Leemos en la tribuna de doctrina que la oposición (incluyendo al parecer al massismo, que hasta ayer nomás decía otra cosa) condiciona su voto favorable al proyecto de Código Civil y Comercial, a que se incluyan en él las disposiciones sobre responsabilidad del Estado; tal cual estaban en el proyecto original coordinado por Lorenzetti.
Y en ese contexto y puestos a exagerar como es costumbre, hablan de "impunidad de los funcionarios" (como si lo que se estuviera discutiendo fuera una reforma del Código Penal, o una ley de aministía), o que los eximirá de toda responsabilidad.
Algo que con sólo haber leído el proyecto de ley que el gobierno mandó en paralelo al Código (comentado acá), se puede advertir que no es así: el Estado y sus funcionarios seguirán siendo responsables por su actividad legítima o ilegítima, con un régimen propio del derecho administrativo; como debe ser.
Incluso la postura de sabotear el nuevo Código si no se ponen en él las normas sobre responsabilidad del Estado carece de toda razonabilidad, si se considera en que al mismo tiempo podrán discutir (y oponerse, y votar en contra) el otro proyecto que refiere específicamente al tema. El gobierno tiene los números para imponer ambos, así que la cosa en términos prácticos no cambiaría demasiado.
En todo caso este nuevo berrinche revela (como decíamos acá) que, contra lo que suelen decir, no tienen tan claro que lo del kirchnerismo sea un ciclo terminado; y menos que menos, que a ellos les toque reemplazarlo en el gobierno, a partir del 2015.
Porque al igual que cuando votaron el 82 % móvil sin financiamiento alguno, y por una elemental aplicación del famoso teorema de Baglini, están planteando cuestiones (como juzgar la responsabilidad del Estado conforme a las reglas del derecho civil) propias de quien nunca tendrá responsabilidades de gobierno, y tendrá que afrontar eventualmente juicios o reclamos por montos millonarios, por las más variadas cuestiones.
Se les escapa incluso un detalle: el proyecto que envió el Ejecutivo (a diferencia del Código diseñado por Lorenzetti) contempla que las provincias y la CABA adhieran a sus disposiciones, porque las regulaciones del derecho público (administrativo y constitucional) no son materia delegada a la Nación.
De prosperar el proyecto Lorenzetti, esa regulación (basada puramente en el derecho civil) se les aplicaría incluso a las provincias donde ellos gobiernan, o a la propia CABA; con serias dudas sobre su constitucionalidad.
Es decir que una interpretación posible es que se están pegando el helado en la frente, o nunca más piensan en volver a gobernar.
A menos que haya gato encerrado y sean como el tero, y estén pegando los gritos en un lado; mientras en el otro ponen los huevos.
Porque el proyecto original de Lorenzetti contemplaba (en su artículo 1766) lo siguiente: "El Estado responde, objetivamente, por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero, si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro.".
Traducido: si la ley de medios era declarada constitucional (el proyecto fue elaborado antes del fallo de la Corte), Clarín podría reclamar al Estado por lucro cesante o por las pérdidas que experimente por tener que desinvertir.
Es decir entonces que los "teros" opositores podrían estar haciendo lo mismo que hicieron cuando se discutía la ley de regulación de los mercados de capitales (y después, cuando la justicia despachó su infaltable cautelar), con el famoso artículo 20 y las facultades de la Comisión Nacional de Valores de designar veedores o interventores en las empresas que cotizan en la bolsa.
Entonces también (para variar) se oponían con argumentos esotéricos, pero la verdad de la milanesa era otra: evitar que el Estado metiera sus narices en Papel Prensa, o en el mismísimo Grupo Clarín; de los que por cierto es accionista minoritario.
Es que a fuerza de repetir ciertos comportamientos, los muchachos medio que se están poniendo un poquito previsibles; viste.
1 comentario:
Lo de Lorenzetti dejando un submarino para cuidarle la guita a Clarín cuando vió que no tenía salida para el lado de la inconstitucionalidad de la ley de medios no tiene nombre. La responsabilidad por actividad lícita del Estado es una creación jurisprudencial de la Corte Nacional basada en los principios constitucionales que prohiben la confiscación, imponen la igualdad de las cargas y preveen la indemnbización en caso de expropiación. Lo impropioes el artículo del proyecto Lorenzetti/Clarín y no lo que en definitiva mandó el PEN. Saludos.
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