SI ERRAMOS EL DIAGNÓSTICO, VAMOS A ERRAR EL TRATAMIENTO

Los diagnósticos que vienen circulando de un tiempo a ésta parte sobre la estrategia política del gobierno de Macri para éste año electoral son mayoritariamente contestes en señalar que no iba a haber un ajuste brutal, justamente porque hay elecciones; y el gobierno necesita ganarlas para legitimar -entonces sí, con los votos frescos- el despliegue de ese ajuste el día después que se abran las urnas, y se cuenten los votos.

A favor de esa lectura, pesa el hecho de que los ajustes -como bien aleccionaba Durán Barba a Sturzenegger- son antipáticos y no ayudan a ganar elecciones, como lo comprueba incluso el éxito de Macri en las presidenciales del 2015; cuando tuvo que girar sobre sus ejes iniciales y prometer que iba “a mantener lo que estaba bien” del kirchnerismo “cambiando lo que estaba mal”, por supuesto que sin precisar demasiado cuanto y qué colocaba en cada bolsa.  

Cuestión distinta (o no) es analizar en qué medida cumplió sus (vagas) promesas electorales, o en todo caso cada elector lo juzgará por sí a la hora de votar éste año. Pero lo cierto es que, contra lo que mandan “los libros” y lo que auguraban los análisis, sí hay ajuste, y no es menor: crecen los despidos y los cierres de empresas, tanto como los aumentos de precios de artículos esenciales para el consumo y las tarifas de los servicios públicos, o la presión del gobierno para forzar negociaciones salariales a la baja en las paritarias que se abren, y conseguir retrocesos flexibilizadores en las condiciones de trabajo. Hasta se empieza a hablar de “promesas incumplidas” en relación a la tregua pactada al declarar la “emergencia social”.

Interpretaciones aparte (todas respetables), esos son los hechos concretos; que resultan más coherentes con la verdadera naturaleza del proyecto político que gobierna la Argentina: un modelo de reestructuración drástica de las condiciones económicas y sociales de empleo, salario, distribución del ingreso y niveles de vida y de consumo, que antes solo fue posible en contextos de dictadura; o de procesos democráticos condicionados por “golpes de mercado” o situaciones de excepcionalidad institucional. Y de rapìña también, como lo comprueba el caso de la condonación de la deuda del Correo al grupo Macri...por Macri.

La necesaria re-lectura de la realidad que imponen esos hechos exige también analizar más a fondo el modelo económico que despliega el macrismo y los sectores que se benefician con él; porque son los factores que explican y determinan la estrategia política del oficialismo.

Hasta acá se pensaba que esos sectores estaban dispuestos a consentirle al gobierno ciertas “dosis homeopáticas de populismo” (por ejemplo moderando las expectativas de reducción del déficit fiscal, o sosteniendo algún nivel de gasto social compensatorio) para permitirle ganar las elecciones; y no comprometer la estabilidad política del proceso. Pero lo cierto que las cosas parecen indicar que ya no es tan seguro que el gobierno busque que la economía despegue (más dudoso aun es que lo consiga con sus políticas), si entendemos por ello una mejora global de todos los indicadores macroeconómicos, que se traduzca en un “derrame” social.

La profundización del modelo de valorización financiera a través de la eliminación de todos los controles al movimiento de capitales (lo que es una invitación a acelerar la ya descomunal fuga) y la política de apertura comercial (incluso con Macri ensayando acuerdos de libre comercio extendidos en un mundo que se cierra) mientras se despliega el “plan de reconversión industrial” (que consiste básicamente en subsidiar desde el Estado la expulsión de mano de obra en las industrias “inviables”) y facilitación de la inversión extranjera (aunque la lluvia no se produzca), permiten inferir que para el gobierno lo que interesa es que despeguen los enclaves de los que espera resultados (el agro, la banca, la minería, los derivados financieros, la energía y los servicios); desentendiéndose del resto.

Incluso cierta “recesión consentida” (y provocada) les resulta funcional al objetivo de subir el desempleo para forzar negociaciones salariales a la baja, y de condiciones de trabajo hacia la precarización. Y lo hace moviéndose con las ventajas que le provee el contexto: crisis no resuelta de la oposición política, fragmentación social que provoca la dispersión de reclamos aislados sin capacidad de articulación entre sí, complacencia, tolerancia o pasividad (elijan lo que más les guste) del sindicalismo representado en la CGT.

La corrección política mal entendida en algunos casos, y la especulación política de corto vuelo en otros, les impide a muchos distinguir que una cosa es llegar al poder por elecciones libres y sin fraude, y otra muy distinta es ser democrático. Mientras en lo primero ha probado ser exitosa por primera vez en su historia, lo segundo sigue siendo una asignatura pendiente para la derecha argentina.

De allí que su mayor activismo político no sean los “timbreos” ni la disputa o el debate democráticos (por eso su obsesión por clausurar la discusión en el Congreso), sino por fuera del sistema; desplegando con brutal violencia las operaciones cloacales urdidas por la patota judicial, mediática y de los servicios de inteligencia desenfrenados y sin control alguno, sobre la única fracción que puede capitalizar políticamente el descontento social en elecciones (el kirchnerismo, en especial con una candidatura de Cristina), traduciéndolo en una posibilidad de cambio real, y no en más de lo mismo bajo otro envoltorio, como Massa.

Las escuchas filtradas a los medios y las causas judiciales inverosímiles no son "parte" de un plan más vasto, sino “la” estrategia política del gobierno para intentar ganar las elecciones; sin descartar por supuesto la cooptación con la chequera, o la rosca al estilo tradicional. Pero estas últimas no son lo definitorio del proceso, e incluso las roscas son con tipos que tienen más peso institucional (malversando la representación popular conferida por el voto) que político y electoral, como Pichetto y Abal Medina: esos acuerdos no son para ganar elecciones, sino para mantener hibernado el Congreso, cerrándolo como una tribuna de expresión de las diferencias políticas, y el descontento social. 

Por eso la coalición “realmente gobernante” incluye a los que no son parte formal del gobierno, pero aceptan compartir el costo de sus decisiones; como parte del PJ con representación legislativa, la mayoría de los gobernadores y la CGT. Y quizás muchos de ellos se sumen al gobierno en el intento de ser inmunes a una eventual derrota electoral, bajándole el precio a la elección como ya lo empezó a hacer María Eugenia Vidal.

En el caso del gobierno, tampoco habría que descartar que reincida en el intento de hacer fraude imponiendo el voto electrónico: después de todo el proyecto que envió Macri no fue formalmente rechazado en el Senado (lo que hubiera impedido que se tratara en todo éste año y hasta 2018), y bastaría conseguir allí un puñado de “opositores razonables” para que se convierta en ley. 

De allí que no solo hay que organizarse para ganar las elecciones y derrotar al gobierno, sino que la derrota debe ser de proporciones, de una magnitud que el mensaje no pueda ser ignorado: Macri debe cambiar el rumbo, o terminará precipitando una crisis de imprevisible magnitud.

Y en el medio -de acá hasta las elecciones- articular todas las formas posibles de resistencia democrática a éste modelo de exclusión; y de construcción y organización política con tanta amplitud como sea posible con todos los que se opongan al régimen (porque en eso se han convertido) sin concesiones ni agachadas; sean sindicatos, movimientos sociales, organizaciones civiles o partidos políticos.

Creer que se puede andar con pies de plomo, guantes de seda o modales de parlamentarios europeos con ésta gente es cometer un error gravísimo, del que posiblemente no podamos volver.