entonces comenzó la reculada en chancletas, con exageradas sobreactuaciones.

Así por ejemplo de cuestionar el 2 x 1 “en todos los casos y para todos los delitos” (como lo hicieron Marcos Peña y Rodríguez Larreta), los legisladores del PRO en el Congreso nacional pasaron a intentar ganarles de mano a los opositores, presentando proyectos legislativos sobre la cuestión.

Al respecto leíamos en La Política Online: “Por su cuenta, el macrista Daniel Lipovetzky presentará mañana un proyecto para derogar el 2x1 junto a su par Anabella Hers Cabral, aunque ya tiene resistencia entre sus pares. Pablo Tonelli le dijo a LPO que está de acuerdo con el fallo.

Lipovetzky propondrá agregarle a la ley 27.156, que prohíbe indultos y amnistías a los delitos de lesa humanidad, la prohibición de aplicar leyes derogadas a los condenados por estos crímenes. Y también aclarar que el 2x1 sólo podrá aplicarse a quienes hayan sido detenidos durante su vigencia.” (las negritas son nuestras)

La Ley 27.156 es conocida como “ley Pietragalla”, porque fue el actual Secretario de Derechos Humanos de Santa Cruz y nieto recuperado el que la impulsó, siendo aprobada en noviembre de 2014 por la Cámara de Diputados, y en julio del 2015 por el Senado; es decir durante el gobierno de Cristina.

La ley establece que en la imposición de penas o en los procesos penales por delitos de lesa humanidad consagrados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (o sea, genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra) y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional no pueden existir indultos, amnistías o conmutaciones de penas; bajo pena de nulidad del acto que así lo disponga. Esos delitos ya habían sido declarados imprescriptibles por la Ley 26.200 (2007), de implementación en el país del Estatuto.

Cuando la ley Pietragalla se sancionó dijimos nosotros en ésta entrada que los diputados del PRO se abstuvieron, como se puede comprobar además con la parte pertinente del acta respectiva: 

No menos importantes fueron algunas ausencias (ver el acta completa de la sesión acá): Laura Alonso, el rabino Bergman, Hermes Binner, Graciela Camaño, Elisa Carrió (que con su caradurismo habitual le echó la culpa del fallo al kirchnerismo por "omisión legislativa"), José Cano (el ñoqui de lujo del Plan Belgrano), Eduardo Costa, De Mendiguren, De Narváez, Victoria Donda, Julio Martínez (el hoy ministro de Defensa), el “Cachi” Martínez, Sergio Massa, Schiaretti, el actual ministro de Trabajo Triacca, entre los más conocidos.

Poco después el Congreso sancionaba la creación de una comisión bicameral investigadora de las complicidades y responsabilidades civiles en las gravísimas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura; que también tuvo la abstención de los legisladores del PRO.

De allí que en función de los antecedentes, es poco creíble ahora el giro discursivo y político del oficialismo, que para ser real, debería ir acompañado de otras acciones, más concretas.

Por ejemplo acompañar el pedido de juicio político a los jueces de la mayoría de la Corte que hicieron posible el bochornoso fallo que ya están presentando bloques opositores, sostener las querellas en las causas de lesa humanidad en trámite, retirar la nominación de un defensor de represores como representante argentino ante la CIDH y reintegrarles los recursos y estructuras a los programas que ejecutaban las políticas de memoria, verdad y justicia; desmantelados apenas llegado Macri al gobierno; para empezar.

De lo contrario, estaremos simplemente en presencia de más fulbito para la tribuna, al que tanto nos tiene acostumbrados la maquinaria propagandística de Durán Barba.