MÁS DERECHOS

No sin lucha, pero comprendido y posibilitado por el marco que brinda un proceso político orientado, según el caso, a establecer o restituir derechos, esta semana tomamos nota de que en el Ministerio de Educación de la Nación se realizó el miércoles 10 la reunión de la Comisión Negociadora de la Educación Privada.

Instancia articulada por la decisión política del gobierno nacional, significó que en la misma el Ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, el Secretario General de SADOP, y los representantes de la Confederación de Asociaciones de Enseñanza Privada (COORDIEP) la Confederación Argentina de Instituciones Educativas Privadas (CAIEP) y el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC) firmaron un acta en la que “se fijan las condiciones mínimas de trabajo para todos los docentes privados de todo el país y puede considerarse un convenio colectivo” de obligatorio cumplimiento para todos los trabajadores y empleadores de la enseñanza privada.

Con esta decisión auspiciada por la autoridad educativa nacional, los docentes privados dejan de ser un sector ajeno al de los casi 5 millones de trabajadores con convenio colectivo en el país.

Como pasó antes en éste mismo proceso político iniciado en el 2003, con las leyes reguladoras tuitivas del trabajo rural y del personal de casas de familia: tres colectivos de trabajadores y trabajadoras que conquistaron derechos, en contextos laborales (cada uno de ellos) en que las desigualdades de fuerzas son particularmente marcadas.

Logros que no hubieran sido posibles, sin la decisión política de impulsar los cambios: una lección para estos tiempos en que abundan los profetas de los cambios sin conflicto.

El primer acuerdo del que da cuenta el Acta suscripta, parte de definir a la educación -incluida la de gestión privada- como “un bien público y un derecho personal y social”, y desde el vamos contempla acciones tendentes a democratizar las relaciones entre las partes vinculadas y brindar protección a los trabajadores: dispone una mecánica para avanzar en aspectos no regulados de la relación de empleo, previendo la homologación por el Ministerio de Trabajo a pedido de alguna de las partes ante el silencio del Consejo Gremial de Educación Privada; previsión significativamente más favorable a la representación de los trabajadores.

Establece como modalidad laboral típica la de tiempo indeterminado y sus excepciones, arbitrando como medio para combatir el fraude laboral más usual -de contratar por el ciclo lectivo y privar de salario, vacaciones y beneficios sociales al trabajador durante el receso escolar- la obligatoriedad de la registración de los vínculos celebrados en el Consejo Gremial.

Un nuevo hito -y van- que confirma la ganancia de la década, propio del clima de época que significa el kirchnerismo como proyecto político y su correlato en acción gubernativa. Surgido del “país imposible” del 2001 anudó los derechos humanos con los movimientos sociales emergentes de la crisis, asumió la iniciativa política reconstruyendo la autoridad presidencial, amplió derechos, reconociendo nuevos y reestableciendo los quitados, y apoyó su proceso defendiendo el trabajo, medida estratégica que sostiene mediante decisiones que favorecen la industrialización y dando herramientas al sujeto detrás de esa medida, el propio trabajador, para que empoderado sea dueño de su destino.