Cuando los que
integran el actual gobierno eran oposición sostenían que el culpable de la
inflación era el gobierno y no los empresarios, y ahora que son gobierno,
invirtieron el discurso: denuncian a los “que se abusan aumentando los
precios”, y prometer poner en marcha los mecanismos de defensa de la
competencia.; cuestión analizada en su momento acá, y
de relativa aplicación; salvo en algún caso de abuso de posición dominante para
fijar precios, o condiciones de comercialización.
El discurso
anterior era perfectamente funcional a los empresarios, que de tal modo podían
-al mismo tiempo- aumentar los precios y quejarse por la inflación, abultando
ganancias y pidiendo que les ajustaran por la inflación –que ellos generaban-
los balances, para pagar menos impuestos a las Ganancias.
Porque el punto en
el que se cruzaban ambos discursos (el de los entonces opositores y hoy
gobierno y el de los principales popes empresariales del país y sus
organizaciones) era el del gasto público y la emisión: ¿qué mejor modo de bajar
el gasto público y al mismo tiempo la emisión de moneda que rebajándole
ingresos al Estado, al sacarles impuestos a los empresarios?
Sobre ese núcleo de
ideas se construyeron la plataforma electoral de “Cambiemos” y sus promesas de
campaña, y desde allí se pararon para las primeras medidas que tomaron al
llegar al gobierno: eliminación de retenciones a todos los productos de las
economías regionales y a las exportaciones industriales, eliminación del
impuestos a los autos de alta gama, reducción de las retenciones a la soja.
Al mismo tiempo el
Banco Central de la mano del procesado Sturzenegger presenta un esquema de
“metas de inflación” que condiciona toda su estrategia a la reducción de la
emisión y la absorción creciente de moneda como única estrategia para bajar la
inflación; que el propio gobierno disparó con sus medidas: devaluación de más
del 55 % de la moneda desde que se levantó el cepo, apertura irrestricta de las
exportaciones y eliminación total de las retenciones a los productos básicos
del consumo de la canasta familiar.
Nada que no se
hubiera advertido desde muchos lugares que iba a pasar, precisamente si se
tomaban esas medidas; pero las advertencias se desacreditaron con el rótulo de
“campaña del miedo”.
Hoy, con el
paradigma monetarista en crisis (la emisión se reduce en la misma medida que la
inflación aumenta, o sea nada funciona como en el laboratorio) sus cultores
-empezando por el propio Macri- siguen inmunes a la realidad, sosteniendo que
la causa de la inflación son el déficit fiscal y la excesiva emisión monetaria;
pese a que al primero lo aumentan día a día con nuevas exenciones o
eliminaciones de impuestos, y el gasto público solo cambia de sentido: vamos
hacia un creciente peso del endeudamiento en las cuentas públicas como había
sido tradición en el país hasta el 2003.
Y nos plantean una
supuesta pelea en el interior del gobierno entre “halcones” partidarios de un
shock de ajuste aun mayor (Sturzenegger, Melconián) y “palomas” partidarias de un
ajuste más “gradualista” (Marcos Peña, Prat Gay); donde los primeros querrían
impulsar una fuerte baja del gasto público para bajar el déficit, y los
segundos cubrirlo tomando deuda, para no pagar costos políticos y que se
arregle el que venga.
Sin embargo, unos y
otros se manifiestan “sorprendidos” por los niveles de inflación en algunos
rubros, y culpan -ahora- a los “abusos empresarios”, generando el previsible
escozor de estos (de lo que da cuenta acá Bonelli) porque queriéndolo o no,
ponen el foco en un tema prohibido, que son los abultadísimos niveles de
rentabilidad empresaria en muchos sectores de la estructura productiva del
país; mientras nos muestran a un Macri presuntamente apesadumbrado y
decepcionado con sus pares de clase, porque les habló con el corazón, y le
contestaron con el bolsillo.
En la campaña
diagnosticaron que la crisis de las “economías regionales” la arreglaban
devaluando (el eufemismo utilizado era “levantar el cepo”) y eliminando las
retenciones, un combo que nunca se había ensayado en conjunto y simultáneo en
el país, pero que Macri y su gobierno estrenaron con resultado “inesperado”:
los supuestos beneficiarios se siguen quejando, y no explotan las exportaciones
de esas producciones, para sumar dólares genuinos al mercado cambiario.
Y encima de todo,
vemos acá en El Cronista como los productores denuncian
serios abusos en las cadenas de comercialización de algunos rubros (leche,
frutas, pollo, arroz, carne, verduras), que por cierto no son novedosos: ya en
el 2008 en pleno conflicto por las retenciones móviles, eran las propias
patronales agrarias los que los denunciaban repartiendo planfletos a las
puertas de las principales cadenas de supermercados.
Pero en los
análisis del gobierno, los medios oficialistas, los economistas “ortodoxos” y
los propios empresarios no entra la más mínima mención a eso, ni autocrítica
por los efectos de las medidas que reclamaban y Macri adoptó; salvo alguna
mención de los tamberos y los productores de pollo y cerdo al aumento sideral
de los costos de producción, como consecuencia de la eliminación de las
retenciones al maíz..
Siguen sin asumir
que la inflación es un fenómeno complejo y multicausal en el que la puja
distributiva y las condiciones de formación de los precios adquieren una
relevancia decisiva; y aun cuando toman nota de los efectos perjudiciales de
esa puja distributiva (en éste caso la apropiación de híper rentas por los
sectores más concentrados de cada cadena), unos y otros (favorecidos y
perjudicados) creen que todo lo soluciona “la mano invisible del mercado”:
recordemos acá como en su momento se opusieron en bloque a las reformas a la
ley de abastecimiento; con el apoyo en el Congreso de los que hoy gobiernan.
Como se oponen a
toda forma de intervención estatal que no sean subsidios (y a veces ni siquiera
aceptan eso), y que implique regular para prevenir abusos, o sancionarlos
cuando se cometen.
Sin embargo la parte de la puja distributiva
como uno de los motores de la inflación parece que la entienden en un solo
aspecto, y en un único momento: cuando llegan las paritarias y empiezan a
pedirle a los sindicatos “prudencia y razonabilidad” para no retroalimentar la
suba de precios.
Ahí se terminan los tímidos reproches y el
discurso del gobierno se vuelve a alinear junto con el de los empresarios, en
donde -mirá vos que casualidad- siempre hacen punta los empresarios de las
industrias alimentarias nucleadas en la COPAL, que son los que más remarcan,
mayores márgenes de ganancias tienen, más distorsiones provocan en las cadenas
de comercialización y más ayudan a la inflación en los bienes sensibles; de los
que el consumo popular no puede prescindir; circunstancia de la que sacan
abundante provecho.
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