"....por si alguna vez fallamos en el caso de Milagro Sala, y a alguien se le ocurre ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para revertir el fallo."
Esa podría ser -en apretada síntesis- una conclusión posible de uno de los significados (entre varios) de la sentencia de ayer de los cortesanos (verla completa acá), por la cual sostienen que no están obligados a revocar sus fallos, ante un requerimiento en ese sentido de la Corte Intermaricana de Derechos Humanos; es decir el órgano de aplicación del Pacto de San José de Costa Rica.
Y no eligieron cualquier caso al azar para tamaña conclusión, sino uno en el que es difícil distinguir -de las partes en litigio- quienes son los buenos, y quienes son los malos: es el de Menem contra Fontevecchia y la revista "Noticias", por haber publicado en su momento que tenía un hijo extramatrimonial.
Como también eligieron el momento: la causa estaba en condiciones de ser resuelta desde noviembre del 2014, cuando dictaminó la Procuradora Gil Carbó, recomendando acatar la sentencia de la CIDH.
Su dictamen (completo acá) fue desoído por la mayoría de los cortesanos, porque para ser justos, hay que excluir del reproche a Maqueda; que dejó sentado su voto en disidencia y en la misma línea del dictamen de la Procuración.
El fallo jurídicamente es -por decirlo rápido- un mamarracho: acá Gustavo Arballo en su siempre recomendable blog lo analiza, y nos ahorra más trabajo al respecto.
Pero marca además un peligroso retroceso en las condiciones de vigencia en el país del sistema interamericano de protección de los derechos humanos; justamente en momentos en los que el gobierno de Macri avanza sobre garantías básicas de los ciudadanos, y nuestra democracia se acerca peligrosamente a un estado de excepción.
Porque aunque los jueces quieren que creamos que viven en una burbuja, no es verdad, y sus fallos se producen en un contexto de tiempo y lugar: el mismo día que estampaban sus firmas en la sentencia se publicaba en el Boletín Oficial el vergonzoso DNU anticipado por La Nación el fin de semana (completo acá); por el que Macri enmienda otro suyo anterior por el que traspasara a la Corte las escuchas telefónicas, que antes estaban bajo jurisdicción de Gils Carbó por la ley que reformó la ley nacional de inteligencia, durante el gobierno de Cristina.
La Corte que se mostró ayer tan celosa en defender su rol de intérprete final de la Constitución -tanto como para resistir los fallos de la Corte Interamericana, si lo cree oportuno- acató mansamente el nuevo bando presidencial; que determina cuanto tienen que durar en sus funciones los jueces responsables del sistema de escuchas: justo todo el mandato de Macri, acaso como premio por sus servicios al gobierno.
Tampoco los cortesanos son personalmente ajenos a las implicancias de su fallo: su controvertida opinión sobre los alcances y condiciones de aplicación en el país de los fallos de la CIDH y de los organismos internacionales de derechos humanos le valió a Rosatti la mayor parte de las objeciones a su candidatura a la Corte; en el procedimiento previo a su designación con acuerdo del Senado.
Y Highton de Nolasco falló formando el voto (oprobioso) de la mayoría días -horas- después de que un juez de primera instancia le hiciera lugar a su amparo para permanecer en la Corte más allá de lo que diga la Constitución, al amparo de la doctrina "Fayt"; y luego de que se supiera que el gobierno no piensa apelar el fallo, por lo que la jueza se quedará en la Corte todo el tiempo que lo crea necesario, pero ahora con la anuencia de Macri.
El fallo se conoce también luego del DNU de Macri que avanzó sobre la Ley de Migraciones 25.871, estableciendo una "ley de residencia" aggiornada para deportar extranjeros aun sin condena penal firme; una medida xenóxoba que dudosamente superaría el filtro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Y es -como no señalarlo- un rotundo espaldarazo (lo quieran o no los supremos) al régimen de Gerardo Morales y su justicia adicta en Jujuy, para continuar la persecución política contra MIlago Sala y los militantes de las organizaciones sociales; días antes de la llegada al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sería de necios creer que estamos en presencia de una serie de desafortunadas coincidencias.
El estado de excepción que progresivamente viene implantando Macri en el país tiene ahora un poderoso apoyo, y la plena vigencia de los derechos y garantías en el país, otra peligrosa fuga.
1 comentario:
En la actualidad, el Grupo Macri, siendo los hermanos e hijos de Macri propietarios reales ( ya no franco ni Mauricio), ofreció pagar el total de la deuda de 300 millones más un 7% de interés, pero esto a valor nominal, lo que significa, no actualizar los intereses y licuando la deuda original además de realizarlo en una cuotas que serán totalmente abonadas de el año 2033. Lo que significaría pagar un monto irrisorio que no fluctúa con la economía del país.
El fiscal general de la cámara de comercio dictaminó que el acuerdo como mínimo es “abusivo” y “contrario a la buena fe” , considerando que la sociedad a cargo tiene la liquidez suficiente para efectuar el pago no solamente en una sola cuota, sino también lo suficiente para realizar el pago actualizando la deuda con los ajustes inflacionarios actuales. Además de presumir que el grupo Macri tiene expectativas que van en detrimento y perjuicio del estado nacional.
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