CUESTIÓN DE CÓDIGOS

Está entrando en su tramo final para llegar al debate en el recinto del Congreso el anteproyecto de Código Civil y Comercial que enviara Cristina el año pasado, en medio de versiones de todo tipo: que si el pacto con Bergoglio para sacar los temas que son espinosos para la Iglesia, que si después hay interna en el kirchnerismo porque no le dieron bola a la iglesia, que si el pacto con Lorenzetti para impulsarlo luego de que la Corte sacó el fallo de la ley de medios, que esto o que lo otro.

Lo concreto es que el proyecto fue elaborado por alrededor de 100 juristas especialistas en los diferentes temas que abarcan los 2671 artículos de la iniciativa; que ven desde el régimen de familia a los contratos, pasando por los derechos del consumidor, la adopción, las técnicas de reproducción asistida, o los consorcios de propiedad horizontal; por sólo citar algunos. Y ese trabajo fue luego sistematizado por Lorenzetti con la asistencia de Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci y presentado al Ejecutivo.

Que sobre esa base y con los cambios que introdujo (entre ellos, la posibilidad de pesificar contratos u obligaciones contraídas en moneda extranjera analizada en éste post), lo envió al Congreso donde se creó una Comisión Bicameral (15 diputados y 15 senadores), que debía dictaminar previo a su tratamiento en el plenario de ambas Cámaras.

La Bicameral organizó 15 foros en todo el país, en los que se recibieron 1161 ponencias para incorporar al proyecto, en una metodología bastante similar a la de la ley de medios, y en esa instancia es que el Frente Para La Victoria emitió su dictamen sobre el proyecto;  al cual pueden acceder acá.

La complejidad del proyecto (como se dijo, 2671 artículos sobre las más variadas cuestiones), y el propio proceso de construcción del proyecto hacen que hablar de un actor determinado (por caso, la iglesia) que haya influido en su redacción, es poco serio. 

Sino pensemos en que algunos (como Carrió) hablan de intercambio de favores del gobierno con Lorenzetti; cuando acceder a algunos planteos del episcopado (por ejemplo en el caso de la maternidad suborgada o alquiler de vientres, o en la protección de los embriones humanos no implantados) implica modificar lo que el presidente de la Corte plasmó en el proyecto original. 

Y a la inversa, sostener -como ocurrirá- otras regulaciones como el llamado "divorcio express" o las uniones convicenciales, o la posibilidad de adopciones por matrimonios de personas del mismo sexo o por una sola persona, seguramente serán mal visto por la curia. De hecho, si hubo pacto con la jerarquía católica o el mismo Papa, parece que algunos católicos no se enteraron, a juzgar por lo que dicen acá.

Del mismo modo, el Ejecutivo primero (al remitir el proyecto al Congreso) y los legisladores del oficialismo en la Bicameral después (al emitir su dictamen) modificaron la pluma de Lorenzetti en cuestiones urticantes; como los cambios en la ley de sociedades comerciales (que quedarían sujetos a otra ley a enviar por el PE), el régimen de responsabilidad del Estado (sobre lo cual se habló acá), lo dicho sobre la pesificación de los contratos, y la exclusión del Estado del arbitraje y los laudos; abriendo la puerta para desconocer las resoluciones del CIADI o impugnarlas ante los tribunales del país; y para que la Argentina abandone el sistema. ¿Dónde estaría en ese caso el pacto con Lorenzetti?

Otro tanto ocurre con la simplificación de los trámites de adopción (contemplando además la adopción unilateral) y la regulación de los derechos del consumidor; que (a diferencia de lo planteado por la Comisión presidida por Lorenzetti) sigue remitiéndose en lo sustancial a la Ley 24.240 que es la específica, con grandes cambios producidos justamente durante el kirchnerismo; a través de la Ley 26.361 dictada -con gran consenso legislativo entre oficialismo y oposición- al inicio del primer mandato de Cristina; o con la incorporación (en línea con el Pacto de San José de Costa Rica) del concepto de la función social de la propiedad privada, o la eliminación de toda referencia a bolsas y mercados autoregulados, en consonancia con la nueva regulación introducida por la Ley 26.831 a los mercados de capitales. 

Hablábamos antes de la complejidad del proyecto por su contenido, a lo que hay que sumarle su trascendencia institucional a futuro: será sin dudas de sancionarse, de las más importantes de las leyes de la restauración democrática; con todo lo que eso implica en términos de dificultades para encontrar consensos, o conformar a todos.

Tan es así que por ejemplo las dos cuestiones más urticantes en las que se habrían atendido los planteos de la jerarquía católica (maternidad subrogada o alquiler de vientres, protección legal de los embriones no implantados por una ley especial) carecen hoy de regulación legal; y en todo caso eso es consecuencia de que no existen consensos jurídicos, éticos y aun científicos consolidados al respecto, como para que la tuvieran; pese a lo cual el proyecto contiene una disposición transitoria para resolver las cuestiones de filiación de los nacidos bajo técnicas de reproducción asistida.

Otro tanto sucede con el régimen legal de los pueblos originarios, sus tierras y su propia naturaleza jurídica como comunidades: en los foros organizados por la Bicameral en todo el país se pudo constatar que no existen consensos amplios (mucho menos unánimes) al respecto entre las propias comunidades, razón por la cual el proyecto dispone que serán objeto de una regulación por ley especial. Recordemos que el proyecto original regulaba sobre la propiedad comunitaria y la personería jurídica de las comunidades.

Pero el dato quizás más relevante en orden a disipar ciertas lecturas superficiales de una cuestión tan compleja y trascendente (que merecerá sin dudas otros futuros abordajes en temas puntuales), es que de acuerdo con el dictamen de mayoría del FPV en la Bicameral los nuevos Códigos empezarán a regir el 1° de enero del 2016, es decir cuando Cristina ya no esté en el gobierno.