UN EXPERTO EN RECIBIR, HABLANDO DE ENTREGAR

Aunque la sugerida procacidad del título parece hablar de otras cuestiones, la columna de Pagni en La Nación de ayer a la que corresponde la imagen de apertura (completa acá) se refiere al acuerdo entre YPF y Chevron para asociarse en la explotación del yacimiento de Vaca Muerta; una de las tres reservas más grandes del mundo de hidrocarburos susceptibles de explotarse por métodos no convencionales.

Después de un año fustigando la política oficial en la petrolera cuyo manejo recuperó el Estado argentino (al expropiar el 51 % de las acciones en manos de Repsol), y de aventurar su completo fracaso como consecuencia de que no se atraerían capitales para invertir en el país en la explotación de petróleo y gas, Pagni vira a la izquierda y desde allí corre al gobierno, sosteniendo que negoció con Chevron pese a que esa empresa también subinvirtió en el país en el pasado; como Repsol, razón por la que a ésta se le expropió la mayoría del paquete accionario de YPF.

El recurso no es nuevo: ya en 1955 el gorilismo fustigaba a Perón por el contrato con la California Argentina (una subsidiaria de la Standard Oil), utilizando como mascarones de proa a nacionalistas como Silenzi de Stagni; para luego de haberlo tumbado, derogar la Constitución del 49' y con ella el artículo 40, que ponía los recursos naturales estratégicos en manos del Estado. 

Para alguien habituado a moverse (y como) en el mundo de los negocios, el argumento de Pagni es bastante pavote: se negocia con quien acepta negociar, y en éste caso -según acota el propio Pagni- Chevron fue la única de 15 petroleras sondeadas por Galuccio, que aceptó asociarse a YPF en Vaca Muerta; sin temor a las represalias judiciales de Repsol.

Por no decir que, cualesquiera hayan sido los incumplimientos de Chevron (como los de casi todas las petroleras en los últimos 20 años, en la explotación de sus concesiones), no tienen punto de comparación su participación en la producción nacional con la que tenía y tiene YPF; y por ende su contribución al déficit de producción de petróleo y gas, que genera la necesidad de importar combustibles.

Pero Pagni (que recibía sobres por desprestigiar a YPF cuando la manejaban Repsol y los Eskenazy) ahora se convierte en el abogado de los españoles y les sugiere (¿o hace públicos?) los argumentos de que se podrían valer en el CIADI para subirle el precio a la expropiación.

Argumentos que son muy curiosos: si YPF (ahora en manos del Estado en un 51 %) hace negocios con otras empresas, estaría discriminando a Repsol, pero si no los hace, demostraría que no puede gestionar la petrolera, y por ende la expropiación estuvo mal fundada: de ser así, ni falta haría que los españoles se gasten en juicios, ya ganaron antes de presentar la demanda. 

Así como en el caso de Aerolíneas Argentinas se cuestionan los subsidios del Estado a la empresa (que disminuyeron el año pasado y volverán a hacerlo éste), en el de YPF se cuestiona que la empresa se asocie con petroleras privadas, para sumar recursos para aumentar la producción: algo así como palos porque bogas, o palos porque no bogas.

Desde el mismo momento en que se impulsó la expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF estaba claro que sólo con su trabajo, no se resolvería el problema de la declinación en la producción de gas y petróleo, aunque su participación sea decisiva en ese sentido: sin ir más lejos, se acaban de conocer las cifras de producción de mayo (ver acá), y la compañía continúa aumentando la producción (deteniendo el declive de más de una década al respecto) y -sobre todo- la exploración de nuevos pozos, y la perforación de más pozos que ya están activos, triplicando el promedio de años anteriores.  

La propia ley de expropiación (Ley 26.741), que tuvo 208 votos favorables en Diputados, estableció en su artículo 2° inciso c) "La integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales". 

Claro que todo proceso de inversiones para aumentar la producción demanda recursos, y en el caso del gas y el petróleo muchos: Pagni apunta como objeción el aumento del precio de las naftas el último año, lo que ciertamente mejoró los números de YPF, y junto con las emisiones de deuda en el mercado minorista, que tuvieron un marcado éxito, posibilitaron aumentar los recursos que la petrolera destina a la inversión en exploración y explotación.

Quizás Pagni pretendería que YPF se solvente con subsidios del Estado en lugar de sus propios recursos, para cuestionarlo entonces, como hacen con Aerolíneas; por recibir asistencia del gobierno.

Otro tanto se puede decir a la objeción de la asociación con Chevron: probablemente no lo sepamos, y nos está proponiendo sutilmente una nacionalizacion total del petróleo, estableciendo el monopolio de su explotación en manos del Estado; algo que ni Yrigoyen ni Perón pudieron hacer; y para lo que (por cierto) sería necesaria una reforma constitucional.

Y el otro aspecto central de la crítica de Pagni es éste: "También es posible que Chevron haya encontrado una oportunidad para aplicar las utilidades generadas en el país, que no puede girar a su casa matriz por las restricciones cambiarias dispuestas por Cristina Kirchner. Sin embargo, en las próximas horas tal vez aparezca el factor más poderoso de este giro: Moshiri arrancó a Galuccio condiciones mucho más ventajosas que las que tenía en los negocios que estaba abandonando."

Lo curioso es que un periodista habituado a manejar información (y también a operar, como que no) no haga la más mínima mención a éste decreto de Cristina publicado ayer en el Boletín Oficial; por el que se establece un programa de estímulos a la producción de petróleo y gas; aunque nos está diciendo que las condiciones que obtendrá Chevron del acuerdo con YPF, son excepcionalmente convenientes para ellos: raro que las otras 14 compañías (acostumbradas por ejemplo a operar en medio de guerras, y con los pozos custodiados por tanques), no hayan pedido lo mismo.

Las restricciones al giro de dividendos al exterior de las compañías extranjeras en el país no las puede modificar Galuccio, y en todo caso el gobierno las fue aplicando por diferentes vías (como su participación en algunas empresas a través del FGS de la ANSES), porque la ley de inversiones extranjeras es sumamente liberal al respecto (ver acá).

Y si se refiere a la posibilidad de exportar parte de la producción de petróleo y gas, y disponer de las divisas resultantes (de lo que sí habla el decreto de Cristina de ayer), no se entiende como pueden ser más favorables que las que imperaban hasta hace poco y venían de los 90', y fueron modificadas por éste otro decreto de Cristina, al que el propio diario donde escribe Pagni calificó como "un golpe mortal al desarrollo petrolero".

Porque lo que ahora se les reconocería a las empresas que inviertan como mínimo 1000 millones de dólares en cinco años con destino a la exploración y explotación de concesiones de gas o petróleo (por sí o asociados con otrso, como sería el caso de Chevrón con YPF), es que a los cinco años de acreditada esa inversión podrían comenzar a exportar hasta el 20 % de la producción de los yacimientos que exploten, sin pagar retenciones, y disponiendo libremente de las divisas provenientes de esas exportaciones, sin la obligación de liquidarlas en el mercado local de cambios.

Los alcances del régimen de desregulación petrolera implantado durante el menemismo fueron explicados acá, y eran bien diferentes: libre disponibilidad absoluta de toda la producción para comercializarla como lo estimaran conveniente (en el mercado local o exportando, sin cupos), exención absoluta de derechos de exportación (retenciones) o importación, libre disponibilidad de las divisas generadas por la comercialización (en un contexto de paridad cambiaria 1 a 1), y también libre remisión de utilidades a sus casas matrices.

Aun con las medidas dispuestas ayer (imprescindibles para atraer inversores al sector: las petroleras no figuran precisamente en la Red Solidaria de Juan Carr), lo que no parece advertir Pagni es que el decreto sigue priorizando el abastecimiento interno de combustibles (que fue lo que motivó la expropiación de YPF), porque las empresas que inviertan (las que no lo hagan, o no lleguen a la cifra de los 1000 millones de dólares no gozarán de ningún beneficio) podrán exportar como máximo el 20 % de lo que produzcan, debiendo destinar el resto al consumo interno.

E incluso deja abierta la puerta para restringir las exportaciones, si la producción no lograra abastecer la demanda interna, aunque compensando en ese caso a las empresas (entre ellas YPF) que no puedan exportar. Aun así, la factura para las cuentas públicas siempre será menor que pagar importaciones de combustible, en dólares y con el precio del petróleo en alza; porque la compensación sería la diferencia entre el precio interno y el de exportación. 

Y otro tanto puede decirse de la libre disponibilidad de las divisas resultantes de ese 20 % de la producción que se autoriza a exportar: está condicionado por el mismo decreto, a que las empresas acrediten fehacientemente haber invertido en exploración y explotación los 1000 millones de dólares (como mínimo) que fija el decreto; lo cual atenúa el impacto en las cuentas del balance de pagos y los movimientos de divisas.

Caso contrario, siguen rigiendo las restricciones que se impusieron el año pasado por otro decreto de Cristina (ver acá) a las petroleras y mineras, obligándolas a liquidar todas las divisas de sus operaciones de exportación en el mercado oficial de cambios, en el país.