ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES INDEPENDIENTES

Por A.C.

En febrero de 2013, cuando se lanzaba una de las etapas del acuerdo de precios nacional, los diarios Clarín y La Nación, aseguraban que "Moreno ordenó" a supermercados y empresas de electrodomésticos, que no debían publicar avisos con ofertas y promociones en diarios y canales de televisión, y que el “polémico” funcionario, habría “amenazado” a las cadenas de supermercados con aplicar "represalias y sanciones" para quienes desobedecieran ésta supuesta orden de la Secretaría de Comercio de la Nación.

Sin embargo, con la seriedad editorial que los caracteriza, ni Clarin ni La Nación citaron jamás fuente alguna de la información publicada, invocando como siempre, supuestos trascendidos de fuentes nunca individualizadas, al estilo “de un integrante de la Secretarìa de Comercio que pidió no ser identificado”, o “un empresario de una importante cadena”.

Por el contrario, los supermercadistas desmintieron la información publicada por Clarin y La Nación. A través de su portavoz Fernando Aguirre, la Federación Argentina de Supermercados (FAS) , afirmó públicamente que su Federación no recibió ninguna orden de no publicar ofertas en los medios.

Pese a la desmentida de los supermercados, principales interesados en las ventas, los diarios Clarin y La Naciòn y sus medios replicantes, se mantuvieron durante meses insistiendo en supuestos trascendidos acerca de una supuesta prohibiciòn a las cadenas de supermercados para publicar ofertas.

En el transcurso de un acuerdo de precios que beneficia al conjunto de la población, y mientras se desplegaba la campaña mediática contra el acuerdo, llamativamente aparecieron durante el mes Junio, una serie de solicitadas publicadas en varios medios con la firma de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA).

Con avisos de página entera en Clarín, Perfil, El Cronista y un spot televisivo en el canal TN, la Unión de Consumidores de Argentina invocaba una supuesta violación de los derechos de información de los consumidores por la falta de avisos publicitarios de supermercados los fines de semana en los grandes diarios.

Insólito. En el marco de un acuerdo de precios que beneficia a los consumidores, sobre todo a aquellos sectores que destinan la mayor parte de sus ingresos a comestibles, y mientras los precios de los productos integrantes del acuerdo habían sido publicados, ésta asociación privada de consumidores, mostraba una preocupación a página completa y por cuestiones de pauta publicitaria. Llamativo.

Publicaciones de páginas enteras y avisos televisivos, representan un gasto de difusión astronómico. Resulta imposible que una asociación civil de consumidores, pueda afrontar con recursos propios un gasto de semejante magnitud,  ya que todas éstas asociaciones se financian con el aporte mensual proveniente de entes reguladores y de la Secretaría de Defensa del Consumidor.

La existencia de las  asociaciones privadas de consumidores están contempladas en la Ley de Defensa del Consumidor (Ley 24.240), y para ser reconocidas por el Estado como organizaciones de consumidores, las asociaciones civiles deben acreditar determinados requisitos, y además cumplir condiciones especiales, como la prevista en el artículo 57 de la Ley: “No podrán recibir donaciones, aportes o contribuciones de empresas comerciales, industriales o proveedoras de servicios, privadas o estatales, nacionales o extranjeras”. Además, la ley les exige ser independientes de toda forma de actividad profesional, comercial y productiva.

Sintetizando. Estas asociaciones, no pueden recibir fondos o contribuciones provenientes de empresas. Y por una sencillas razón: la finalidad de estas asociaciones, aquí y en cualquier lugar del mundo, es la defensa del consumidor o usuario, y por ello es necesario evitar que estén vinculadas a los intereses empresarios, porque de lo contrario, podrían actuar favoreciendo intereses comerciales, opuestos al interés del consumidor.

Por eso, ante los costosos avisos de la asociación Unión de Consumidores de Argentina (UCA), con conceptos idénticos a las suposiciones publicadas por el Grupo Clarin y sus socios,  cabe preguntarse de donde salieron los fondos. ¿Podrá UCA  demostrar a través de sus balances, la existencia y origen de los cuantiosos fondos con que abonó los avisos? ¿O fueron cubiertos con el aporte de algún adinerado miembro de la asociación? ¿O fue el Grupo Clarin quien se hizo cargo del costo, no cobrando la publicación y el spot televisivo?

Sería injusto generalizar, y no reconocer que en las asociaciones de consumidores privadas de todo el país, hay mucha gente que de buena fe brinda desinteresadamente su tiempo y su trabajo en defensa de los intereses de los consumidores. Pero es preocupante que últimamente, pueda verse como algunas de éstas asociaciones son utilizadas para favorecer  intereses empresarios, políticos y  personales.

Hace pocos meses, otra asociación privada de consumidores, ADECUA, actuó como mediadora en una disputa entre usuarios contra seis bancos y financieras privadas (Galicia, Santander Río, Privado de Inversiones, Financiera GMAC, Tarjeta Naranja y Tarjeta CMR de Falabella), donde más 1.700.000 clientes (el 99 por ciento), no lograron recuperar suma alguna sobre lo que las empresas les cobraron indebidamente, y solo algo más de 15.000 usuarios recuperaron lo cobrado en exceso durante años,  con motivo de cargos mal cobrados en créditos hipotecarios, prendarios y en financiamiento con tarjeta de crédito.

Los bancos y financieras, mediante el acuerdo celebrado con ADECUA, evitaron tener que indemnizar a más de 1.700.000 clientes, lo que hubiera significado una suma estimada en alrededor de 367 millones de pesos. Pero claro, los abogados de Adecua recibieron 15,6 millones de pesos en honorarios profesionales que solventaron –por supuesto- las entidades financieras.

Ante ésta realidad de utilización de algunas asociaciones privadas de consumidores para fines contrarios a su objeto, y más allá de las sanciones que corresponde al Estado aplicar a las que violaron la ley, quienes de buena fe integran estas asociaciones, nunca deben perder de vista la necesidad de colaboración con las medidas que –como el acuerdo de precios-  favorecen a los consumidores. Lo demás, son simplemente intereses empresarios. 

(*) Además de la independencia de los intereses empresarios, las asociaciones de consumidores deberían tenerla de los partidos políticos, cosa que no sucede al menos con el amigo Blanco Muiño, de UCA (junto a Sandra González de ADECUA en la imagen de apertura); según se desprende de lo que dice acá "Pimpi" Colombo (la subsecretaria de Defensa del Consumidor) y esta imagen que va abajo: