CLARÍN APUESTA TODO A UNA NUEVA CAUTELAR

La Nación -como no podía ser de otro modo- le viene poniendo el hombro a su socio en Expoagro y Papel Prensa en su cruzada para evitar ser desmantelado en su imperio mediático a partir del 7D, y hasta se ofrece a hacer el trabajo sucio, exponiendo la estrategia con la que el Grupo piensa evadir la aplicación plena de la ley de medios.

Que pasa claramente por olvidarse de discutir el fondo de la cuestión (la constitucionalidad o no de los artículos 45 y 161 de la LSCA) en el juzgado del juez Alfonso, y enfocar todos los cañones a que la Cámara Civil y Comercial les otorgue una nueva cautelar (¿por otros 36 meses, o apenas 12, para llegar a las elecciones legislativas del año que viene y ver como queda el Congreso?).

Aunque como parte del mismo trabajo sucio, la tribuna de doctrina escribe ésta editorial, en la que pretende poco menos que dictarle la sentencia al juez Alfonso; con los argumentos por los cuáles la ley sería inconstitucional, extractados del escrito del Grupo Clarín en la causa, pero disfrazados de "opinión independiente".

Pero en éste extracto de la nota a la que corresponde la imagen que encabeza el post, vemos más clara la verdadera estrategia: 

Siguiendo las flechas rojas: lo único que puede frenar la aplicación del 161 a partir del 7D es una nueva cautelar, la expectativa está puesta en los jueces en lo Contencioso Administrativo que deben integrar la Cámara Federal para resolver la recusación de De Las Carreras, si la rechazan él y la jueza Najurieta podrían integrar la Cámara Civil y Comercial, y resolver el pedido de Clarín de ampliar la cautelar.    

En ese caso ya tendrían sus votos escritos, para ganar tiempo vieron; incluyendo el voto de De Las Carreras que podría adelantar trabajo al pedo, porque si prospera la recusación no podría fallar.

No hace falta ser muy agudo para advertir que las dos "fuentes independientes" de las que habla La Nación son los propios Najurieta y De Las Carreras, y que sus votos serían favorables al Grupo Clarín, al ampliar la cautelar.

En la misma nota al final exponen el menú de opciones para el 7D:

Primero (subrayado en rojo) nos anticipan de plano que "es improbable" que haya un fallo a favor del gobierno (se supone que del juez Alfonso, sobre el fondo de la cuestión); en línea con la editorial de hoy, y para descalificar a priori cualquier sentencia en esa dirección, como digitada desde la Casa Rosada.

Y nos dejan entrever que en ese caso Clarín no sólo apelaría la sentencia de primera instancia, sino que lo haría con otro pedido de cautelar para que se suspenda la aplicación de la medida (cabe suponer que en la eventualidad que el propio recurso de apelación no tenga efecto suspensivo).   

Segundo (subrayado en verde) contemplan el caso que el fallo de primera instancia sea a favor de Clarín, y el que apele sea el gobierno, ante la Cámara o en per saltum a la Corte.

Esto requiere un par de aclaraciones: la ley que reglamenta el per saltum no ha sido promulgada aun, pero en el caso que estuviera vigente para entonces, es posible que el gobierno deba optar por seguir las dos vías al mismo tiempo: la apelación ante la Cámara, y el per saltum, ante la Corte; para no perder los plazos de la primera, que seguirían corriendo.

La ley que está en trance de promulgación contempla que cuando se recurre por per saltum a la Corte, si ésta concede el recurso (acepta tramitarlo), eso tiene efecto suspensivo sobre el fallo recurrido: en éste caso, sería el hipotético fallo del juez Alfonso a favor diciendo que la ley es inconstitucional.

En ese caso, si la Corte aceptara el per saltum, el fallo se suspende, los artículos cuestionados de la LSCA se pueden aplicar y la AFSCA puede avanzar con el proceso de desinversión de Clarín.

El tercer supuesto que deja la nota (subrayado en azul) es el que verdaderamente le interesa al Grupo, porque es la prolongación de la cautelar por la Cámara, pero el artículo obvia un punto esencial: la misma ley del per saltum habilita el recurso contra medidas cautelares, con lo cual también en ese caso el gobierno podría recurrir a la Corte, con los mismos alcances señalados antes para una eventual sentencia desfavorable del juez Alfonso.

Y hay otro elemento que la nota no menciona y es muy interesante para el análisis: no contempla la posibilidad de que el que acuda al per saltum sea Clarín, en ningún supuesto.

La ley que está tramitando su promulgación dice que el recurso extraordinario por salto de instancia (el per saltum) procedería cuando esté comprometida la vigencia de una norma de derecho federal; esto quiere decir una que dicta el Congreso en asuntos o materia de exclusiva competencia de la Nación, y que no pueden legislar las provincias.

Como la legislación sobre servicios de comunicación audiovisual.

Clarín en su presentación contra la LSCA alega la vulneración de dos derechos constitucionales: la libertad de expresión, y el derecho de propiedad; aunque la Corte ya ha señalado al tratar la cautelar que sobre los eventuales daños a la primera, no aportó ninguna prueba en la causa.

Y si bien ambos derechos surgen de la Constitución Nacional, no constituyen necesariamente materia de derecho federal, recayendo la jurisdicción para entender en eventuales violaciones a la justicia federal o provincial, según corresponda.

Aunque en éste caso corresponde al fuero federal (porque la legislación que eventualmente lesiona esos derechos tiene ese carácter), lo que verdaderamente comprometería "la vigencia de una norma de derecho federal" (tal lo que dice la ley del per saltum), es que ésta no se puede aplicar, en todo o en parte.

Por ejemplo si hay una cautelar que sigue suspendiendo los artículos de la LSCA cuestionados por Clarín, o una sentencia de fondo que dice que son inconstitucionales.

De allí que es muy dudoso que sea el Grupo el que pueda intentar (ante un fallo adverso) la vía del per salutm, y que además tenga todos sus cañones puestos en obtener una nueva medida cautelar; para mantener sus licencias y evitar la desinversión.