Leemos en Ambito Financiero: "Un trámite formal (pero de valor político) y dos designaciones clave dominaron ayer un cónclave del gremio de jueces donde se diseñó la estrategia judicial para embestir contra la reforma al Consejo de la Magistratura. El titular de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, obtuvo luz verde del consejo directivo de la entidad para accionar legalmente contra el Gobierno, una jugada con la cual alineó a propios y adversos. Al mismo tiempo se definió la incógnita sobre los letrados que llevarán la demanda por supuesta inconstitucionalidad a los tribunales: Alberto García Lema y Enrique Paixao."
"Más jugosa fue la nominación de la dupla García Lema-Peixao. El primero llegó con el guiño de Cabral y con el apoyo de Manuel Caminos, extitular del gremio de jueces quien en las últimas semanas ha recuperado protagonismo en la entidad. Algo similar a lo que sucede con el celeste Ricardo Pinto con despacho en la Cámara del Crimen porteña. En tanto Peixao tuvo como sponsor al camarista Ricardo Recondo.
Dos perfiles similares: técnicos pero con cintura política. En la década del 90 fueron negociadores claves para el Pacto de Olivos que devino en la reforma de la Constitución. García Lema por el peronismo y Peixao por la UCR estuvieron a cargo, entre otros, de la revisión de los proyectos preliminares que más tarde terminarían suscribiendo Raúl Alfonsín y Carlos Menem, antecedentes que tuvieron peso específico para descartar a otros candidatos con mayores rótulos académicos."
Uno de los ejes centrales de la oposición a la reforma del Consejo de la Magistratura (que contempla la elección directa por el pueblo de sus integrantes) es que plantearía una partidización de la justicia, en desmedro de su independencia; porque quienes deseen ocupar cargos en representación de los jueces o abogados, deberán postularse por los partidos políticos.
Obviamente subyace en ese planteo una falsedad, que es que la justicia (o el Poder Judicial, para ser más exactos) está compuestas por seres seráficos, sin vínculo concreto con la sociedad en la que se desenvuelven, sin preferencias políticas o visiones ideológicas determinadas y concretas.
Algo que la nota de Ambito desmiente enfáticamente: la Asociación de Magistrados que se opone a las reformas promoverá un planteo judicial que encomienda a dos ex funcionarios políticos, de los gobiernos de Menem y Alfonsín, en el área de Justicia; y el nombre de uno de ellos (Paixao, ex secretario de Justicia de Alfonsín) lo arrimó otro: el juez Recondo, también ex funcionario del gobierno radical, desde donde saltó a la justicia.
Y ambos abogados elegidos para llevar adelante el juicio (García Lema y Paixao) fueron convencionales constituyentes en el 94' por el PJ y la UCR, gestores del Pacto de Olivos y de la reforma, de la cual surgió -entre otros engendros varios- el Consejo de la Magistratura; una de las figuritas que Alfonsín (en una rosca política para darle algunas pitanzas al radicalismo, pero presentada como un salvataje de las instituciones) le canjeó a Menem, para habilitar la reelección presidencial; a la cual ahora la UCR se opone de plano.
Pero no sólo en Paixao, García Lema y Recondo termina la cosa, y si no veamos lo pasa con el mismísimo Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados:
Aunque muchos no lo recuerden, otro aspecto de la reforma al Consejo de la Magistratura consistió en sacarles a los camaristas federales la atribución de designar a los jueces subrogantes, mediante sorteo (recordar los famosos papelitos de Recondo en la Cámara en lo Clarín y lo Rural), para dársela al Consejo.
El caso Cabral es emblemático en ese sentido: ocupa en condiciones irregulares una vocalía en la Cámara Nacional de Casación Penal (el máximo tribunal del país en ese fuero), y en esas condiciones, preside la Asociación de Magistrados, toda una definición.
Y según leemos en la nota de Página a la cual corresponde la imagen, en esa condición de subrogante designado irregularmente, tramitó la causa por las muertes de diciembre del 2001, en la que se investigan las responsabilidades penales de ex funcionarios del último gobierno radical, incluyendo a De La Rúa, al que la Cámara de Casación (integrada por Cabral) sobreseyó definitivamente hace poco.
O como dice el dicho popular, favor con favor se paga.
Pero eso sí: hay que despolitizar a la justicia, evitando que la gente vote.
1 comentario:
Excelente artículo, felicitaciones por la claridad con la que lo explicaste.
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