LA FRASE

"NO ES TAN DIFÍCIL DE ENTENDER: ESTELA DE CARLOTTO ES GOLPISTA Y EL GENERAL VIDELA LO ÚNICO QUE HIZO FUE COMBATIR AL TERRORISMO." (VICTORIA VILLARRUEL)

miércoles, 9 de diciembre de 2020

NO LES RESTEN MÉRITOS, MUCHACHOS

 


En los medios locales hay mayormente silencio a partir de las declaraciones en sede judicial del ex fiscal Ponce Asahad involucrando al senador por el Departamento San Lorenzo, Armando Traferri, con el juego clandestino en el sur de la provincia: es evidente que algo de cierto debe haber en que muchos de ellos siguen recibiendo pauta generosa del Senado y -esto es muy importante destacarlo- de la Cámara de Diputados que preside el ex gobernador Lifschitz. Eso hablando de plata en blanco, cuyo origen se puede declarar, si nos atenemos a otras versiones circulantes.

En el marco de la misma investigación -que tiene ramificaciones en distintos puntos del territorio provincial- cayeron el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez (gobierno del FPCyS, socialismo) y un ex coordinador de seguridad de los nodos en Rafaela, que perteneció al gabinete de Pullaro en el Ministerio de Seguridad: acaso esos hechos expliquen la prudencia -rayana en el silencio- de los referentes de la gestión anterior; salvo el bocazas de Pullaro que, ajeno a todo, dice estar preocupado por el juego online.

Mientras tanto, el enfoque de los medios nacionales (La Nación, Clarín y La Política Online, en el orden en el que levantaron la noticia) sobre el tema es como mínimo curioso: hay cierta desesperación por involucrarlo a Perotti en el tema, o por hacer notar que los dichos de Serjal y la causa judicial provocan conmoción al interior del PJ provincial; omitiendo datos centrales que hacen al contexto de la situación.

Como por ejemplo que los dos ex fiscales en cuestión que están implicados en la causa -Ponce Asahad y Serjal) fueron designados como tales en los gobiernos provinciales del socialismo: el primero por Bonfatti que  envió su pliego a la Legislatura en el último año de su gestión (2015), y el segundo por Lifschitz en el 2017, para peor propiciando su designación como Fiscal Regional de Rosario, cargo en el que estaba en funciones cuando estalló el escándalo, y Perotti lo cesó de inmediato, en todos sus cargos, porque el muy pillo quería volver a ser fiscal común.

Alguno podrá decir que esas designaciones -como tantas- se produjeron en el marco de los 12 años de "amable convivencia" entre los gobernadores socialistas y algunos sectores del PJ provincial, en especial los senadores, y sobre todo Traferri. Es muy posible que así sea, la pregunta es entonces que tiene que ver Perotti con todo eso, o como lo puede afectar más de lo que los afecta por ejemplo a Lifschitz -cuyo silencio al respecto es estruendoso- o al socialismo.

Porque si la memoria no nos es infiel con como sucedieron los hechos, las investigaciones sobre el juego clandestino fueron iniciadas desde el Ministerio de Seguridad de la provincia, y si de algo se viene hablando desde que Perotti asumió es de los cruces entre Marcelo Saín, el socialismo y un sector de los senadores del PJ a los que el ministro señala -con razón- como parte de un eje de poder político que cogobernó en los hechos la provincia por 12 años.

El mismo eje que pretendió condicionarle a Perotti su gobierno al aprobarle durante los seis meses de la transición eterna su primer presupuesto, y la ley del Plan Abre; y que hace poco -como para que se vea que la cosa es actual, y no del pasado- aprobó en menos de 20 minutos de debate en ambas Cámaras leyes para modificar las incompatibilidades de los miembros del MPA, y la rendición de cuentas de los fondos reservados. O más acá, que se negó a reemplazar en el presupuesto del año que viene, al Plan Abre por el Plan Incluir aprobado por Perotti.      

Esos son los hechos, concretos, puros y duros, aunque algunos los quieran ignorar, o darles otra connotación. Será el avance de la causa judicial por el juego clandestino el que tendrá que dilucidar si los dichos del ex fiscal son ciertos o no, y si el senador Traferri está o no involucrado. Lo que está claro es que no son ni el gobernador, ni los funcionarios del actual gobierno (incluido el ministro Saín) los que tienen que dar explicaciones al respecto, sino otros.

Por ejemplo los que diseñaron durante 12 años un sistema de persecución judicial del delito a su medida, nombrando fiscales y jueces a troche y moche, hasta que ahora les estalla en la cara; precisamente porque hay un gobierno que no participó de esa repartija, y en consecuencia no tiene pactos que respetar, ni compromisos previos que cumplir. Al que le quepa el sayo que se lo ponga. Tuits relacionados: 

1 comentario:

Anónimo dijo...

Traferri es un perseguido político por ser un líder de masas.
El Colo.