Desde el momento mismo que el gobierno lanzó la "reparación histórica" para los jubilados en un paquetazo junto con el blanqueo de capitales, y la autorización para desguazar el fondo de garantía de la ANSES dijimos acá que -al igual que pasó en los 90' con la privatización de las empresas públicas- era la excusa perfecta para hacer negocios, con el argumento de que lo recaudado iba a tener ese fin: mejorar los haberes de los viejos.
Para eso la Ley 27.260 que aprobó el blanqueo y la "reparación histórica" creó en su artículo 41 un impuesto especial a pagar por los que blanquearan, cuya recaudación iba en teoría a financiar el pago de los reajustes de haberes a los jubilados. Decimos en teoría porque va vimos acá como en realidad los fondos se usaron para tapar agujeros de las cuentas fiscales.
En el artículo 42 de la misma ley del blanqueo se establecieron una serie de excepciones, de modo que no pagaran el impuesto por blanquear los que suscribieran alguno de un menú de bonos a emitir por el Estado, supuestamente para financiar proyectos de infraestructura. O sea que mientras más gente suscribiera esos bonos, menos plata ingresaría para los jubilados del "impuesto especial", con destino a la "reparación histórica".
Pues bien, en el Boletín Oficial de hoy (verlo completo acá) se publicó el DNU (decreto de necesidad y urgencia) 139, por el que Macri modifica la ley del blanqueo, extendiendo hasta el 31 de marzo el plazo que se había vencido (según la ley) al 31 de diciembre pasado para que los que entraban al blanqueo suscribieran el Bonar 2023 en dólares.
Ese bono en particular tiene la ventaja de que devenga un módico interés (1 % anual), pero a cambio permite a los suscriptores quedar exentos del pago del impuesto especial por un importe equivalente a tres veces el monto suscripto; o sea que si se suscriben Bonar 2023 por 10 millones de dólares, el que lo hace se salva de pagar el impuesto por hasta un equivalente de hasta 30 millones, de la misma moneda, o lo que es lo mismo: el blanqueo le sale gratis. Recordemos que la alícuota del impuesto era mayor cuanto más se demoraba en blanquear, y entre enero y marzo de éste año ya es del 15 % del valor de lo blanqueado.
El plazo para suscribir los bonos -como se dijo- venció el 31 de diciembre pasado, pero a Macri ahora le pintó que es "urgente y necesario" revivirlo (porque estaba vencido) porque después de esa fecha "...numerosos contribuyentes han formulado solicitudes para acceder al Régimen de Sinceramiento Fiscal... " suscribiendo esos bonos.
Como venimos del antecedente inmediato de que el propio Macri modificó por decreto (con la excusa de "reglamentarla") la ley del blanqueo permitiendo entrar a los familiares de los funcionarios (cuando la ley lo prohíbe taxativamente), no sería de extrañar que muchos de esos "numerosos contribuyentes" sean parientes, amigos, socios o testaferros del propio Macri; y de los funcionarios de su gobierno. De un presidente que legisla por DNU en materia impositiva (algo expresamente prohibido por la Constitución), todo se puede esperar.
Sería interesante saber (una pena que sea complicado, por el "secreto fiscal") quiénes y cuantos son esos "contribuyentes", cuanto blanquearon y cuanto dejarán de pagar el impuesto. Mientras tanto, desde acá les mandamos un gran abrazo y besitos a Massa, Bossio, Pichetto y toda la "oposición responsable" que votó el mamarracho del blanqueo, con la excusa de la "reparación histórica a los jubilados".
1 comentario:
Qué cosa estos tipos: quieren ser transparentes con los que recibieron indemnizaciones por los años de plomo, pero no quieren que se sepa quién ni cuánto blanquea.
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