LA FRASE

"LA CRUELDAD DEL GOBIERNO CON LOS JUBILADOS ES INCALIFICABLE, LO ÚNICO QUE FALTA ES QUE LES DESCUENTEN EL 13 % DE LOS HABERES, O LOS REPRIMAN SI PROTESTAN." (PATRICIA BULLRICH)

miércoles, 1 de agosto de 2012

OTRO CON ATAQUE DE FEDERALISMO


Hace pocos días señalábamos acá que el federalismo viene siendo la nueva coartada de la derecha política para impugnar globalmente las políticas troncales del gobierno nacional; y acá tenemos otro ejemplo relacionado con el decreto de Cristina que eliminó las normas de desregulación del mercado petrolero que venían de la época de Menem, y que en otro contexto analizamos acá.

En éste caso la apelación al asunto del federalismo viene de parte de un hombre de la CGT de Moyano (nada menos que el secretario adjunto, Pereyra, representante de los trabajadores en el directorio de YPF); quien cuestiona éste decreto de Cristina alentando a las provincias petroleras a impugnarlo en la justicia; sobre la base (no mayormente argumentada) de que vulneraría la Constitución Nacional y la llamada "ley corta de hidrocarburos", es decir la Ley 26.197 por la que la Nación transfirió los yacimientos petroleros y el poder concedente de su explotación a las provincias, después de la reforma del 94'.

Cuando se estaba impulsando la expropiación del 51 % del paquete accionario de YPF, éste mismo Pereyra tuvo una actitud vacilante e incluso por momentos pareció alinearse con los reclamos e intereses del grupo Repsol, agitando el fantasma de la caída de la producción que la medida iba a traer aparejada: con otros argumentos (no ya la presunta defensa del federalismo y los intereses de las provincias productoras), expresaba una resistencia a políticas transformadoras que implican volver sobre los erróneos pasos seguidos en materia petrolera en los 90' y -por que no- en muchas decisiones del kirchnerismo; sobre todo por no avanzar en el sentido en que ahora lo hace.

Una muestra del extravío ideológico de buena parte del sindicalismo argentino en general, y de muchos de los que rodean a Moyano en particular: con sindicalistas petroleros como Pereyra, o defensores de los derechos de los peones rurales como el "Momo" Venegas, pierde credibilidad el discurso del camionero cuando se planta contra el gobierno nacional recordando su historia de lucha en los 90', o acusándolo de haber menemizado su rumbo.

Porque habrá que decir que la propia Ley 26.197 que menciona Pereyra dice taxativamente en su artículo 2 (que cita como apoyo el decreto de Cristina) que el diseño de las políticas energéticas nacionales le corresponde al Estado nacional, aunque las provincias tengan (a partir del artículo 124 de la Constitución reformada) el dominio originario de los recursos naturales ubicados en sus territorios.

Y de eso se trata el Decreto 1277 dictado la semana pasada: de introducir elementos regulatorios en un mercado absolutamente desregulado como el de la producción y comercialización de hidrocarburos, a partir de normas del menemismo que ahora fueron derogadas según este detalle:

1. Deroga normas del Decreto 1055/89 que les otorgaban a las empresas petroleras la libre disponibilidad de los hidrocaburos que extraigan, lo que implicaba su libre comercialización tanto en el mercado interno como en el exterior.

2. Deroga también las normas de desregulación del Decreto 1212/89, que implicaban privilegiar las reglas del mercado para fijar los precios, cantidades, precios de transferencia y bonificaciones en cualquier etapa de la comercialización de los hidrocarburos; la libre importación y exportación sin aranceles de importación (sólo estaban sujetas a retenciones móviles las exportaciones, como se explicó acá) y la liberación de los precios de todos los productos derivados del petróleo, en todas sus etapas.

3. Deroga además las normas del Decreto 1589/89, que establecía los mismos criterios de desregulación para la comercialización del gas, y la libre disponibilidad de las divisas obtenidas por la comercialización en el exterior de cualquier tipo de hidrocarburos.

Además de eso, el decreto dictado por Cristina la semana pasada establece no sólo la obligación de las empresas petroleras de informar al Estado sus planes de inversión (sujetos a la aprobación de éste para alcanzar el objetivo del autoabastecimiento y la reposición de reservas), y la Comisión de contralor que crea (integrada por la Secretaría de Energía, Moreno y Axel Kicillof) establecerá los criterios que regirán las operaciones de comercialización de hidrocarburos en el mercado interno, publicará precios de referencia de los principales costos vinculados a la producción de hidrocarburos y de venta de éstos y de los combustibles; verificando la razonabilidad de los márgenes de ganancia y pudiendo auditar los costos informados por las empresas, con la facultad de aplicar la Ley de Abastecimiento 20.680 en el caso de detectar distorsiones injustificadas, tanto en los precios de comercialización como en la regularidad del suministro de combustibles o derivados de los hidrocarburos.

Como se ve, lo que el decreto dispone afecta otros intereses que no son justamente los de las provincias petroleras, lo que lo ha dejado al amigo Pereyra (en su oposición a las medidas), en mala compañía como vemos acá:   


En esta nota de La Nación de hoy (a la que corresponde la imagen) se asume en forma desembozada la defensa de los intereses de las petroleras que se verán afectados por el decreto de Cristina; algo que (implícita o explícitamente) hace el moyanista Pereyra, con el socorrido argumento del federalismo. 

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